En 17 años, Petróleos Mexicanos
(Pemex) solamente construyó una Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR),
equivalente al 0.4 por ciento de la capacidad de almacenamiento en el país,
mientras que la demanda de combustibles aumentó 42.3 por ciento, lo que afectó
la seguridad energética nacional, destacó el Centro de Investigación Económica
y Presupuestaria (CIEP).
En su
estudio “Infraestructura de petrolíferos
afecta seguridad energética”, el CIEP precisó que de 2000 a 2017, es decir, en
los últimos tres sexenios, se construyó únicamente una TAR (Tapachula II)
equivalente a 0.4 por ciento del total de la capacidad de almacenamiento del
país. Por otra parte, en el mismo periodo, la demanda de combustibles
(gasolinas y diésel) creció 42.3 por ciento, a una tasa media anual de 2.0 por
ciento.
El análisis
realizado por el investigador Alejandro Limón Portillo subraya que la diversificación tanto de fuentes de energía, como de
infraestructura de producción, procesamiento, almacenamiento y distribución de
combustibles, juegan un papel importante en garantizar el abasto de energía a
la población.
De acuerdo
con el CIEP, la infraestructura de
petrolíferos (gasolinas, diésel, turbosina, gas licuado de petróleo, entre
otros) puede analizarse desde dos áreas: almacenamiento y transporte.
Actualmente, las 73 TAR que hay en México suman una capacidad operativa de 11
millones 971 mil 619 barriles, mismos que son transportados en 3/4 (76 por
ciento) por ductos.
Las TAR están distribuidas en
diversas regiones del país, cuestión que determina el tipo de suministro que
las alimenta, dada la cercanía a las refinerías y la geografía regional.
Por ejemplo,
mencionó el CIEP, las TAR de la zona
centro del país (considera Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Querétaro
y Estado de México), se alimentan en 96.8 por ciento por ductos y reciben 83.9
por ciento del producto de la refinería de Tula. Así, un conflicto en tal
refinería o en los ductos que transportan producto a la zona centro puede
afectar seriamente el abasto de dicha región.
Esto sugiere que, a mayor
diversificación de medios de refinación y de transporte, mayor seguridad
energética.
En regiones donde se presentan
condiciones de inseguridad, una mayor oferta de medios de distribución
incrementa la posibilidad del robo a combustibles, según el estudio. Tal es el
caso del conjunto de zonas denominado Sur-Golfo-Centro-Occidente que concentra
79.9 por ciento de la capacidad operativa del país.
“En esta región se transportan 3 mil
272 millones 200 barriles por día, por ductos que suman una longitud de 4 mil
962 kilómetros, que permiten el flujo desde el Golfo hacia el centro del país y
el Bajío, así como al Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec”, detalló.
LOS RIESGOS.
El informe
del CIEP indicó que los riesgos externos
de no tener infraestructura de almacenamiento se asocian con una balanza
comercial negativa de petrolíferos. Durante 2018 se ha importado 73.9 por
ciento y 66.8 por ciento de la demanda de gasolinas y diésel, respectivamente.
Entre los riesgos internos precisó
que la seguridad energética también se puede ver amenazada por la cantidad de
inventario que una región puede tener.
Estos números reflejan la cantidad de
días que las TAR de dichas regiones pueden satisfacer la demanda si se quedan
repentinamente sin producto. Esta situación se vio ejemplificada en las últimas
semanas con el desabasto de gasolinas a raíz de la estrategia del Gobierno en
el combate al robo de combustibles.
“Considerando que en la zona centro
del país se encuentra el 23 por ciento de las estaciones de servicio del país,
y que la capacidad de almacenamiento de combustibles en las TAR de la región es
menor a tres días, la seguridad energética de la zona se ve comprometida”, expuso el CIEP.
Según el
informe, el nivel de almacenamiento
recomendado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) para satisfacer la
demanda es tener como mínimo una capacidad de hasta 21 días. Sin embargo, el
promedio en México es de 7.5 días para gasolinas y 6.9 para el diésel.
Para motivar
a una mejora en niveles de almacenamiento, la
AIE (a la que México se adhirió en febrero 2018) recomienda que sus miembros
tengan en inventarios el equivalente a 90 días de importaciones netas, excepto
para los países exportadores netos.
A septiembre
2018, únicamente hay tres países con
estas características: Canadá, Noruega y México, lo que exenta al país de
cumplir dicha medida.
El CIEP señaló que la Política Pública de
Almacenamiento mínimo de Petrolíferos, publicada en septiembre de 2017,
establece que a partir del 1 de enero de 2020, los volúmenes mínimos requeridos
serán equivalentes a cinco días de ventas internas de gasolinas, diésel y
turbosina. Para 2022, el inventario mínimo aumentará a 8 días, y para 2025, a
11.
Para el
CIEP, más allá de revelar las redes de
delincuencia organizada en la distribución de combustibles, el desabasto de
gasolinas y diésel observado a inicios de 2019, se evidenció la falta de
diversificación de infraestructura de petrolíferos del país.
“La concentración de la demanda en
algunos sectores específicos de ciertas regiones en particular, que a su vez se
abastecen de una escasa oferta de opciones de suministro, reflejó la
vulnerabilidad en materia de seguridad de hidrocarburos. Por ejemplo, el caso
del sector transporte de la zona centro del país, alimentada en su mayoría por
poliductos provenientes de la refinería de Tula”, detalló.
Consideró
que para discutir una transición energética efectiva, el concepto de seguridad
energética debe integrar los diferentes sistemas de energía con sus respectivas
particularidades.
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