Atzayaelh
Torres.
En una
sesión de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados el pasado 7 de noviembre de 2018 el diputado Evaristo Lenin Pérez, de
Coahuila, expuso que proveedores de la gigante italiana de generación
eléctrica, Enel, entregaron un parque solar fotovoltaico a la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) con adeudos pendientes a proveedores nacionales.
“Es la empresa Enel, muy grande a
nivel mundial y que subcontrata empresas españolas con un trato de
aprovechamiento, de querer tomar ventaja; ayer citaron y ponen contra la pared
queriendo pagar un 20 por ciento y eso genera un impacto muy fuerte”, dijo el legislador.
Ni tardo ni perezoso, el diputado
Enrique Ochoa Reza, exdirector de la CFE, respondió por sus exsocios y se
comprometió a revisar el caso para que “se actúe de manera firme en favor de
los proveedores nacionales”, y prometió una reunión entre los involucrados, e
incluso con los funcionarios de la CFE. Reunión que no se realizó.
La ‘telenovela’ internacional a la
que hizo referencia el diputado Lenin Pérez proviene de la denuncia que realizó
la mexicana Codisa Corp. Energy a la española Prodiel-Novamper por el secuestro
de su maquinaria por varios meses en el parque solar fotovoltaico Villanueva I
y III, en Coahuila, que la italiana Enel ganó como parte de la primera Subasta
de Largo Plazo del Mercado Eléctrico Mayorista, efectuada en marzo de 2016 por
el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
De acuerdo con la denuncia 01086/MAT/UIMAT/2017 que Codisa
presentó en un Ministerio Público en
Matamoros, Coahuila, el supervisor de la obra por parte de Prodiel-Novamper,
Jair Domínguez Sánchez, solicitó en repetidas ocasiones “sobreestimar varios
millones de pesos de más, de los que realmente se habían ejecutado para
certificar”, con la finalidad de “robarle al cliente”, en este caso Enel, a
cambio de obtener una comisión en efectivo para él y para sus jefes por dicha
operación.
Al negarse, y después de haberle
comunicado el episodio a directivos de Prodiel-Novamper, como Goncalo José Dos
Santos Franco, al personal de Codisa se les negó entrar al parque y sacar 27
maquinarias de alta especialización, que a su vez arrendaba con un cargo diario
a la empresa MADISA, adicional a una trituradora y un remolque siendo el ultimo
robado dentro del parque solar.
Al respecto,
Luis Miguel Ramírez, asesor legal de
Prodiel, aseguró en entrevista que Codisa “está utilizando como estrategia un
litigio en medios y presión vía penal -dijo- para obtener el pago de 9.3
millones de dólares”; sin embargo, a casi dos años del conflicto, Codisa no ha
presentado demanda alguna por el pago de dicha cantidad.
“Están tratando de molestar a Enel
para que presione a Prodiel”, dijo, y ante el secuestro de la maquinaria,
Ramírez argumentó que al momento Codisa no ha llamado a testificar a la empresa
que se las arrendaba (sic).
Al respecto,
un representante de Codisa afirmó que
“como acto de coacción por haber comunicado los actos de corrupción y para no
pagar la deuda total y solo un porcentaje mínimo, Prodiel-Novamper secuestró
nuestra maquinaria, han evadido a la autoridad y emprendió una campaña
difamatoria, buscamos incluso al CEO en España y nos ignoraron”.
De hecho, en una carta enviada por
Diana Eilene García, directora de Codisa, a Miguel Some Domínguez, CEO de
Prodiel, le informa de la situación, sin embargo, en su oficina le pidieron que
no llamara más.
Sobre el
caso, Enel aclaró que ellos no
contrataron a Codisa, y que el pleito legal que enfrentan es “exclusiva entre
estas dos empresas”, sin embargo, los hechos delictivos denunciados se llevaron
a cabo dentro del parque propiedad de Enel, quien consintió estos, razón por la
cual en la carpeta de investigación se da cuenta de varios citatorios a
ejecutivos de la compañía italiana, entre ellos a Paolo Romanacci, presidente
de la compañía para México y Centroamérica, quien incluso, ya tramitó un
amparo.
El parque ya opera y entrega energía
a la CFE con el contrato que ganó Enel en la subasta, pero la inacción de la
italiana en el tema deja mucho que desear, sobre todo porque de acuerdo con
legisladores, este no es el único caso.
Regresando a
la sesión del 7 de noviembre, el
presidente de la Comisión de Energía, el diputado Manuel Rodríguez, aseguró que
“otros compañeros en distintos estados que comentan algo muy parecido”, y
ordenó realizar un punto de acuerdo sobre el tema. Mismo que a la fecha no se
ha elaborado.
Va Petromex.
El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, expresó públicamente que no tiene inconveniente en que se
le dé toma de nota a Petromex, la nueva agrupación de trabajadores petroleros
que busca convertirse en sindicato que compita con el vitalicio Carlos Romero
Deschamps.
El movimiento, que fue presentado el
2 de diciembre de 2018 en la Cámara de Diputados, cobijado por la bancada de
Morena, está encabezado por Pitágoras Cruz Salaya, trabajador en activo de
Pemex en Chiapas.
Ahora, el balón está en la cancha de Luisa María
Alcalde, secretaria del Trabajo, quien debe hacer honor a la homologación de
las leyes mexicanas en materia laboral con el Convenio 98 de la OIT que permite
tener varios sindicatos en una misma empresa.
Los tres
´Memos’
Guillermo Pineda y Guillermo Zúñiga,
liderados por Guillermo García Alcocer como comisionado presidente de la
Comisión Reguladora de Energía (CRE), tendrán que hacerle frente, ellos solos,
a la avalancha de trámites y circunstancias relacionadas con el convulso
mercado de combustibles.
Sería idóneo que el gobierno de López
Obrador no dilate en enviar las ternas para sustituir a los cuatro
comisionados, que de manera escalonada, dejaron y dejarán la institución desde
diciembre pasado, pues la ley es muy clara al respecto: no pueden sesionar si
no se tiene al menos cuatro de los siete, por lo que a partir del 15 de
febrero, cuando se va Montserrat Ramiro, no será suficiente con los tres
‘Memos’.
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