Empresarios de Mexicali le dan la espalda a “Kiko” Vega a meses de terminar su gestión.

Cuando el Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, eligió al empresario Carlo Bonfante Olache como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, automáticamente recibió el apoyo y reconocimiento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali y la cúpula de hombres de negocio que éste representa… la misma que hoy le da la espalda a meses de terminar su gestión.

Tuvieron que pasar un sin número de crisis, con rebeliones aisladas y controladas en algunos sectores empresariales y cámaras, pero a finales de 2018, la propuesta de incrementar la sobretasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP) selló la ruptura del sector empresarial.

El primero en levantar la cabeza fue el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Mexicali, Jorge Eugenio Lagarde Amaya, quien además de manifestarse en contra del alza a los impuestos, decidió renunciar al CCE de Mexicali, organismo que hasta entonces se había mostrado incondicional a “Kiko” Vega.

En un polémico desplegado publicado en la prensa mexicalense, Canacintra Mexicali se desligó del CCE:

“Reconociendo que los tiempos actuales son más confusos y complejos y que los próximos meses redefinirán la plataforma de despegue del país, creemos que es ineludible que las instituciones que representamos los intereses de las empresas promovamos y defendamos con fuerza y contundencia nuestros principios y expresemos nuestra opinión ante los sucesos socioeconómicos que vivimos, en ese sentido la Canacintra Mexicali representando cientos de empresas y miles de trabajadores bajo la filosofía de que los organismos estamos para servir y nunca para servirnos presentamos un extrañamiento formal ante el CCE de Mexicali por las formas en las que se han atendido y manipulado sus responsabilidades ante el sector empresarial”.

Ante ello, el propio Lagarde Amaya explicó que la principal razón para renunciar a la coordinación del CCE se debió a que el único beneficiario es el Gobierno del Estado, ya que trata con una sola persona y no con todas las cámaras, pese a que cada una tiene sus complejidades.

Afirmó que el CCE llegaba a acuerdos con el Gobierno del Estado antes de que fueran enterados, pese a que siempre han buscado que el coordinador esté lo más alejado posible del gobierno para que realmente sea una voz fuerte.

Otro de los temas es el Fideicomiso Empresarial de Baja California (Fidem), el cual se crea con el Impuesto Sobre Nómina, programa en el que acusó falta de transparencia.

“Si realmente nos quisieran ayudar eliminarían ese impuesto, con la exclusión de ese impuesto ya pudiéramos tener un dinerito para reinvertir en más procesos, forjar más riqueza y podríamos generar muchos más empleos”, indicó el líder de los industriales.

Asimismo, Lagarde expuso que no están de acuerdo con ningún aumento de ningún impuesto, en especial Sobre Nómina y a las tarifas del agua, y demandó la ausencia de coordinación y lógica comercial cuando el Gobierno de México pretende que la región tenga mayor competitividad con una Zona Libre al eliminar gravámenes federales, mientras el gobierno estatal busca todo lo contrario al subir impuestos.

“A lo mejor por una mala administración, tenemos muy claro que hay mala administración, porque necesitan garantías para proyectos de la Zona Costa”, argumentó.

Por ello, si el gobierno quiere apoyo, debe ser claro: “Fuimos enfáticos con el tema del agua, si va a haber un aumento en la tarifa del agua en Mexicali y nos informaran hacia dónde se va a ir ese aumento de proyectos de infraestructura para la ciudad, seríamos los primeros en apoyar ese tipo de causas”, consideró, “pero sólo con los temas claros y justificados”.

En el caso del Fidem, el representante empresarial dijo que en 2018 no se tuvo la información adecuada para conocer los proyectos a aprobar, incluso enfatizó que el recurso se terminó desde noviembre.

Derivado del Decreto 168 que da vida a las Asociaciones Público-Privadas (APP), como garantía para poder operar se dispondría del fondo del ISRTP. Al respecto, el representante de Canacintra manifestó:

“No estamos en contra de que la Zona Costa tenga agua, al contrario, estamos a favor, pero que le cueste a Mexicali tarifas para justificar proyectos de costa, eso no se vale; si fuera un aumento de tarifa para beneficio de obras de infraestructura para Mexicali, lo avalamos con mucho gusto, pero no estamos de acuerdo”.

PIDEN CANCELAR PROYECTOS.

En reunión celebrada entre los diferentes organismos que integran el CCE, entre éstos el titulado por Jaime Navarro en la industria de la construcción; Luis Elizondo en la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda; Federico Díaz Gallego, del Consejo Coordinador Empresarial; Rodrigo Llantada -hasta ese momento presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex- y Miguel Ángel Torres, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), le dieron la espalda al Gobernador del Estado.

Apoyado por el CCE Mexicali, Rodrigo Llantada criticó el déficit financiero en cada año de la administración de Francisco Vega, calificándolo como preocupante.

La mala planeación financiera se refleja en la falta de pago a maestros, Poder Judicial, organismos autónomos, Colegio de Bachilleres del Estado, Universidad Autónoma de Baja California, entre otras entidades dependientes presupuestalmente del Estado.

El ex presidente de Coparmex Mexicali consideró que el gobierno de “Kiko” Vega debería cancelar proyectos como el C5i, la desaladora de Rosarito y el segundo piso en Tijuana.

“Fuera de toda lógica, pretender pagar estos proyectos con un fuerte aumento a los impuestos locales, nos parece fuera de lugar al tratar de resolver problemas de liquidez a través del aumento a impuestos; es una salida fácil y se corre el riesgo de inhibir nuevas inversiones en el Estado”, reflexionó, a la par de considerar que a lo largo de la administración estatal no se ha percibido un esfuerzo por controlar el gasto. “La situación del Estado es crítica, no lo decimos nosotros, es la opinión de las calificadoras sobre el desempeño”.

La gestión de Vega ha generado un déficit de casi 3 mil millones de pesos por año, los cuales resolvió a base de créditos.

“(Vega) Recibió la administración con 7 mil 265 millones de pesos en deuda registrada y hasta 2017, que fue hasta donde tuvimos acceso a la información, se tiene registrado un déficit de 11 mil 840 pesos, casi 4 mil millones de pesos a corto plazo que deberá pagar 90 días antes de que termine su administración” detalló el empresario.

Según la calificadora Moody’s, se obtuvo AAA (calificación más alta), degradándola a BA2 con perspectiva negativa y, ante este descenso, se están pagando intereses más altos. “En estas condiciones se puede llegar a que se exija el pago total de la deuda” aseguró Llantada.

Para los empresarios mexicalenses, las APP deberían realizarse pero con riesgo para los empresarios que decidan invertir y serán los principales beneficiados, y no para el Estado.

Al referirse a la APP de la desaladora en Rosarito, Rodrigo Llantada opinó que se encuentra sobredimensionada.

Respecto al segundo piso en Tijuana, opinó: “Ese está todavía peor, los estudios que se hicieron marcan dos cosas: primero, que la tarifa que estarían de acuerdo en pagar es de 5 pesos y no de 30 a 50 pesos, que es lo que pretenden cobrar, hay un estudio ahí, yo lo conozco, no lo van a pagar.

“El Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura) ofreció al Gobierno del Estado darle el 30 por ciento del valor del proyecto a fondo perdido con una condición: que se hiciera una licitación pública y transparente, pero el Gobierno del Estado no lo aceptó e insistió en hacer una APP”, argumentó Llantada, respaldado por representantes del CCE, para puntualizar:

“El primer año de la admiración (Gobierno del Estado) obtuvo ingresos por 33 mil millones de pesos, el año pasado obtuvo ingresos reales sin créditos, de 51 mil millones de pesos, es increíble que con más ingresos hubo más deuda y aun así persistió el déficit financiero”.

El REPRESENTANTE DEL CCE.

Por su parte, Federico Díaz Gallego dijo que desconocían la situación en que se encontraba en Estado. Fue en septiembre, a raíz de que no llegaban los “famosos” recursos extraordinarios, que se percataron de los problemas de administración.

“No somos los gobernantes tampoco, no podemos estar todo el día ahí”, justificó el presidente del CCE.

La última reunión que tuvieron con el Gobernador fue para explicarle que se oponían a los impuestos, pero se manipuló la información pública y, mediante una estrategia de comunicación, hicieron parecer que los empresarios mexicalenses estaban trabajando en coordinación y en la misma línea del gobierno.

“Nos oponemos al alza de impuestos, totalmente”, reiteró Díaz Gallego.

Mientras el consejero de Coparmex, Francisco Fiorentini, aceptó que fueron cómplices por omisión al no darse cuenta.

A decir por los empresarios, los números expuestos son los que públicamente ha manejado la administración, sin embargo, podrían existir adeudos no reconocidos, por lo que hicieron hincapié en la creación del Consejo Consultivo.

“TRABAJANDO COORDINADAMENTE”

A través de su página en la red social Facebook, el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid dio a conocer que se entrevistó con el CCE para abordar la propuesta de Ley de Ingresos:

“Sostuvimos un encuentro con representantes del Consejo Coordinador Empresarial de #BC para abordar la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio 2019, y lo relacionado con la situación que guardan las finanzas de la entidad. En este encuentro dimos a conocer la ruta de atención que llevamos a cabo para estos temas y acordamos establecer una mesa técnica para revisar los asuntos que tienen que ver con el proyecto de Ley de Ingresos del Estado. Juntos, trabajando coordinadamente sociedad y gobierno, continuaremos haciendo de Baja California un estado competitivo a nivel nacional e internacional”.

Al final, la presión de cúpula empresarial pesó sobre la estrategia financiera de Vega, quien dio marcha atrás en el impuesto a la remuneración del trabajo personal y a la creación de nuevos impuestos a la educación y la salud. Pero no recula en el alza a las tarifas de agua.