La
presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, reaccionó este
lunes, vía Twitter, a la exigencia de que renuncie a la titularidad de este
órgano jurisdiccional, que planteó el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien
la señala de producir una división al interior a raíz de la resolución por el
caso Puebla.
Una de las acusaciones más graves
hechas por Vargas,
en entrevista con Proceso (número 2198),
es que tanto él como otros magistrados sufrieron presiones políticas para que
resolvieran el caso de la gubernatura de Puebla a favor de la candidata Martha
Erika Alonso, la esposa del anterior gobernador, Rafael Moreno Valle.
En
respuesta, en uno de sus tuits, la presidenta Otálora asegura que “la confianza es uno de los activos más importantes
por los que debe velar un juez. Si se acusa la existencia de presiones y
cabildeos de distintos actores debe presentarse, como acto de elemental
congruencia, una denuncia y acompañarse de las pruebas que se tengan”.
@JanineOtalora
La confianza es uno de los activos más
importantes por los que debe velar un juez. Si se acusa la existencia de
presiones y cabildeos de distintos actores, debe presentarse, como acto de
elemental congruencia, una denuncia y acompañarse de las pruebas que se
tengan.@TEPJF_informa
Sobre la exigencia de que renuncie,
la magistrada presidenta expresó también: “la integración actual de la Sala
Superior me eligió por unanimidad Presidenta con un mandato de cuatro años.
Tengo el respaldo de mis colegas para cumplir ese periodo”.
Vargas
Valdez hizo hincapié en que, bajo la
presidencia de la magistrada señalada, el TEPJF se encuentra fracturado al
interior, porque no ha logrado un liderazgo y, tras sus señalamientos críticos
durante la sesión de la Sala Superior del día 8, Otálora inició una serie de
entrevistas donde trató de justificar su voto y lanzar críticas sobre el
proyecto de sentencia que él elaboró, lo que le dejaba en una posición de
indefensión.
No obstante,
la presidenta escribió un tercer tuit en
el que apunta que “la función jurisdiccional en materia electoral exige un
liderazgo cimentado en estricto derecho. La interlocución con actores políticos
es parte del trabajo, pero no puede ser su motivación esencial”.
También apuntó que la protección de la confianza y
el profesionalismo del TEPJF es su responsabilidad.
Señaló que, si alguien no está
conforme con su labor al frente de ese órgano jurisdiccional en materia electoral,
debe exponer su molestia para que sea analizada y esclarecida.
El magistrado Vargas Valdez fue el
ponente del caso Puebla, impugnado por Morena, en el cual concluyó que la
elección debía ser anulada por las irregularidades detectadas, uno de ellos,
quizá el principal, es que se rompió la cadena de custodia de los paquetes
electorales y hubo personas que ingresaron, sin ningún control, en la bodega
donde se custodiaban y los movilizaron, lo que dejaba la duda sobre el
resultado electoral.
Sin embargo,
gracias al voto decisivo de la
presidenta Otálora, la votación de la resolución desechó este proyecto de
sentencia y ratificó el triunfo de la candidata del PAN, Martha Erika Alonso.
Respaldo a
Otálora.
No fue la
única reacción a la entrevista que Vargas Valdez ofreció a Proceso durante su
paso por Madrid, en un intervalo de una visita de trabajo, ya que la Asociación de Tribunales Electorales de
la República Mexicana emitió un comunicado para respaldar la labor de la
presidenta del TEPJF, luego de la petición de renuncia formulada por el
magistrado Vargas.
El
comunicado que firma el presidente de la asociación, el magistrado Lorenzo Wong
Meraz, apunta que reiteran su “respaldo a la magistrada Janine Otálora Malassis
como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
quien tanto hoy como siempre se ha conducido con apego a los principios
rectores que conducen a la materia electoral, siendo conscientes de que la
adopción de cualquier criterio en la resolución de los asuntos que se ventilan
en el desempeño de su cargo, constituyen un mero ejercicio de deliberación e
interpretación legal, propio de los órganos de impartición de justicia, por
ningún motivo pueden ser objeto de acusaciones, ni señalamientos que pretendan
tener como consecuencia la remoción del cargo”.
Añade que
“considerar lo contrario atentaría en contra de la autonomía y la imparcialidad
del máximo órgano jurídico electoral de la nación, y en consecuencia, del libre
ejercicio de la función jurisdiccional”.
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