El choque entre poderes del Estado
mexicano que se está dando en este país, es más profundo de lo que se ve. Hay
una mezcla de intereses que se están moviendo detrás, no sólo por la defensa de
sus privilegios, como lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino
por un desafío directo a su presidencia por parte del sector conservador dentro
del máximo tribunal que busca, si no le alcanza para boicotear, estorbar. La
cabeza de la rebelión de las togas es el presidente de la Corte, Luis María
Aguilar, quien llegó a esa posición en enero de 2015, tras derrotar a Arturo
Zaldívar en 32 votaciones, y que utilizó como instrumento de choque al ministro
Alberto Pérez Dayán.
El ministro Pérez Dayán detonó el
conflicto el viernes pasado al ordenar la suspensión de la Ley de
Remuneraciones de Servidores Públicos, tras un recurso de inconstitucionalidad
presentado por senadores de oposición, quienes argumentaron que la ley violaba
los artículos 75 y 127 constitucionales.
La respuesta
de López Obrador y de los coordinadores parlamentarios de Morena, provocó que
el desafío de los jueces contra el presidente se expresara con protestas en 30
estados este lunes, afirmando que la decisión de recortar salarios afectaba la
autonomía del Poder Judicial y dañaba el equilibrio de poderes. La paradoja es
que Pérez Dayán mismo, violó la ley que dice defender. El artículo 64 de la Ley
Reglamentaria del artículo 105 constitucional que aborda los actos de
constitucionalidad, establece: “Iniciado el procedimiento, conforme al artículo
24 (que habla de las libertades), si el escrito en que se ejercita la acción
fuere obscuro o irregular, el ministro instructor prevendrá al demandante o a
sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan
dentro de un plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho
ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y
el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de
quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes
a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la
acción de inconstitucional”.
Esto quiere decir que Pérez Dayán no
tenía la facultad para suspender la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos.
“En acciones de inconstitucionalidad no procede la suspensión de la norma”,
dijo un experto. “No importa el fondo de la controversia; no procede la
suspensión, que está expresamente prohibida por los artículos 64 (de
procedimiento) y 14 (de suspensión) de la Ley Reglamentaria”. Su acción
incorrecta no alcanza para fincarle un juicio político, como dijo el abogado
constitucionalista Gabriel Regino en una entrevista en W Radio con Enrique
Hernández, al no considerarse un delito. Lo que sí procedería, en opinión de
los expertos, es una sanción por responsabilidad administrativa, lo cual
tendría que aplicar el órgano interno de la Suprema Corte de Justicia, lo que
significaría una medida histórica.
Difícilmente podría entenderse como
un error del ministro el haber suspendido la ley que recorta salarios.
Para
comprender la magnitud de lo que desató, hay que entender lo que está
sucediendo dentro de la Corte en función de cómo iban a quedar los equilibrios
dentro del tribunal, tras el final de la gestión del ministro José Ramón
Cossío. Abogados que conocen los manejos
internos de la Corte, dijeron que Aguilar buscó retrasar la comunicación al
Ejecutivo y al Legislativo de la salida de Cossío con el propósito de que la
votación para un nuevo presidente, prevista para el próximo 2 de enero, se
diera únicamente entre los 10 ministros que hay en este momento, sin darle la
oportunidad a López Obrador que colocara su primer ministro y eventualmente
modificar el resultado de la elección.
El viernes
pasado, en un texto sobre la Corte titulado 'Conservadores contra Liberales',
se publicó en este espacio: “Si se diera
la votación hoy, la probabilidad de que Gutiérrez Ortiz Mena ganara la
presidencia es muy alta. Esto obedece, de acuerdo con observadores de la Corte,
a que el bloque conservador es amplio, compuesto por Javier Laynez, Eduardo
Medina Mora, Mario Pardo y Aguilar. En el lado liberal respaldan a Zaldívar,
Fernando Franco y Norma Lucía Piña, que perdieron un aliado al retirarse José
Ramón Cossío. Dos ministros pueden inclinar hacia cualquier lado la balanza,
pero no se sabe cómo van a comportarse. Una es Margarita Luna Ramos, y el otro
es Alberto Pérez Dayán, con tinte conservador, pero que se han aproximado a
posiciones liberales en el pasado. Dos factores adicionales juegan para
colocarlos actualmente, ligeramente más hacia el lado de Zaldívar. La ministra
Luna Ramos quiere mejorar su posición dentro de la Corte, mientras que Pérez
Dayán le debe parte del apoyo que tuvo para ser ministro, al equipo de la
exministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero”.
De la correlación de fuerzas dentro
de la Corte se puede argumentar que el ministro Aguilar buscaría impedir que
Zaldívar fuera electo presidente, y garantizar a un conservador como su
sucesor. También se puede apreciar un choque de posiciones
dentro del equipo de López Obrador, entre Sánchez Cordero, que estaría por la
opción conservadora, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer,
que respalda a Zaldívar.
El estruendoso ruido por el choque
entre poderes está ocultando las intrigas dentro de la Suprema Corte y el
intento del ala conservadora de cruzársele a López Obrador, para impedir que
comience a construir un tribunal acorde con su proyecto de nación. La
confrontación no sólo es por la autonomía, sino ideológica y política,
confrontando a López Obrador.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.