El
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María
Aguilar Morales, máximo representante del Poder Judicial de la Federación
(PJF), no desaprovechó su cuarto y último informe de labores.
A un lado
tenía al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y al presidente
del Senado, Martí Batres, los impugnadores públicos y formales de los jueces
federales que se niegan a reducir sus sueldos.
Para ser
dignos, lo primero que tenemos que hacer
los jueces es defender “nuestra independencia real y absoluta”, expresó
Aguilar Morales en su informe, que por el protocolo es una de las ceremonias de
Estado en la que se reúnen los representantes de los poderes formales en
México, ahora confrontados.
Ahí estaban
los máximos críticos e impugnadores del Poder Judicial: el presidente de la
República y el presidente del Senado. También el presidente de la Cámara de
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien públicamente se ha mantenido al margen de
la confrontación entre los Poderes formales por la exigencia del Ejecutivo y
del Legislativo para que los jueces se reduzcan el sueldo y se ajusten al
límite impuesto por López Obrador.
Aguilar Morales no sólo enfatizó en
el respeto que de distintas maneras ha demandado de forma insistente el Poder
Judicial en los últimos días. Echó mano de uno de los referentes favoritos del
propio presidente de la República, Benito Juárez: “Nada por la fuerza. Todo por
la razón y el derecho”. Y recalcó que además de presidente de la República,
Juárez fue ministro y presidente de la Suprema Corte.
Ahí estaban
también los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano
de vigilancia de los jueces que encabeza el propio presidente de la Corte, y
los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJ), los otros principales afectados en la cúpula judicial
por la decisión de López Obrador de fijar en 108 mil pesos su sueldo.
De acuerdo con la Constitución y la
Ley Federal de Remuneraciones, aprobada por el partido oficial, Morena, en un
impugnado proceso legislativo, ningún servidor público debe de estar por encima
de ese tope.
“Nada ni nadie por encima de la
Constitución”, dijo Aguilar al retomar la frase de “los próceres constitucionalistas” en clara alusión a los juicios que han
llegado a la SCJN por parte de jueces y otros servidores públicos que se oponen
a la Ley de Remuneraciones.
Aguilar
Morales también respondió a otras
iniciativas de ley que se han presentado en el Congreso, principalmente en el
Senado por parte del morenista, exgobernador de Zacatecas y extitular de la
entonces delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien ha advertido que el
Poder Judicial necesita “una sacudida”.
El
presidente de la Corte aseguró que el
Poder Judicial no es ajeno a la demanda ciudadana de un mejor y más eficiente
servicio público, pero sobre todo honesto y transparente.
Aseguró que la designación de jueces
o magistrados federales no es “por intereses, compadrazgos o consideraciones
superficiales”, sino
por exámenes de oposición. Y en los
casos de corrupción y trampa, “se tomaron medidas estrictas y contundentes, así
como el inicio de procedimientos de investigación y de responsabilidad para
sancionar a los malos servidores, a más de separarlos de sus cargos cuanto
antes”.
Subrayó que
en su gestión se abrieron 150 procedimientos disciplinarios de oficio y más de
90 investigaciones, que derivaron en la sanción de 260 servidores públicos de
órganos jurisdiccionales, de los cuales 39 fueron magistrados de Circuito y 49
jueces de Distrito.
Al final del
discurso, López Obrador salió de la sede de la Suprema Corte, en el centro de
la capital, sin quedarse a la comida a la que cada año había asistido el presidente
de la República.
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