El grupo parlamentario de Morena en
la Legislatura mexiquense promovió la abrogación del decreto 87 que dispone la
entrega de pensiones “disfrazadas” para los exgobernadores y la designación de
personal de seguridad, chofer y secretaria con cargo al erario.
La diputada
Azucena Cisneros, promotora de la
reforma turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su
análisis y dictamen, recordó que el 18 de julio de 1945 se promulgó en Gaceta
del Gobierno el Decreto 87 de la 36 Legislatura del Estado de México, donde se
dispuso que, al término de su gestión, el gobernador puede recibir premios y
recompensas por servicios prestados al Estado.
“Los premios y recompensas por servicios
eminentes o importantes prestados al Estado que merezca el gobernador de la
entidad, se le otorgarán después de haber terminado su gestión al frente del
Poder Ejecutivo”,
plantea su artículo primero.
Años más tarde, indicó, el entonces gobernador Ignacio Pichardo expidió un Decreto
publicado el 7 de mayo de 1993 en la Gaceta del Gobierno número 86, en el que
se plantea que “como reconocimiento a su desempeño en el cargo de gobernador
del Estado, es conveniente adoptar las previsiones necesarias a fin de que se
normen los apoyos mínimos para la preservación de su integridad y seguridad y
para el desarrollo de sus actividades personales, una vez concluido tan honroso
y alto cargo al servicio del Estado”.
Además, dispone como “necesaria y conveniente la
debida regulación de estos reconocimientos que en el pasado el Gobierno del
Estado ha otorgado a los ciudadanos exgobernadores en forma discrecional.”
Las
modificaciones contemplan en el artículo primero que quienes hayan ocupado el cargo de gobernador del Estado de México
tendrán derecho, al concluir su gestión, a tener a su adscripción: un jefe de
ayudantes con categoría de subdirector rango nueve, con nivel de jefe de
ayudantes de secretario general de gobierno.
Además, un chofer ayudante con rango cinco, con
categoría de chofer de secretario general de gobierno; tres ayudantes con
categoría de oficial de seguridad pública, nivel catorce, rango cuatro; una
secretaria, con categoría de secretario particular de secretario, nivel 27,
rango 9, del gobierno estatal.”
Cisneros
Coss advirtió que ambos decretos son
contrarios a derecho, pues no se justifica que una vez que los exgobernadores
han concluido su gestión, se les destine personal con cargo al erario público,
pues han dejado de ejercer las funciones que la ley les confiere de manera
temporal.
“Es un uso indebido de recursos sin
fundamento en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión público; representa
el establecimiento de una remuneración más allá de la pensión, liquidación o
retiro”, dijo, tras advertir la posibilidad de que el jefe
de ayudantes con categoría de subdirector sea en realidad una pensión económica
encubierta destinada a los exgobernadores.
Exfuncionarios,
sin utilidad pública.
Para Morena,
este decreto además implica un
tratamiento desigual y discriminatorio frente a los requerimientos de seguridad
de la ciudadanía, y no representa utilidad pública, pues los exgobernadores ni
siquiera son exservidores encargados de la procuración de justicia o de
seguridad pública, y aún en estos casos es necesaria una justificación.
El pasado 3
de diciembre, rememoró, la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM) actualizó los lineamientos
para la protección y seguridad a través de la asignación del servicio de
escolta a servidores y exservidores públicos, con límites de temporalidad y
modalidades de análisis de riesgo, y “sólo bajo esos parámetros es aceptable”.
Los gastos
en los apoyos a los exgobernadores, prosiguió, tampoco se justifican si se toma en cuenta que el Estado de México
ocupa el tercer lugar entre las cinco entidades más endeudas del país, con un
incremento en la deuda pública de 17.41% de 2013 al 2017, y la falta de dinero
para atender problemáticas más apremiantes.
Es necesario, dijo, contraponer a la
vieja cultura política “nuevas formas del ejercicio del servicio público
apegadas a los principios de igualdad, transparencia y austeridad que permitan
acercar la distancia creada entre la clase política y la ciudadanía. Poner
freno a la opulencia, la desigualdad, los privilegios y el derroche de los
recursos públicos.”
“Ninguna pensión, bono o remuneración
destinada a favorecer indebidamente a quienes ostentan el privilegio de fungir
como servidores públicos, resulta compatible con el ferviente deseo
transformador de dotar de plena vigencia a los principios de la República”, añadió.
La propuesta fue turnada a las
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posterior
dictamen.
No obstante,
la priista María Mercedes Colín
Guadarrama, titular de ese órgano parlamentario, anticipó que no convocará a
los trabajos de Comisión que no sean acordados por la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), y justificó que por ahora lo más importante deben ser los trabajos
del Paquete Fiscal 2019.
Adrián
Galicia, diputado por Morena, acusó que
a la fecha la presidenta no ha convocado una sola vez a sesión de Gobernación,
y Maurilio Hernández, presidente de la Jucopo, advirtió que los trabajos en
comisiones son una obligación de los diputados y no requieren una instrucción
de la Junta para celebrarse.
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