El inmenso poder de Urzúa.

Georgina Morett.

Así como el Presidente utiliza a su mayoría legislativa para modificar la ley a su gusto con objeto de dar cabida en el presupuesto a sus amigos, como Paco Ignacio Taibo II, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, redacta oficios para construirse un poder enorme, como la única ventanilla para entrar al gobierno. No más.

Es de sobra conocido el oficio de Urzúa, fechado el 10 de diciembre pasado, que congela las plazas de la administración pública y establece que será su Oficialía Mayor (es decir, él) la que propondrá los perfiles y candidatos a ocupar los puestos. Lo que no se sabe, sin embargo, es cómo opera en la realidad. Aquí va un ejemplo:

Mediante oficio 700.2018.041, la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, ordena al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez Cázares, dar de alta a tres morenistas en altos puestos. Obviamente se trata de un premio por sus méritos en campaña, pues ninguno de ellos ha ocupado cargos relevantes. Más aún, al parecer uno de ellos fue aviador en la delegación Iztacalco.

Javier Huerta Jurado, designado jefe de la Unidad de Personal, es un profesor que reprobó la evaluación de sus alumnos de la UAM Azcapotzalco en materia de claridad en la exposición y ayuda didáctica. Es un propagandista de Morena que ahora tendrá la responsabilidad de manejar una nómina de cerca de 450 mil trabajadores. Nada más.

Luis Gerardo Martínez Álvarez fue designado jefe de la Unidad de Infraestructura y Adquisiciones. Una búsqueda en Internet arroja ese nombre para un subdirector de área, un puesto de quinto o sexto nivel, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y en una columna política aparece como aviador en la delegación Iztacalco, bajo la protección de Pedro Pablo de Antuñano.

Pero el más afortunado es sin duda Raúl Solano Pineda, nombrado jefe de la Unidad de Administración de una institución que en 2019 tendrá un presupuesto, nada más y nada menos, de 746 mil 738 millones de pesos. Nada mal para alguien que entre 2005 y 2013 era un trabajador eventual de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal.

El ejemplo es sintomático del tipo de personal que llegará a ocupar puestos de máxima responsabilidad, dispuestos a aceptar la austeridad republicana, aunque los servicios de salud pública sufran un grave deterioro en perjuicio de miles de trabajadores del IMSS y millones de derechohabientes que mantienen al Seguro con sus cuotas.

Muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, el magistrado Rafael Guerra Álvarez inicia como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con metas muy claras para mejorar la impartición de justicia con empatía hacia los ciudadanos y sus pares.

En sesión del pleno de magistrados, y luego de rendir la protesta del cargo, reconoció que los ciudadanos tienen una percepción negativa de “nuestro Poder Judicial”, por lo que les pidió ser sensibles a los problemas sociales que enfrenta la ciudad.

Pero también se comprometió con los trabajadores a continuar con el esfuerzo inacabado de mejorar las condiciones laborales, luego de advertir que sus percepciones distan mucho de las que se reciben en otros órganos. Y a que el nombramiento de magistrados será hecho preferentemente de entre aquellas personas que cuenta con el Servicio Civil de Carrera Judicial.

Esperemos que cumpla y haga la diferencia.