Georgina Morett.
Con mucha prisa, pero eso sí pidiéndolo por favor, los nuevos directivos del Registro
Agrario Nacional exigieron a los funcionarios que laboran en esta dependencia
que entregaran el mismo día su renuncia, para lo cual les enviaron un formato
en el que simplemente debían poner sus datos.
Así, sin más, como en todas las demás
dependencias, ya inició el despido masivo de los trabajadores del sector
público, a quienes no se les reconocen ni el derecho a una liquidación ni a
presentar su propia renuncia.
Obviamente en el Registro Agrario
quienes no aceptaron firmar este formato, que se les envió para que renunciaran
a partir del 15 de diciembre, fueron cesados de inmediato con un formato que
también utilizan en distintas dependencias.
Es increíble que en el formato para renunciar al cargo que
venían desempeñando, se señala que
“respetuosamente” se dirigen al director para informarle que presentan la
renuncia con carácter de irrevocable con efectos a partir del 16 de diciembre;
y para evitar problemas de algún juicio laboral en el segundo párrafo señalan
que es una renuncia “voluntaria” por lo cual “no se reservan la acción o
derecho de ejercitar de ninguna naturaleza en el futuro”.
Con el miedo de no ser contratados en
caso de exigir una liquidación, como lo señaló la Secretaría de Hacienda, la
gran mayoría de funcionarios han aceptado esta renuncia; sin embargo, para
quienes no estuvieron de acuerdo se les envió un cese fulminante, en el que se
les señala que la plaza está clasificada como de confianza y que por lo tanto
“no gozan de la estabilidad en el empleo”, por lo que los conminan a que
“rindan el informe de asuntos a su cargo, así como entregar los recursos
financieros humanos y materiales que les fueron asignados para el ejercicio de
sus atribuciones con estricto acatamiento a las disposiciones en materia de
entrega-recepción, a efecto de que no incurran en responsabilidades
administrativas y/o penales”.
Esta situación se vive en todas las
dependencias del sector público en las que han pedido la renuncia hasta a
quienes tenían plaza del Servicio Profesional de Carrera.
¿NO QUE NO?
Después de una fuerte confrontación, el Poder Judicial entró,
a su modo, en el plan de austeridad propuesto por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, ya que los ministros
bajaron casi un millón 606 mil pesos su remuneración anual neta, al pasar de
cuatro millones 659 mil pesos a tres millones 53 mil pesos, de acuerdo con el Proyecto
del Presupuesto de Egresos de la federación 2019.
De cualquier forma, su
remuneración anual neta es casi del doble que la que tendrá el presidente de la
República, que asciende a un millón 663 mil pesos.
Los ministros disminuyeron su
remuneración respecto a su salario base, a su compensación garantizada, pero
sobre todo en sus prestaciones de previsión social e inherente al cargo.
Pero en el Presupuesto llama
la atención que los ministros mantienen el seguro de vida institucional, el
seguro de gastos médicos mayores y el de separación individualizado, que de
acuerdo con el gobierno federal ya no serían parte de las prestaciones de los
funcionarios públicos.
Mientras que en la remuneración del
presidente de la República sólo aparece el seguro de vida institucional y
desaparecen el de separación individualizada y el de gastos médicos mayores.
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