En el huachicoleo, complicidad de las fuerzas armadas.

Por Ana Lilia Pérez.

 Integrantes de las Fuerzas Armadas –institución que se encargará de la vigilancia de las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, también han participado en el robo de combustible.

No es la primera vez que se involucra a soldados en la vigilancia de Pemex. En el gobierno de Vicente Fox, la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) fue integrada básicamente con militares y exmilitares. Esta gerencia dependía de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, que es a su vez la segunda división más importante en el organigrama directivo, sólo por debajo de la Dirección General.

Así, durante el sexenio del panista, miembros de las Fuerzas Armadas recibieron la encomienda de vigilar ductos y otras áreas estratégicas de Pemex, como los accesos a las refinerías. Sin embargo, ello no fue garantía de que se combatiera el huachicoleo e incluso, de que no se involucraran en él.

Según informes internos de la GSSF –a los que tuvo acceso la reportera–, militares se vincularon en ofrecimientos económicos de grupos como Los Zetas para permitirles la ordeña directa en refinerías, de tomas clandestinas y de pozos de gas en la Cuenca de Burgos. También querían controlar a los ordeñadores y comenzar a cobrarles derecho de piso.

En 2011 el libro El cártel negro –de esta reportera– documentó que 44 empleados de la GSSF, donde laboraban militares y exmilitares, habían sido despedidos por su vinculación –por acción u omisión– en el robo de hidrocarburos. Por la Ley de Transparencia, Proceso solicitó saber quiénes eran esos empleados, pero Pemex decidió “reservar” sus nombres 12 años, por lo que no será hasta 2023 cuando se puedan conocer sus identidades.

Además, esos ofrecimientos económicos por parte de la delincuencia fueron registrados por los propios militares integrantes de la GSSF en las bitácoras que elaboraron sobre su día a día en las instalaciones de Pemex.

Una versión pública de esas bitácoras –que abarcan el periodo de 2001 a 2011, es decir, durante los gobiernos de Fox y Felipe Calderón– se obtuvo mediante la Ley de Transparencia.

Es ilustrativa la que se emitió el 29 de noviembre de 2007: los militares escribieron que un comando armado los interceptó cuando patrullaban San Pedro de las Colonias, en Coahuila. “Nosotros también fuimos gafes y aquí también traemos un kaibil”, les dijeron.

Los militares especiales, como se les denomina en Pemex, narraron que tras ofrecerles un fajo de dinero –que ellos dijeron haber rechazado–, les indicaron que estaban ordenando la plaza y controlando a los tapiñeros.

En ese periodo hubo incidentes similares en toda la Cuenca de Burgos y la región de Veracruz, según documentan las bitácoras.

La estructura original de Los Zetas, formada por exmilitares o militares en reserva, como Heriberto Lazcano Lazcano, se encargaba de coordinar el robo y comercialización de combustible a Pemex mediante lo que llamaron La Compañía, en la que también participaban los hermanos Treviño Morales.

La vigilancia de las instalaciones estratégicas por parte de las Fuerzas Armadas es uno de los dos ejes de la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustible e involucra a 4 mil efectivos del Ejército y la Marina desplegados en 58 áreas, que incluyen seis refinerías, 12 estaciones de rebombeo, 39 centros de distribución y un centro de control.

La estrategia contra el huachicoleo –que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el jueves 27– involucra a 15 dependencias del gobierno federal coordinadas por la Secretaría de Gobernación.

A la Secretaría de Hacienda (SHCP) y al Servicio de Administración Tributaria les tocará combatir el delito en materia fiscal, que resulta un punto clave ya que buena parte del mercado ilegal de hidrocarburos se opera mediante facturas y documentación apócrifas.

Un día después de expuesto el plan, la unidad antilavado de la SHCP, a cargo de Santiago Nieto, dio a conocer que presentó ante la Procuraduría General de la República la primera denuncia relacionada con operaciones de comercialización de combustible robado y lavado de dinero.