La titular
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena, pidió a
la Secretaría de la Función Pública (SFP) que no revelara sus datos
patrimoniales y posibles conflictos de interés.
El documento, que puede ser
consultado en el portal Declaranet –según el cual los datos fueron enviados
ayer–, estipula que la servidora “no aceptó hacer públicos sus datos
patrimoniales” y planteó: “No estoy de acuerdo en hacer público mi posible
conflicto de interés”.
También es el caso de Alejandro
Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, quien en la última década
fue diputado federal y senador, constituyente y líder del Congreso de la Ciudad
de México, además de jefe de gobierno, o de Ignacio Ovalle Fernández, ahora
titular de Seguridad Alimenticia Mexicana (Sagalmex), quien carga con un pasado
oscuro durante los gobiernos priistas de Luis Echeverría, José López Portillo y
Carlos Salinas de Gortari –en el que implementó el llamado “tortivale”–.
Jorge Mendoza Sánchez, quien el
pasado 30 de diciembre envió su declaración de servidor público como titular de
Banobras, tampoco aceptó que el público conociera sus datos patrimoniales. Ya
antes se había negado como director de Finanzas de la Comisión Federal de
Electricidad.
El 31 de
diciembre, Apro reveló que Olga Sánchez
Cordero, Esteban Moctezuma Barragán y Julio Scherer Ibarra –respectivos
titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP)
y de la Consejería Jurídica de la Presidencia– tampoco autorizaron a la SFP revelar
sus datos patrimoniales y posibles conflictos de interés.
En su
conferencia matutina, este jueves, el
presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los servidores públicos de
todos los niveles deberán dar a conocer su información patrimonial y la de sus
familiares para seguir en el gobierno, pues si bien reconoció que están en su
derecho de pedir a la SFP mantener en secreto sus datos, tendrán que
transparentarlos “por condiciones de índole moral”.
“El que no dé a conocer sus bienes
alegando que la ley no se los exige, no va a poder desempeñarse en este
gobierno”, sostuvo
el mandatario.
Muchos de los integrantes del
gabinete ampliado –secretarios, subsecretarios y titulares de organismos
autónomos– aún no han entregado sus declaraciones.
Entre los
funcionarios con cargos de secretarios o equivalentes cuyas declaraciones no
aparecen todavía en Declaranet destacan
varios integrantes del equipo más cercano de López Obrador, entre ellos Alfonso
Romo Garza, Jesús Ramírez Cuevas, Alejandro Esquer Verdugo, Lázaro Cárdenas
Batel y César Yáñez Centeno, así como Rocío Nahle y Alfonso Durazo, titulares
de las secretarías de Energía (Sener) y de Seguridad Pública (SSP),
respectivamente, y el procurador Alejandro Gertz Manero.
Algunos funcionarios que sí lo
hicieron, pidieron a la SFP, a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, que
no revelara sus datos patrimoniales a la ciudadanía.
Además de
los casos mencionados, destacan Genaro
Enrique Utrilla Gutiérrez, nuevo titular de Caminos y Puentes Federales
(Capufe), y Andrew Rhodes Espinoza, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp).
Otros dos funcionarios del gobierno
anterior que permanecieron en el gobierno actual aún no actualizan sus
declaraciones como servidores públicos, por lo que en Declaranet aparecen los
documentos de la administración de Enrique Peña Nieto en los que se negaron a
hacer pública su situación patrimonial y posibles conflictos de interés.
Es el caso de Fluvio César Ruiz
Alarcón, director de Pemex Exploración y Producción, en cuya declaración como
asesor de Pemex rechazó hacer pública su declaración patrimonial. Sin embargo,
dijo que no tiene posible conflicto de interés, lo mismo que Julián Ventura
Valero, ahora subsecretario de Relaciones Exteriores.
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