En respuesta a las expresiones de
“punto final” y “borrón y cuenta nueva” para los casos de corrupción e
impunidad de los últimos 50 años, activistas y académicos exigieron al presidente
Andrés Manuel López Obrador medidas efectivas para alcanzar la verdad,
justicia, reparación integral y garantías de no repetición por violaciones
graves a los derechos humanos.
En
conferencia de prensa, miembros de
organizaciones sociales y víctimas de abusos presentaron este martes sus
propuestas para la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, un Mecanismo
Internacional contra la Impunidad y una Unidad de Protección a Víctimas y
Testigos, así como la implementación de un nuevo modelo de reparación y un
mecanismo de participación de la sociedad civil en dichos proyectos.
Durante la exhibición de los
documentos, entregados a las secretarías de Gobernación y de Relaciones
Exteriores, Araceli Rodríguez –madre de Moisés Hernández García, un policía
federal desaparecido tras la represión en Nochixtlán, Oaxaca– y Miguel Ángel
Moreno, abogado de la comunidad de Arantepecua, Michoacán, víctima de abusos
policiales, se pronunciaron en contra del “borrón y cuenta nueva”, y señalaron
que ello va contra el compromiso que López Obrador hizo con las víctimas, como
candidato y presidente electo.
Al exigir la
atención a las propuestas planteadas,
Rodríguez resaltó que, tras la reunión de López Obrador con víctimas, el pasado
14 de septiembre, tuvieron una “luz de esperanza” y piden que “no sea enterrada”.
“Queremos verdad y justicia, castigos
ejemplares para quienes nos tienen en la incertidumbre”, clamó la madre de Luis Ángel León
Rodríguez, oficial de la Policía Federal desaparecido en Ciudad Hidalgo,
Michoacán, en 2009.
José Antonio
Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, recordó que ante un panorama
desolador, “con registros de más de 40 mil desaparecidos, 30 mil cuerpos sin
identificar, 200 mil personas ejecutadas y 15 mil casos de tortura, muchos de
ellos por miembros de fuerzas armadas, números que superan a los registrados en
países con conflictos armados, lo que claman las víctimas es que realmente haya
verdad y justicia, para que mínimamente se vaya recuperando la confianza en las
instituciones”.
Tras recordar que, como candidato
López Obrador se mostró abierto para aceptar la creación de un Mecanismo
Internacional, Guevara Bermúdez manifestó que hasta ahora no habido
acercamientos con las organizaciones para materializarlo.
Por lo
pronto, dijo, la propuesta de la
sociedad civil sobre el Mecanismo Internacional contra la Corrupción y la
Impunidad tendría que ser creado a partir de un convenio de colaboración con la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), para mantener autonomía en la
investigación de “crímenes atroces y de macro-criminalidad”.
Respecto de la Comisión Nacional de
la Verdad, Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (IMDHD), destacó que la propuesta es que sea un ente creado por el Congreso,
en busca de explicar los orígenes de la violencia, así como entender patrones e
identificar perpetradores de graves violaciones a derechos humanos,
considerando dos periodos: el de la violencia derivada de la guerra contra el
narcotráfico, de 2006 a la fecha, y el de la “violencia política”, de 1965 a
2006.
En cuanto al nuevo modelo de
reparación integral de daños, Juan Carlos Gutiérrez, de I(dh)eas, explicó que
el proyecto planteado al gobierno de López Obrador se fundamenta en el “derecho
humano de las víctimas de violaciones a derechos humanos a una reparación
integral del daño digna, que le permita recuperar la confianza en las
instituciones, lo que es ajeno a programas sociales. Las víctimas no quieren
donativos ni becas”,
soltó.
Michael
Chamberlin, de Open Society Justice Initiative, explicó que la propuesta de crear un mecanismo de protección de
testigos y víctimas tiene como objetivo “abatir la impunidad y la continuidad
de los crímenes atroces”, sobre todo cuando hasta ahora “se ha soslayado el
tema de seguridad de testigos, que no ha funcionado, y en muchos casos los
testigos han sido ejecutados y los procesos judiciales se han caído”.
Para la
aplicación de las propuestas, Mariclaire Acosta, integrante del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, sostuvo que es indispensable la
participación de víctimas y sociedad civil, pero que “no sea empleada con
propósitos meramente legitimadores, sino efectiva, representativa, robusta y
sostenible en el tiempo”.
En
representación de la Secretaría de Gobernación, el responsable de la Unidad de
Derechos Humanos, Aarón Mastache, se
comprometió a tomar en cuenta los documentos presentados para “ser integrados
en el Plan Nacional de Derechos Humanos y en el Plan Nacional de Desarrollo,
que en estos momentos se está elaborando”.
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