Académicos
de diversas universidades e integrantes de organismos de derechos humanos
cuestionaron la creación de la Guardia Nacional y alertaron sobre la
militarización de la seguridad pública en el país.
Jan Jarab,
representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, insistió en sus dichos –vertidos en diciembre
pasado ante la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados– y
señaló que, aunque ha habido “cambios para bien… no se garantiza que no habrá
violaciones graves a los derechos humanos con la fusión de las fuerzas
armadas”.
Añadió: “La
participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que se concibe no
sería extraordinaria, pues normaliza lo que debería ser excepcional, hace
permanente lo que debería ser temporal y amplía indebidamente una labor que
debería estar circunscrita a criterios de estricta necesidad”.
Luego de
recordar que la participación del Ejército en tareas de seguridad ha implicado
desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, el funcionario aclaró que
la ONU seguirá brindando al gobierno de México la cooperación técnica para la
creación de la Guardia Nacional.
A su vez,
Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), calificó de “delicado y grave” que el mando y adscripción de la Guardia
Nacional durante los primeros cinco años esté en manos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), “pues la formación y disciplina castrense que
tendrán los miembros de la Guardia Nacional no es la idónea para garantizar los
derechos humanos de las y los mexicanos”.
En el tercer
día del foro sobre la Guardia Nacional, el presidente de la CNDH llamó la
atención de que por lo menos “mediáticamente” ya esté en marcha. Y para
sostener su dicho se refirió a la convocatoria de reclutamiento para la
agrupación, y el hecho de que se le asignaran recursos en el presupuesto de
egresos de la federación de 2019.
“Lo que
haría presumir que, con independencia de lo que aquí se discuta, estamos frente
a una determinación ya tomada”, soltó el ombudsman nacional, tras lo cual
reclamó la ausencia de las víctimas en el foro.
A cambio de
la Guardia Nacional, González Pérez propuso otra estrategia para combatir la
inseguridad, y aclaró que “aceptando y reconociendo la necesidad temporal de la
participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública” se
puede construir un nuevo plan.
Este, dijo,
“podría implicar la creación y consolidación de una fuerza de seguridad
intermedia de carácter civil, con disciplina y adiestramiento especializado,
que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la
intervención militar directa y el que las policías civiles recuperen las
funciones que les corresponden”.
Alejandro
Madrazo Lajous, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), cuestionó prácticamente todo el dictamen sobre la Guardia Nacional.
Empezó diciendo que las participaciones federales no son para entregarse a
discreción, y que la federación no puede dar o quitar a su gusto, conforme a
una evaluación a los policías. “Si se hace eso se va a destruir la principal
función de los municipios, que es la seguridad pública”.
Y ante la
pregunta de la diputada priista María Alemán sobre la afectación de la Guardia
Nacional al régimen constitucional, dijo: “…este dictamen no va a resolver
nada, pero no va a destruir nuestro régimen constitucional si se aceptan esas
medidas”.
Luego
criticó a los legisladores de Morena que defendieron el dictamen, y aseguró que
durante la campaña electoral se habló del tema.
En campaña,
dijo, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había una
Guardia Nacional civil y “se hablaba de no cambiar la Constitución”.
Ante la idea
de que se estará bajo un mando civil –el presidente de la República, un “hombre
honesto”, como sostuvo el legislador por Morena Javier Hidalgo–, el académico
del CIDE, uno de los organismos favoritos del gobierno anterior para realizar
estudios, reviró:
“Parece que
nos habla de que ya no hay problema porque hay un mando civil de un hombre
honesto. Pues quiero decirles que ese mando civil de un hombre honesto
–suponiendo que eso fuera suficiente para eliminar las prácticas documentadas
de 12 años–, si eso fuera suficiente, aun así sería tan frágil como la salud de
un hombre honesto, o como el mandato de un hombre honesto.
“Y la
Constitución no se diseña para un hombre, se diseña para un país, y deben de
pensar qué va a pasar en la siguiente elección. A menos que sean tan soberbios
que creen que nunca van a perder una elección o nunca se va a morir su líder
político”.
Esa
declaración provocó aplausos de los integrantes de las agrupaciones no
gubernamentales.
Al cerrar,
Madrazo Lajous pidió a los legisladores que diseñen las instituciones para el
país, no para un hombre.
A los
legisladores que están en contra de la propuesta de la Guardia Nacional, así
como a los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, el senador
panista Damián Zepeda les propuso otra salida: controvertirla en tribunales.
“Propongo un
cambio de enfoque. No necesitamos convencer a la mayoría del Congreso de que
apruebe una propuesta distinta. Por más cambios que se le hagan a este dictamen,
el eje central sigue siendo militar.
“Cambiemos
de enfoque. En estos seis días que nos quedan (para el periodo extraordinario)
sumemos esfuerzos, y los que estamos en contra y la sociedad civil, juntemos un
tercio para oponernos y echar abajo esta propuesta de militarizar a nuestro
país vía la Guardia Nacional”.
Añadió:
“Hagamos una nueva propuesta que vaya por el fortalecimiento de policías con un
mando mixto, un instituto de seguridad pública que genere diagnósticos
objetivos, con autonomía técnica, para, con indicadores técnicos, decidir en
qué estados debe de intervenir de manera temporal una entidad superior, y que
las fuerzas armadas entren sólo en casos excepcionales, con protocolos,
temporales y de fiscalización”.
Las
audiencias continuarán mañana y concluirán el sábado 12. La próxima semana el
dictamen se someterá a discusión y votación durante un periodo extraordinario
de sesiones.
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