¿Estamos en guerra?

Raymundo Riva Palacio.

El formato de una conferencia de prensa donde diariamente habla con su tono monótono y largas pausas, acompañadas de su discurso descontextualizado y con medias abstracciones, impidió dar total dimensión a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el martes pasado. El gobierno, como lo describió, está en guerra contra el crimen organizado. Lo dejó ver al revelar que el lunes hubo sabotajes a la mayoría de los ductos de Pemex, que lograron ser neutralizados por la rápida acción de los trabajadores de Pemex. ¿Qué significa esto?

En primer lugar, si existió un ataque a todos los ductos en el país, plantear que hubo una acción coordinada de los cárteles mexicanos, que están involucrados en el robo de combustible, es más que una conjetura. Es cierto que pudo haberse tratado de una coincidencia, pero dada la escala del ataque que se sufrió, en el contexto en el que suman días de sabotajes salteados en el centro del país, la hipótesis de una embestida concertada habría que revisarla. En segundo lugar, si los trabajadores de Pemex actuaron rápidamente para neutralizar los sabotajes, significa que se encuentran en estado de alerta máxima, pues, de otra forma, no podrían haber reaccionado con la prontitud suficiente para impedir el sabotaje. Los trabajadores de Pemex no están actuando solos, cuentan con el respaldo y la protección permanente del Ejército y la Policía Federal.

La falta de información tras lo que dice el presidente no permite tener en cierto nada, salvo trazar las líneas generales de lo que está sucediendo en este país, donde la cruzada contra el huachicol, que afecta un negocio que el año pasado generó siete millones de dólares por hora –seis veces más que el intercambio comercial fronterizo entre México y Estados Unidos–, ha generado reacciones. Pero precisamente en este punto es donde se necesitan clarificaciones, porque hay contradicciones entre lo que dice el presidente y la dialéctica de los cárteles de la droga, que tienen en el huachicol un redituable negocio alterno.

En primer lugar, la alianza que sugiere la afirmación del ataque en un solo día a “la mayoría” de los ductos de Pemex. Esto revelaría que los enemigos a muerte, que están librando batallas en varias plazas del país, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, los que más intereses tienen en ese delito, negociaron una tregua para enfrentar la cruzada antihuachicolera lanzada por López Obrador. No hay ningún indicio, sin embargo, de que esto pueda ser cierto, que revelaría una mente más política que criminal. En todo caso, esto lleva al segundo punto, que es el estado de alerta en todas las instalaciones estratégicas de Pemex.

Describir someramente la alerta nacional para proteger ductos e instalaciones estratégicas de ellos, es un contrasentido. Por definición, el mejor ecosistema en el que se desenvuelven los cárteles es el estable, sin violencia, para que puedan realizar su negocio sin alteraciones ni afectaciones. Ningún cártel calienta su propia plaza, porque sería suicida para sus operaciones. Si los sabotajes fueron a “la mayoría” de los ductos, ¿por qué Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación pudieron haber decidido ir en contra de sus propios intereses?

Las utilidades son las que definen a los cárteles, no sus estrategias políticas para retar un gobierno. Entre menos enfrenten a la autoridad, mejor. Para eso las corrompen o amenazan, y, cuando no lo logran, su prioridad es no desatar la furia del Estado contra ellos, porque entienden que es algo que no pueden resistir. Las organizaciones criminales que se dedican al robo de combustible, dentro de la lógica del negocio ilícito, mantienen los flujos de hidrocarburos para poder succionarlo de los ductos y venderlo, por lo que no es creíble que, en un cambio por completo de filosofía delictiva, sean los responsables de dañar su propia fuente de ingresos multimillonarios por un arrebato contra el gobierno.

López Obrador dijo en su conferencia del martes que “los grupos que tienen el negocio y que no dejan de hacerlo, nos sacaron de operación la mayoría de los ductos, nos los pincharon, provocaron fugas, en algunos casos peligrosas, nos sacaron de operación cuatro veces el Salamanca-Guadalajara y el Tuxpan-Azcapotzalco, que ya habíamos logrado estabilizar”. Una vez más: ¿los dos cárteles actuaron concertadamente para lastimar a un gobierno, pero, sobre todo, para afectar sus actividades delictivas? No tiene mucho sentido.

Los cárteles no realizan sabotajes a las fuentes de sus ingresos. Quienes hacen sabotajes en ductos, como lo hizo en 2007 en tres estados el Ejército Popular Revolucionario, son los grupos armados. El sabotaje busca afectar el aparato productivo o los bienes de producción, que es propio de movimientos políticos, no de organizaciones criminales que quieren lo contrario. El presidente no piensa lo mismo. Es la delincuencia organizada, resistiendo la cruzada contra el huachicol, la que presiona y amenaza, afirmó. Sin embargo, no hay información concreta de ningún jefe criminal que esté siendo investigado por el robo de combustible. Las investigaciones son contra exfuncionarios, políticos y empresarios. ¿Por qué reaccionarían los capos de las mafias si no se sienten perseguidos? Ni siquiera en el discurso presidencial ha habido referencias directas a ellos.

La guerra contra el crimen organizado lanzada por el presidente López Obrador es muy opaca en este momento y necesita clarificaciones. El punto de partida es el desdoblamiento de lo que dijo el martes en Palacio Nacional. Necesitamos saberlo para entender el tipo de guerra que enfrentaremos los mexicanos, si es frontal contra las bandas criminales, o si es aquella indispensable para construir consenso para gobernar.