“¿Ustedes creen que un Director de Pemex
actuó, en el caso de que se cometió un ilícito, por su cuenta? Miren, en el
país, y esto ya debe de quedar claro, un negocio jugoso ilícito siempre lleva
el visto bueno del Presidente. Lo mismo en los estados. Ya basta de hipocresía.
Para qué echarle la culpa nada más al de obras públicas”, dijo Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de México, durante su conferencia matutina del 28 de diciembre en
Palacio Nacional.
El Presidente contestó así a una
pregunta sobre si se llevaría a consulta el investigar no sólo a los ex
presidentes, sino también a los ex directores de Petróleos Mexicanos (Pemex) de
las administraciones pasadas por el millonario robo de combustible que ascendía
a 60 mil millones de pesos anuales.
“¿Cómo un Presidente no se va a dar
cuenta de lo que está haciendo un Secretario, de lo que está haciendo un
Director General”,
también dijo en esa ocasión.
Y ayer
confirmó un dato más: entre los
funcionarios que están en la lista de los investigados por el mayor saqueo a
Pemex en la historia de México está Eduardo León Trauwitz, quien fue Jefe de
Seguridad del entonces Presidente electo Enrique Peña Nieto, su Jefe de
Escoltas como Gobernador del Estado de México y a quien el ex Presidente
promovió como General Brigadier Diplomado del Estado Mayor Presidencial (EMP)
sin tener méritos para serlo, para luego nombrarlo titular de la Gerencia de
Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex, cargo que ocupó hasta el 14 de
marzo de 2014 cuando el Consejo de Administración aprobó la creación de la
Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) –“con el objetivo de fortalecer
las políticas de seguridad para la protección de las instalaciones, bienes y
valores” de la petrolera–, que le fue entregada al General Brigadier hasta el
cierre del sexenio peñista.
“Está [el General de Brigada] en una
lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía
nada definitivo. Se está investigando a todos los que tienen que ver o tuvieron
que ver”, dijo López Obrador sobre uno de los hombres de mayor confianza de
Enrique Peña Nieto.
Para los
analistas del sector, la noticia sobre
el hombre de confianza de Peña Nieto y lo que ocurría en entidades como Puebla
en donde reinaba el huachicoleo a plena luz del día y ante las narices de
Rafael Moreno Valle y su sucesor Antonio Gali, conocido como miembro del
llamado morenovallismo; la Unidad de Inteligencia Financiera debe jugar un
papel importante para combatir de raíz el robo de combustible a través de
seguir la ruta del dinero que empoderó y alimentó a varios grupos políticos y
empresariales durante los años de bonanza de esa actividad delictiva.
“Esto es todo un negocio que
involucra a muchísimas dependencias, a muchísima gente. No estamos hablando
sólo de narco, huachicoleros que venden a menudeo el producto, estamos hablando
de toda una industria que involucra a muchísima gente. Todos esos intereses van
a estar dañados y se van a reacomodar si realmente no se toman las acciones que
se deben tomar y se continúa con la impunidad […]”, dijo Guadalupe Correa-Cabrera,
profesora asociada en la Universidad de George Mason y afiliada al Woodrow
Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la
Universidad de Rice.
Correa-Cabrera
consideró que la estrategia de combate
al robo de combustible que emprendió en nuevo Gobierno federal ya empezó a
sacudir a los grupos políticos involucrados en ese ilícito.
“Mira lo que pasó con Moreno Valle.
Los que conocen bien sobre el Gobierno de Puebla, sobre las dinámicas
políticas, saben que si esto pasó en Puebla como estaba pasando es porque
tenían conocimiento la autoridad más alta de las fuerzas armadas y el
Gobernador del Estado. No hay manera de que una operación de la magnitud que se
ha dado, por los años que se ha dado, incrementándose exponencialmente, no
había conocimiento de las autoridades más altas. Por lo tanto, obviamente estos
grupos políticos se van a seguir resistiendo, va haber un problemón enorme
porque se les cierra la válvula de los recursos, a eso le llamo la ruta del
dinero: no le llamo a cómo lavan el dinero, porque eso no lo sabemos, pero
sabemos que hay grupos que se benefician del dinero: ¿quién está involucrado,
relacionado con esos recursos que sin ellos no se podría realizar esta
actividad?”, cuestionó
la investigadora en una entrevista con SinEmbargo.
Fluvio Ruiz
Alarcón, ex consejero independiente de Pemex y quien fue asesor de la Política
Energética de López Obrador, coincidió
con Correa: el Gobierno de AMLO debe investigar la ruta del dinero del saqueo a
la llamada empresa productiva del Estado.
“Evidentemente un fenómeno delictivo
tan grande requiere varios eslabones, lo que se está atacando es el inicio de
cómo se sacaba el producto, después le tocará a la Unidad de Inteligencia
Financiera porque claramente hay grupos que recibían los beneficios de la venta
de combustible robado. Falta mucho por hacer, nadie puede esperar que de un
sólo golpe, pero hay que aplicar el gran clásico: seguir al dinero; sabiendo
cómo eran estos canales de distribución volumétrica y apropiación de la venta
de la gasolina robado. Hay empresas que el propio Pemex demandó por distribuir
el combustible robados”, dijo.
Y de nuevo
Fluvio Ruiz aseguró que si no se
investiga la ruta del dinero, se dará un reacomodo “a la nueva circunstancia”.
“Como ha variado el narcotráfico
desde que se llamaba contrabando. Es importante ir hasta donde se pueda y
desmantelar estas redes para que no simplemente se adapten a su nuevo entorno”, dijo.
Miriam
Grunstein Dickter, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, consideró que el daño a Pemex y a la nación
aún está por cuantificarse. El robo de hidrocarburos es tal, que López Obrador
debe presentar a “caras y cuerpos concretos” de los responsables.
“A Pemex le cuesta mucho trabajo
llevar esos controles, entonces tenemos la situación de determinar el daño y
resulta muy complicado, habría que ver cómo calculó el daño anual el Presidente
y saber en qué cifras se está basando. Es la primera vez que un Presidente
reconoce que hay colusión de los funcionarios de Pemex, pero resulta
insuficiente en la medida de que no se deslinden responsabilidades; decir que
están involucrados funcionarios de Pemex es un acto valiente y terriblemente
impreciso. Queremos ver cuerpos, caras, malhechores y aún viendo responsables,
los delincuentes tienen relevos”, dijo.
Guadalupe
Correa precisó que en México las
investigaciones no se llevan hasta las últimas consecuencias. En el robo de
combustible las autoridades mexicanas han acuñado una versión oficial: que
están rebasadas por los poderosos cárteles del crimen organizado. Los Zetas, el
Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, el mayor saqueo a Pemex no
puede justificarse únicamente con la versión de que son sólo las bandas criminales
con la ayuda de algunos funcionarios de Pemex.
En la actividad ilícita están
vinculadas autoridades municipales, federales, estatales, el sindicato que
dirige Carlos Romero Deschamps y durante la administración peñista, las fuerzas
armadas, dijo.
“Si los trabajadores de Pemex aceptan
y contribuyen, ¿quiénes se benefician al final de lo que se les venden a los
que venden la gasolina al menudeo, ellos que están haciendo un negocio, por el
otro lado también los políticos que tienen el control de las policías
estatales, estoy hablando del Gobernador, porque están ahí y podrían decirle a
la autoridad federal. Estamos hablando de un crimen a nivel federal y además de
todas las fuerzas armadas, quienes resguardan la infraestructura estratégica,
ellos deberían de saber”, argumentó Correa.
ES UN ASUNTO
DE SEGURIDAD NACIONAL: ANA LILIA PÉREZ.
La periodista y autora de varios
libros que dan cuenta del saqueo de Pemex, Ana Lilia Pérez Mendoza, dijo en
entrevista que el robo de combustible es un asunto de seguridad nacional, que
va más allá de un tema con tintes políticos.
En
entrevista, la autora del libro El Cartel Negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex y de Pemex Rip. Vida
y asesinato de la principal empresa mexicana, no quiso dar nombres de los
grupos políticos y partidos que están involucrados en el robo de combustible y
que documentó en sus publicaciones.
“No me gustaría hablar de los tintes
políticos, lo que sí te puedo decir es que en mis libros yo documenté cómo
había gente de distintos partidos implicada en este tema. No me gustaría ir en
ningún caso en particular porque sería como minimizar el asunto. En el libro se
habla de partidos que favorecieron a partir de gente del sector que aportaba a
las campañas, por ejemplo”, dijo.
Ana Lilia precisó que en las zonas petroleras quienes
financian y aportan dinero a las campañas políticas son empresarios del sector
petrolero.
“Son los que tienen el dinero,
quienes tienen mayor capital porque los negocios están vinculados al sector.
Son empresarios y esos empresarios hacen aportes a esas campañas, no quiero
precisar, pero sí documento muchos casos en mis libros”, explicó.
La
periodista aseguró que los intereses
económicos involucrados en el robo de combustible no conocen de filiación
política, ni ideologías.
“El nivel corruptor de las ganancias
del mercado negro de combustible no ha conocido de ideologías […], cuando
hablamos del robo de combustibles debemos dejar ese mito de gente que está
haciendo una toma, estamos hablando de una estructura bien organizada, de
crimen organizado en México, que como en todo el mundo, no conoce de
ideologías, con funcionarios públicos de todos los partidos permitieron que
este sistema corrupto creciera”, dijo.
En el saqueo a Pemex están involucrados
desde personal sindicalizado de la empresa, funcionarios de alto rango, así
como empresarios y gente de la política, concluyó.
Uno de los casos que sobresalieron
durante los últimos años es el de Querétaro. Javier
Rodríguez Borgio, un empresario queretano gasolinero, dueño de la red de
casinos Big Bola, de un terreno en donde las autoridades federales incautaron
pipas con combustible robado y que cuenta con una indagatoria abierta por la
Procuraduría General de la República (PGR) por una supuesta compra de
combustible robado a Pemex, financió la campaña al Senado de Francisco
Domínguez Servién, hoy Gobernador de la entidad.
“Yo siempre he dicho que Javier
Rodríguez Borgio es mi amigo y yo a mis amigos no los niego… me ha aportado y
me aportó recursos como amigo, entre muchos amigos que lo hicieron”, dijo el
entonces Senador en 2014 de acuerdo con Quadratín Querétaro. El empresario queretano
que financió campañas a Domínguez Servién también le debe al Servicio de
Administración Tributaria (SAT) casi 600 millones de pesos de sus casinos Big
Bola, de acuerdo con
una publicación del diario Reforma el 21 agosto de 2018.
EL MAPA:
LIDERAN ESTADOS PANISTAS Y PRIISTAS.
Durante 2018
seis estados lideraron en el número de
tomas clandestinas en el país de acuerdo con la última versión publicada por
Pemex que abarca datos de enero a octubre del año pasado.
Puebla ocupó el primer lugar durante
todo 2018 con 1,815 tomas clandestinas; Hidalgo el segundo, 1,726; Guanajuato
el tercero, 1,547; Veracruz el cuarto, 1,338; Estado de México el quinto 1,
268; Jalisco el sexto con 1, 263; y Tamaulipas el séptimo lugar con 1,084
tomas.
En total Pemex reportó
12 mil 581 tomas clandestinas en todo el país durante ese periodo de acuerdo
con el sitio web de la empresa productiva del Estado. Los siete estados estaban
gobernados por administraciones panistas y priistas (algunos cambiaron de
partido por la elección del 1 de julio como el caso de Jalisco y Veracruz, pero
el lapso medido no corresponde a la nueva gestión que inició en diciembre).
Es el caso de Puebla, que era
gobernado por Antonio Gali Fayad del PAN y que lidera la ruta del huachicol,
seguido de Hidalgo al mando actualmente del priista Omar Fayad Meneses.
Guanajuato, gobernado por Miguel
Márquez Martínez del PAN hasta septiembre y que continuó bajo las mismas siglas
con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo –a quien le corresponde sólo el mes de
octubre–ocupa el tercer lugar en tomas clandestinas.
Miguel Ángel Yunes Linares del PAN
gobernaba Veracruz durante el periodo medido, entidad que se ubica en un cuarto
lugar.
Alfredo del Mazo Maza del PRI
gobierna el Estado de México, la entidad que ocupa el quinto lugar, mientras
que a Aristóteles Sandoval Díaz del PRI gobernaba Jalisco durante el periodo
reportado.
Por último, Francisco Garza Cabeza de Vaca del PAN
gobierna Tamaulipas, entidad que, de acuerdo con el reporte de Pemex, se ubica
en el séptimo lugar de la ordeña a los ductos.
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