Por mayoría de 5 votos contra 1, el
Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (Inai) ordenó a
la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer nombres de los
funcionarios o exfuncionarios públicos relacionados con la investigación del caso
Odebrecht.
En su propuesta, la
comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena se pronunció por modificar la respuesta
de la PGR, que se negó a entregar la información solicitada por un ciudadano, e
instruir a la dependencia para que proporcione los nombres de funcionarios o ex
funcionarios públicos citados a declarar, los que consten en fuentes oficiales
de acceso público, así como aquellos que ya fueron notificados en la
investigación.
La reserva de la información se
mantendrá para los nombres de los funcionarios o exfuncionarios públicos cuyo
testimonio se encuentre relacionado con alguna línea de investigación pendiente
de ser agotada, para proteger la acción del Ministerio Público, o los de
aquellos que aún no hayan sido notificados, debido al riesgo de que pudieran
evadir la justicia.
El origen de esta determinación fue
la petición que hizo un ciudadano a la PGR para conocer los nombres de
funcionarios y exfuncionarios públicos, algunos investigados y otros
involucrados, con el caso Odebrecht. La PGR respondió que la carpeta de
investigación se encuentra en trámite y reservó la información.
La comisionada Ibarra afirmó
en su exposición que tratándose de actos relacionados con el desempeño de un
cargo público, “evidentemente es información de interés de la sociedad”.
El comisionado Joel Salas Suárez, quien emitió un voto
particular a favor, dijo que el artículo
112 de la Ley Federal de Transparencia indica que no podrá reservarse la
información cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción.
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del
Inai, recordó que debido a la “extraña”
condición puesta por el Poder Legislativo en un transitorio dentro de la
reforma al Código Penal Federal en materia de corrupción, es necesaria la
designación del fiscal Anticorrupción para poder aplicar el artículo 112 de la
Ley Federal de Transparencia.
Por lo tanto, Acuña Llamas reiteró la necesidad de que el Senado nombre al fiscal Anticorrupción y
también se pronunció porque los nuevos funcionarios de la PGR sí acaten lo
resuelto este miércoles por el Inai, luego de que la anterior administración se
negó a cumplir con la resolución que ordenaba abrir parte de la investigación
sobre Odebrecht.
El comisionado Oscar Guerra Ford puntualizó que con la apertura de la información no se afecta el
debido proceso ni la actuación del Ministerio Público y recordó el caso de
Florence Cassez. “Casi una obra de teatro con la participación de una
televisora”, eso sí afecta el debido proceso, dijo.
El comisionado Rosendoevgueni
Monterrey Chepov votó en contra del proyecto con un voto disidente, es decir,
que no estuvo de acuerdo con el resultado del proyecto presentado por la
comisionada Ibarra y no sólo con su argumentación.
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