Dulce Olvera.
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que el trabajo de la Procuraduría
General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto en asuntos financieros “fue
particularmente lamentable” durante este año por los montos “mínimos” de
aseguramiento de dinero y cuentas bancarias realizados de enero a septiembre.
“El trabajo de la PGR
durante 2018 fue particularmente lamentable en razón de que los montos de
aseguramiento fueron mínimos: 264 mil pesos, 135 mil dólares, 10 euros, cero
cuentas bancarias aseguradas, cero sentencias en juicio oral, seis personas
sentenciadas en procedimiento abreviado, y esto quiere decir que esta Unidad
especializada en asuntos financieros de la PGR simple y sencillamente no
funcionó durante 2018, con los efectos negativos que se tiene para el sistema
financiero y la procuración de justicia”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
Ante esta herencia de la administración pasada, Nieto confía en que pronto se establezca la
Fiscalía General de la República para que pueda actuar de forma autónoma y con
un sistema de servicio profesional de carrera real “que permita que sean los
criterios técnicos y no los políticos los que definan la actuación
institucional”. Hasta el momento, la PGR sigue bajo la dirección del
encargado de despacho Alejandro Gertz Manero.
La semana pasada, la
Unidad de Inteligencia Financiera presentó a la PGR la primera denuncia por el
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)
luego de localizar tres empresas fachada vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), por lo que se aseguraron cuentas, detalló Nieto.
También en días pasados la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade) aceptó
la orden de un juez federal de agilizar las diligencias en torno al caso de la
constructora Odebrecht y su presunto vínculo con el ex titular de Petróleos
Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, coordinador de campaña en 2012 de Enrique Peña
Nieto.
Santiago Nieto, quien fue removido de esa institución en
octubre de 2017 en el marco de esa indagación, consideró que aunque es importante el mensaje de que tienen que
resolver rápido el caso, “no debe significar resolver mal”, sino requerir datos
de la asistencia jurídica internacional para llegar a una acción penal.
Otro caso que trae la
Fepade, dijo, es el del ex Gobernador priista César Duarte Jáquez, señalado por
presuntos desvíos de recursos públicos. Durante su conferencia magistral en el
evento “Rompe con la corrupción” celebrado en la Universidad Anáhuac, dijo que
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya está solicitando al Gobierno de
Estados Unidos su extradición para que enfrente las 16 órdenes de aprehensión
del Gobierno mexicano. Nieto fue quien ordenó la extradición desde septiembre
de 2017.
Sobre el robo de
hidrocarburos, expuso que un punto negativo de la Reforma Energética ha sido el
surgimiento de empresas gasolineras privadas que presuntamente compran el
denominado huachicol. Ante ello, para más tardar en el mes de febrero su equipo
presentará una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el marco
normativo que permita combatir a las empresas fachada “que han sido el
mecanismo de la delincuencia organizada”.
La mayor parte de tomas clandestinas se concentra en el
Triángulo Rojo de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, de acuerdo con las cifras de
Pemex
–¿En qué consistió la primera denuncia que interpuso la
Unidad de Inteligencia Financiera ante la PGR y qué refleja de esta nueva
estrategia contra el crimen organizado?
–El Presidente López
Obrador fue muy claro desde la campaña y dijo que teníamos que cambiar la
estrategia contra el crimen organizado. La estrategia no puede estar
fundamentada solo en la violencia y lo importante es poder detener los flujos
de capitales financieros hacia los grupos financieros. Se localizaron tres
empresas fachada donde había flujo de recursos vinculados con personas físicas
relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y se procedió al
aseguramiento de las cuentas, y la presentación de la denuncia. El objetivo es
mandar un mensaje de que durante la administración del Presidente López Obrador
lo prioritario será el combatir a las estructuras financieras de la
delincuencia organizada y que desde la primera semana empezaremos a dar pasos
en ese sentido.
–Santiago, cómo se siente estos días en que ha estado al
frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué pendientes ha detectado en
la UIF y cómo va a dar seguimiento a las denuncias previas que ya se habían
puesto ante la PGR?
–El primer pendiente es
cumplir con el Informe del Grupo de Acción Financiera Internacional que tiene
que presentarse antes del 15 de diciembre. Es un tema fundamental que tiene que
ver con la presencia de la UIF a nivel internacional, y es un asunto
prioritario en razón de que México tiene que dar mensajes de cumplimiento en
sus obligaciones de carácter internacional. El segundo punto tiene que ver con
el incremento de las denuncias y los aseguramientos de bienes y cuentas a
efecto del delito.
–¿De alguna forma les puede obstaculizar que la PGR todavía
no se haya convertido en la Fiscalía General en estas denuncias pendientes?
–Sí, yo creo que la PGR
tiene una estructura que en este momento no responde a las necesidades de
transformación del país, producto de las elecciones del pasado 1 de julio. Es
necesario que esa institución se transforme en la Fiscalía General de la República
para que pueda actuar, primero, de forma autónoma y, segundo, con un sistema de
servicio profesional de carrera real que permita que sean los criterios
técnicos y no los políticos los que definan la actuación institucional. También
en este momento lo que hemos visto es que el trabajo de la PGR durante 2018 fue
particularmente lamentable en razón de que los montos de aseguramiento fueron
mínimos: 264 mil pesos, 135 mil dólares, 10 euros, cero cuentas bancarias
aseguradas, cero sentencias en juicio oral, seis personas sentenciadas en
procedimiento abreviado, y esto quiere decir que esta Unidad especializada en
asuntos financieros de la PGR simple y sencillamente no funcionó durante 2018
con los efectos negativos que se tiene para el sistema financiero y la
procuración de justicia. La Ley Orgánica que ha sido aprobada en el Senado de
la República, tanto por la Comisión de Justicia como en el Pleno del Senado, y
que la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados acaba de aprobar el
miércoles pasado, es un buen paso para poder transitar hacia la creación de una
Fiscalía General. Falta todavía que la apruebe el Pleno, la Cámara de Diputados
y que venga la declaratoria correspondiente, pero a partir de ese momento se
podrá iniciar el procedimiento para tener un Fiscal General que permita la
transición durante el periodo de un año en términos de los artículos
transitorios de la ley para que se presente una propuesta integral de Reforma
Constitucional Legal y Administrativa que permita consolidar el Sistema Procesal
Acusatorio y la Fiscalía General. Es indispensable para la UIF una absoluta
coordinación con esta Fiscalía General de la República para dar mejores
resultados.
Durante su conferencia magistral en la Universidad Anáhuac, Nieto dijo que es imperativo que la
Fiscalía General ya se consolide, pues a cuatro años de la reforma
constitucional en la materia, “no tenemos Fiscalía autónoma, no tenemos Fiscal
Anticorrupción y no tenemos magistrados anticorrupción”.
–Sobre el combate al robo de hidrocarburos, ¿ya tienen una
estrategia?
–Sí, será anunciada
próximamente. No quiero adelantar nada, pero ya hay una estrategia diseñada en
los ámbitos de energía, seguridad pública y por otro lado Hacienda, Marina y
Ejército para combatir este grave problema que heredamos de la administración
anterior.
–Esto que mencionaba de las empresas privadas que se
generaron en la Reforma Energética, ¿qué problema implica o qué relación tiene
con el huachicoleo?
–Las empresas fachada
han sido un modelo para lavar dinero en México y desviar recursos públicos en
temas relacionados con corrupción. El problema ha sido la falta de actividad
exhaustiva para poder encontrar al beneficiario final [y ni prestanombres]. La
propuesta es que para más tardar en el mes de febrero presentaremos una
propuesta para efecto de que se presente una iniciativa al Congreso de la Unión
para reformar el marco normativo que nos permita localizar al beneficiario
final y sobre todo combatir las empresas fachada que han sido el mecanismo de
la delincuencia organizada, de la corrupción para sacar o introducir recursos
del sistema financiero del país.
–¿Incluyendo de la Reforma Energética?
–Es correcto, sí.
Durante su ponencia, el funcionario federal dijo que “uno de los efectos negativos de
la Reforma Energética con la generación de empresas privadas ha sido
precisamente la compra ilegal de hidrocarburos que han robado a Pemex. Cuando
tenemos una empresa gasolinera y compra menos combustible a Pemex o importa
menos combustible y tiene mayor número de ventas, esto solamente puede
explicarse con dos elementos: o está vendiendo litros de 900 mililitros u 800,
o está comprando huachicol. Pemex ya no revisa las empresas gasolineras
privadas y esto nos genera un espacio de corrupción pública y privada”.
–Respecto a César Duarte, ¿qué papel va a tener la UIF una
vez que se extradite?
–Es un asunto que se
encuentra en la Fepade. Necesita mantener el caso ante los órganos
jurisdiccionales como se desarrolló durante la etapa en que yo fui titular que
logramos la orden de aprehensión en contra de César Duarte. Es muy importante
mandar un mensaje de que todos los casos de corrupción tienen que ser
sancionados, sobre todo cuando existen ya en este momento las 16 órdenes de
aprehensión en contra de este personaje que terminó desviando recursos públicos
y generando un banco privado con bienes públicos, lo cual es absolutamente
incompatible con un estado democrático.
En su ponencia del viernes pasado, Santiago Nieto aseguró que “desde el 11 y 12 de septiembre
de 2017 se solicitó la extradición de César Duarte por parte de la Fiscalía
General de Chihuahua y de la Fepade a la PGR. El monopolio de la
Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales respecto a las solicitudes
de extradición le corresponde a esa área. Se actuó de manera discrecional y no
hay rendición de cuentas establecida. ¿Qué ha pasado? Más de un año después no
se solicita la extradición del señor César Duarte. Sin embargo, lo que me ha
hecho saber el Canciller Marcelo Ebrard es que ya están solicitando al Gobierno
de Estados Unidos la extradición de dicha persona para efecto de que enfrente
las 16 órdenes de aprehensión que tiene por parte del Estado mexicano”.
–¿Cuál es su lectura de que la Fepade va acelerar la
investigación de Lozoya?
–No me gusta la
sentencia del Juez. Me parece que la investigación de la Fepade requiere de los
datos de la asistencia jurídica internacional que tienen que venir de Suiza y
de Brasil, entre otros países. Es importante el mensaje de que tienen que
resolver rápido; sin embargo, el hecho de resolver rápido no debe significar
resolver mal. Lo que necesitan es tener todos los elementos y generar todas las
diligencias para en su momento ejercer la acción penal y no utilizar esto como
un mecanismo de exoneración anticipada y determinación de no ejercicio de la
acción penal basándose en que el juez les ordenó resolver rápido.
–¿La UIF va a tener también un papel en este caso?
–Nosotros estamos
desarrollando las investigaciones que estaban ya pendientes. Vamos a crear
modelos de riesgo de forma global que permitan detectar los casos de
financiamiento ilícito en las campañas electorales para que no solamente en el
caso de Odebrecht, sino en cualquier caso que sea relacionado con el
financiamiento ilícito de las campañas puedan las personas ser llevadas ante
las instancias competentes.
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