Ante la advertencia del Fiscal
General de la Nación, Alejandro Gertz Manero, de aplicar la ley de extinción de
dominio en las propiedades en que hay ductos donde extraen ilegalmente
gasolina, agricultores, dueños de parcelas en esta región, se indignan y
rechazan esta posibilidad.
“No estamos de acuerdo”, señalan
algunos de ellos, que tienen propiedades cercanas a tomas clandestinas o que se
encuentran en partes del terreno que trabajan.
El funcionario federal declaró en
conferencia matutina que “Vamos a trabajar mucho sobre la parte que es
fundamental en materia procesal, que es la extinción de dominio de los predios
que tengan alguna vinculación con cualquier delito, y en este caso con los
delitos que provienen del robo de hidrocarburos”.
Dijo también
que la ley de extinción de dominio
determina “hasta donde podemos llegar y cuáles son los elementos que se
necesitan probar para ejercerla. Conforme lo vayamos haciendo, inmediatamente
lo vamos informando, porque esa es una parte de la investigación que puede ser
pública y que no genera ningún daño”.
La ley de extinción de dominio se
creó en 2009 y en México se aprobó en noviembre de 2018 y se refiere a la
pérdida de los derechos sobre bienes que han sido instrumento, objeto o
producto de un delito o que sean utilizados para esconder o mezclar otros
bienes producto de un delito, según la Ley de Extinción de Dominio.
Los trabajadores agrícolas y los
agricultores ven las tomas clandestinas en los ductos y son testigos de la
presencia de la autoridad en ellas –como la del accidente del pasado viernes–,
pero en esta región cruzan ductos que salen o que llegan a la Refinería Miguel
Hidalgo, de Tula y aunque ellos conocen la ubicación de estas tomas
clandestinas, han sido intimidados la mayoría de ellos y se niegan a denunciar.
“Cuando ellos llegan nos dicen: “Vete
de aquí porque vamos a trabajar, no queremos problemas” y estén trabajando en
lo que sea, se tienen que retirar.
En el caso de la toma en el lugar del
accidente se encontraba en una zanja, propiedad de la Comisión Nacional del
Agua, desde hacía algunos años, “no hay responsabilidad de los propietarios, en
este momento; pero si se crea el delito en el caso de los ductos, debe ser muy
específico, tomando en cuenta los contratos que se firmaron entre los
arrendatarios y Petróleos Mexicanos”, señala Julio Valdéz, abogado desde hace
32 años en la zona de Tula, Tlahuelilpan, Mixquiahuala y Tezontepec.
Los acuerdos firmados en los años 70
establecen ciertos lineamientos para dejar pasar los ductos por las tierras de
los agricultores, que dieron el permiso a cambio de una indemnización y son
lineamientos que ellos han respetado, señala el abogado, “pero mientras no
estén en la ley, ni en el contrato que hicieron, no pueden aplicar (la ley de
extinción de dominio)”.
El dueño de los terrenos afectados en
la fuga del 18 de enero, espera la indemnización de Petróleos Mexicanos,
“sabemos que cuando suceden estos accidentes, Pemex indemniza e incluso retira
la tierra contaminada y la rellena con tierra nueva”, señala un agricultor de la región.
Ellos saben que hubo otras fugas
antes en ese tubo, pero, no denuncian, “las autoridades conocen dónde están las
tomas y no hacen nada”, señala indignado otro de los agricultores
La cosecha de las dos parcelas donde
sucedió el siniestro estaban sembradas de alfalfa que es un cultivo del que se
puede aprovechar cortes cada mes, durante 5 años, estas alfalfas eran jóvenes,
tenían aproximadamente 3 años y se encuentran en este momento en pérdida total.
Los dueños de estas parcelas, en esta
zona donde sucedió la fuga, son pequeños propietarios, que tienen extensiones
de tierra de 5 hectáreas, algunos son de Tlahuelilpan y de otros municipios.
Los 500 ejidatarios de Tlahuelilpan, posee apenas una hectárea en el norte y
sur de la población.
La zona del
siniestro, cultivable, que se encuentra en la carretera
Tlahuelilpan-Tlaxcoapan, tiene tierras gruesas, que dan muy buenos
rendimientos, aunque han decaído últimamente debido a la calidad del agua
residual que llega de la ciudad de México, cada día más contaminada y los
rendimientos de los cultivos son de menor tiempo, por esta razón.
Hay casos en
algunos ranchos de la región, cercados, que, durante las noches, los ladrones
de gasolina entran a la propiedad, ponen una manguera y toman lo que quieren,
“pues a veces hasta se burlan de ellos, se cruzan las parcelas y “trillan”
(pisan) nuestros cultivos”, afirma uno de los propietarios.
Según Valdéz, “no sería justo que se
aprobara una ley como ésta, porque los agricultores, aunque son dueños de la
tierra, muchas veces no saben”.
Dice el abogado que ley de extinción
de dominio se aplica con dueños de propiedades que arriendan, y que si se dan
cuenta de que están utilizándolas para cometer un delito, deben denunciar, sino
lo hacen, se procede legalmente contra ellos y pierden su propiedad pero, dice
Valdéz, “tiene sus requisitos esta ley”, y creo que no aplica en este caso
porque “si tengo mi propiedad, una parcela lejos de donde vivo, no puedo darme
cuenta quienes son ni dónde están”.
Un agricultor, que tiene esa
situación en su predio dice angustiado “Estamos en un estado de indefensión,
ellos llegan a intimidar” y en el caso de los que exigen indemnización por el
accidente se exalta y afirma” es como si entrara un ladrón a tu casa a
asaltarte, lo matas y todavía tienes que indemnizarlo”.
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