El
Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) denunció la negativa de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para emitir la declaratoria
de Alerta por Violencia de Género (AVG) en Tlaxcala, pese a que ha sido
solicitada en dos ocasiones por organizaciones de la sociedad civil, “ante la
prevalencia de la violencia sexual, femicidios y trata con fines de explotación
sexual”.
La red
conformada por 43 organizaciones en 23 estados del país reprochó que la
Conavim, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), no haya atendido
las solicitudes de las organizaciones Todos para Todos, Colectivo Mujer y
Utopía y Justicia Pro Persona, que en
2016 y 2017 formularon las peticiones de la declaratoria de AVG para Tlaxcala.
De acuerdo
con el informe realizado por el OCNF bajo el título: “Implementación del tipo
penal del feminicidio: Desafíos para la acreditación de las razones de género
2014-2017”, el gobierno de la entidad no
proporcionó datos ni información para la realización de un diagnóstico real de
la violencia contra las mujeres.
“La Procuraduría de Justicia de
Tlaxcala no informó al OCNF sobre la situación de los feminicidios en la
entidad en los años 2014 y 2017, sólo proporcionó información sobre los
asesinatos cometidos en 2015 y de enero a junio de 2016”, acusó la red de organizaciones.
El documento da cuenta de
inconsistencias en la información proporcionada, pues mientras el gobierno del
estado aseguró que en 18 meses se registraron 13 asesinatos de mujeres, “de los
cuales ninguno fue investigado como feminicidio y tampoco proporcionó
información sobre las características de estos”, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) notificó que “tan solo en 2017
se cometieron 19 homicidios dolosos de mujeres y dos feminicidios”.
Para la
organización resulta grave que no se
tengan registrados feminicidios, pese a que la entidad tipificó el delito en
marzo de 2012 y se ha reformado en tres ocasiones.
El ONCF destacó que el 8 de agosto de 2016 la
organización Todos para Todos hizo la primera solicitud de Declaratoria de AVG
a la Conavim, instancia que se negó a atender la demanda, pese a que en el
informe del Grupo de Trabajo de la AVG se tenían registradas –de 2010 a 2016–
22 averiguaciones previas por homicidios dolosos de mujeres y niñas, ninguno
clasificado como feminicidio.
El 16 de
agosto de 2017, el Colectivo Mujer y Utopía, y Justicia Por Persona, solicitaron por segunda ocasión la AVG “en
todo el territorio del estado de Tlaxcala, específicamente en el denominado
‘corredor de la trata’, sin embargo, tampoco fue decretada, a pesar de que
prevalece la ausencia de mecanismos que ataquen los patrones sistemáticos que
perpetúan la violencia contra las mujeres en el estado”.
En esta
ocasión, apuntó el OCNF, el Grupo de trabajo de la AVG “advirtió que hay errores en los procedimientos para iniciar una
investigación por feminicidio, y si bien la autoridad manifestó contar con
protocolos para la investigación de este delito (por lo que el Grupo de trabajo
recomendó que se actualizarán los estándares más altos de debida diligencia,
perspectiva de género y derechos humanos), a la fecha no se encontró ningún
protocolo, ni anterior ni actualizado”.
Ante las omisiones institucionales,
la red de organizaciones de defensa de las mujeres recordó que en el reciente
informe del Comité para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación
contra las Mujeres (CEDAW), los expertos de Naciones Unidas recomendaron al
Estado mexicano “adoptar medidas de carácter urgente para prevenir todas las
muertes violentas, los asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres, en
particular combatiendo las causas profundas de estos actos”.
El CEDAW urgió a eliminar “la violencia
armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los
estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación de mujeres, así como
simplificar y armonizar en los estados los procedimientos del Programa Alerta
Amber y Protocolo Alba; agilice la búsqueda de las mujeres y niñas
desaparecidas; adopte políticas y protocolos específicamente orientados a
mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el
feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y
trabajo forzoso, y vele porque la Comisión Ejecutiva dé Atención a Víctimas”.
Siguiendo
esos lineamientos, el OCNF recomendó al
gobierno y a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala realizar las
“acciones necesarias para la prevención de todos los tipos de violencia contra
las mujeres, particularmente contra la trata, desaparición y el feminicidio”;
iniciar la investigación de toda muerte violenta como feminicidio, “incluyendo
los suicidios, accidentes y los que se cometan en contextos relacionados con el
crimen organizado”; realizar con perspectiva de género las indagatorias de las
muertes violentas de las mujeres, e “identificar los diversos modus operandi,
patrones y situación de criminalidad en los que están inmersos los feminicidios
en el estado”.
Asimismo, recomendó incorporar “los criterios de la
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Mariana Lima
Buendía, con objeto de acreditar las razones de género”; dar protección a las
mujeres víctimas de violencia, para prevenir feminicidios; “garantizar la
reparación integral del daño que incorpore las medidas de atención y
rehabilitación a niñas, niños y adolescentes en orfandad”, sin que se someta a
procesos judiciales, y que se cuente con un banco de datos actualizado para
generar políticas públicas de atención, prevención y sanción para erradicar el
delito de feminicidio, la trata y la desaparición de mujeres y niñas.
El ONCF también pidió a los legisladores del
Congreso de Tlaxcala realizar las “reformas necesarias para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia feminicida” en la entidad, así como “etiquetar y
evaluar el presupuesto necesario para la implementación de políticas públicas
en la materia”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.