Durante la primera reunión de la
Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso
Ayotzinapa, padres de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes
alcanzaron acuerdos para la asistencia técnica internacional con el fin de
esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
En
entrevista con Apro, el abogado del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra,
informó que en la reunión de tres horas que estuvo presidida por el
subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se llegaron a tres
acuerdos fundamentales que buscan integrar en los trabajos de asesoría técnica
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); a la Oficina de la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así
como a algunos exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI).
Rosales
Sierra explicó que en apego a la
determinación de abordar el apoyo internacional en dos niveles, el de “las
investigaciones criminalísticas y penales, y de las irregularidades en la
investigación, como los casos de tortura y las registradas en el Río San Juan,
en Cocula”, la CIDH y al menos tres exintegrantes del GIEI participarán en la
primera parte, y en la segunda, la ONU-DH.
Como parte
de los acuerdos, “se decidió que las
partes vamos a construir una nueva propuesta para diseñar un nuevo mecanismo de
seguimiento que correrá a cargo de la CIDH, porque el que está en funciones
actualmente concluye su mandato en febrero”.
Apuntó que una vez que se concrete el
documento, le corresponderá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
turnar la propuesta a la CIDH, así como “el refrendo de la asistencia técnica
que hasta ahora ha dado el organismo”.
Agregó que se acordó invitar a la
próxima reunión de la Comisión, programada para el 20 de febrero, al
responsable de la ONU-DH, Jan Jarab, para que su oficina “brinde la asistencia
técnica en la investigación interna de la PGR, que se lleva a cabo sobre las
torturas a detenidos y las irregularidades, plasmadas en su informe Doble
Injusticia”.
Como tercer
punto, las partes acordaron acudir al
próximo periodo de sesiones de la CIDH, a realizarse del 7 al 16 de febrero en
Sucre, Bolivia, “para terminar de consolidar los términos de la colaboración”.
Vidulfo
Rosales señaló que al término de la
primera reunión de trabajo, los familiares de las víctimas que acudieron en
representación de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, y
los representantes, consideraron que por parte de los funcionarios “se mostró
voluntad para avanzar en los trabajos de la Comisión Presidencial para la
Verdad, pues pese a la austeridad ordenada por el presidente (Andrés Manuel)
López Obrador, en este caso no será una limitante para que los compromisos
contraídos se lleven a cabo”.
Rosales aclaró que por el momento no se tiene
establecido el mecanismo para crear la Comisión de Investigación para la Verdad
y a Justicia, que ordenó el Poder Judicial, que tendría que ser creada por la
Fiscalía General de la República (FGR), y en la que tendrían participación los
representantes de los familiares de los desaparecidos, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) así como los organismos internacionales.
Además de
Encinas, en la reunión estuvieron presentes el secretario técnico de la
Comisión Presidencia, Félix Santana; el titular de la Unidad de Derechos
Humanos de la Segob, Aarón Mastache; el subsecretario de Hacienda y Crédito
Público, Arturo Herrera, y la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos, de la Cancillería, Martha Delgado Peralta.
Estuvieron
presentes abogados de Tlachinollan, del Centro de Derechos Humanos José María
Morelos y Pavón, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Fundar
Centro de Análisis e Investigación, y Servicios y Asesoría para la Paz,
organizaciones que representan a los padres y madres de los 43 normalistas
desaparecidos.
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