Alcaldes de distintas partes del país
denunciaron, durante las audiencias públicas para debatir la creación de una
Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, que mientras sus fuerzas de policía
operan con múltiples carencias, los recursos federales destinados para ellas
sufren de recortes, retenciones y reglas injustas para su repartición.
No solo eso.
Revelaron que hay poca o nula
coordinación con gobiernos estatales, que existen zonas bajo total control
criminal, que múltiples empresas cierran ante el acoso del crimen, y que ellos
mismos trabajan con amenazas de muerte.
Los presidentes municipales, en su
mayoría, respaldaron la creación de la Guardia Nacional con un mando civil,
pero al mismo tiempo criticaron lo que consideraron es una visión “centralista”
de la nueva administración federal en la política de seguridad, e insistieron
en que es necesario trabajar coordinadamente con gobiernos estatales y locales.
De 16
alcaldes que participaron en este segundo día de audiencias de Guardia Nacional
en San Lázaro, solo dos, la alcaldesa de
Chihuahua y el alcalde de Nezahualcóyotl, consideraron que la creación de la
Guardia Nacional no es necesaria y que, por el contrario, se pueden explorar
alterativas como apostar al desarrollo policial o a mejores políticas públicas.
Los
recursos: pocos, mal distribuidos y hasta retenidos.
En su
intervención en la audiencia pública, el presidente
municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, denunció el recorte presupuestal de
aproximadamente el 20% en los subsidios de seguridad destinados para los
municipios con alta incidencia delictiva en 2019.
“La Guardia Nacional es un componente
de la estrategia de seguridad pero no es el todo. La apuesta debe ser por la
prevención y esa es una tarea que primordialmente le corresponde a los
municipios. Pero de poco ayuda que entonces el gobierno federal nos haya
recortado en este año el 20% de los recursos del fondo destinado para la
seguridad en municipios”, dijo.
Animal
Político publicó en diciembre pasado que, en efecto, el presupuesto de
seguridad destinado a municipios en el ejercicio 2019 había descendido de cinco
mil a cuatro mil millones de pesos.
Laura Lynn Fernández, alcaldesa de
Puerto Morelos, Quintana Roo, y presidenta de la Conferencia Nacional de
Municipios de México A.C. (CONAMM), señaló que el recorte de los subsidios a
los municipios ha sido sistemático en los últimos años, situación que es
crítica ya que las policías municipales carecen de recursos suficientes para
profesionalización, capacitación, equipamiento, inversión en nuevas
tecnologías, etcétera.
La alcaldesa
denunció además que hay municipios que,
por no tener una incidencia delictiva tan elevada, no tienen acceso a ningún
subsidio en la materia. En esto coincidió también el alcalde de Mérida,
Yucatán, Renán Barrera Concha, quien dijo que el dinero no solo es poco sino
que está mal distribuido.
“Está totalmente mal diseñado el
mecanismo de distribución de estos recursos. Hay incentivos perversos para los
municipios. Si tienes altos índices delictivos tienes más recursos, pero si
bajas esos índices de inseguridad recibes menos recursos. Pareciera que el
premio por hacer bien las cosas es recibir menos presupuesto. La forma de premiar a los municipios debería
ser con recursos, tal vez para temas de reconstrucción del tejido social, temas
culturales, de prevención, para invertir en los propios policías que están
dando resultados positivos”, dijo en entrevista luego de participar en la audiencia.
El
presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, Ismael del Toro Castro, acusó que en 2019 no solo enfrentan el recorte
en recursos para seguridad, sino que además el subsidio se encuentra totalmente
retenido por la federación.
“El FORTASEG, como se le denomina
ahora al fondo, está concentrado en la Secretaría de Seguridad Pública
(federal) y no tenemos ahorita cuando menos claridad, reglas de operación o
cómo se va a poder acceder a ese recurso.
No hay ruta para las reglas de operación ni fechas, ni en este fondo ni
en ningún otro, al que podamos tener acceso”, dijo.
El alcalde dijo que en el caso de Guadalajara el poder
contar con recursos es primordial para varias cosas vitales, como incrementar
el estado de fuerza de la policía. Dijo que actualmente tienen un déficit de al
menos 1 mil 500 agentes, para llegar a la media internacional de 3 policías por
cada mil habitantes.
El alcalde
de Morelia, Michoacán, Raúl Morón
Orozco, quien también denunció falta de recursos, dijo que tiene actualmente
600 policías cuando, por lo menos, se requieren de 2 mil agentes en su ciudad.
Los alcaldes agrupados en la CONAMM
denunciaron que del 100% de los recursos que sus ciudades generan vía impuestos
y se envían al nivel federal, solo regresa a los municipios el 4% en subsidios
y participaciones, cuando en países como Suecia el retorno a las ciudades es de
más del 90% de lo que generan.
Imperio del
crimen.
Los alcaldes reconocieron en las
audiencias la presencia y dominio del poder criminal en varias regiones. La
presidenta del municipio de Solidaridad (Playa del Carmen) en Quintana Roo,
Laura Esther Beristain Navarrete, dijo que el multihomicidio de 7 personas en
un bar de la localidad el pasado 6 de enero es una muestra de la violencia a la
que enfrentan.
“Y yo desde que asumí en el gobierno
estoy amenazada de muerte. Hay hombres armados rondando todo el tiempo”, dijo la alcaldesa.
El alcalde
de Tepic, Nayarit, Francisco Castellón
Fonseca, aseguró que hay zonas del país bajo completo control criminal, donde
ni las fuerzas federales ni el Ejército pueden entrar. Pidió no olvidar,
además, que los propios alcaldes están en una situación vulnerable.
“El homicidio impune de presidentes
municipales que lamentablemente ocurre con frecuencia pone en predicamento a
todo el orden constitucional, y es un desafío al Estado Mexicano. La protección
de los alcaldes, por su investidura, debe ser uno de los objetivos de la
estrategia de seguridad”, dijo Castellón.
La alcaldesa
de Acapulco, Guerrero, Adela Román
Ocampo, mencionó que en su ciudad “miles de negocios” han cerrado o han sufrido
graves pérdidas económicas, debido a las extorsiones y cobro de derecho de piso
del crimen organizado. Aseguró que la violencia que se padecía antes en zonas
periféricas se extendió al centro del puerto y ya ha alcanzado, incluso, a
zonas turísticas.
Escasa o
nula coordinación.
Algunos alcaldes se quejaron
públicamente de la falta de coordinación en esquemas de seguridad con el gobierno
de sus propios estados. Por ejemplo, el alcalde de Morelia, Raúl Morón,
denunció que la administración del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles,
no les ha dado acceso a las cámaras del Centro denominado C5
“Trabajamos muchas veces a ciegas. Se
necesita compartir inteligencia pero es algo que (el gobierno del estado) nos
niegan. No nos dan ningún acceso al C5”, dijo.
Una situación similar denunció la
alcaldesa de Solidaridad, Quintana Roo, quien dijo que ni el gobernador de ese
estado, Carlos Joaquín González, ni su secretario de Seguridad Pública aceptan
reunirse con ella para trabajar en conjunto, y dijo que tampoco se les da
acceso al Centro de Control llamado C4, donde se opera la videovigilancia de la
Riviera Maya.
La alcaldesa
de Acapulco, por su parte, señaló que ha
tenido dificultades en los tres meses de su administración con el gobierno
estatal, situación por la cual han optado por coordinarse solo con la Marina.
Guarda
Nacional sí, recortes y centralismo no.
La mayor parte de los presidentes
municipales aceptaron la creación de una Guardia Nacional que apoye en los
trabajos de combate al crimen en el país, pero expusieron varias dudas y
reservas enfocadas, principalmente, en lo que consideran una intención de
“centralizar” una función de seguridad que corresponde primariamente a los
municipios.
El
presidente municipal de Guadalajara, Ismael
del Toro, dijo que el dictamen de reforma constitucional en materia de Guardia
Nacional, como se encuentra actualmente, invade atribuciones de autoridades
locales al avalar, por ejemplo, el uso desde la federación de policías
auxiliares locales. Además se deja a la nueva fuerza que se pretende crear
facultad de acción sin un control operativo a cargo de civiles.
“Prácticamente se está dando un cheque
en blanco para que la Guardia Nacional se apropie de funciones que
constitucionalmente le corresponden a estados y municipios”, dijo el alcalde.
En
representación del presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, el
secretario de Seguridad Pública de esa ciudad, Ricardo Realivazquez, dijo que ellos “dicen sí a la Guardia Nacional”
pero “no a la subordinación”. Subrayó que el trabajo debe ser coordinado.
Enrique Vargas del Villar, alcalde de
Huixquilucan, Estado de México, y presidente de la Asociación Nacional de
Alcaldes ANAC, dijo que preocupa la “ausencia total” de un plan o estrategia
para fortalecer a las policías municipales. Subrayó que no debe optarse por una
visión centralista que desplace a los municipios sino que, por el contrario, se
apueste a fortalecer y equipar a las corporaciones locales.
“La creación de la Guardia no
justifica en ningún caso restar recursos a los gobiernos locales. Se debe de
garantizar que no se afectarán las participaciones de recursos a los municipios
para cubrir los costos de esta nueva fuerza”, señaló.
La
presidenta municipal de Puebla, Claudia
Rivera Vivanco, pidió que si se contempla con la Guardia Nacional etiquetar
recursos que se destinaban para seguridad en los estados, los mismos deben de
mantenerse para que municipios los puedan emplear en otras tareas de
prevención, como la recuperación de espacios públicos.
En general, todos los alcaldes
subrayaron que debe prevalecer una visión de federalismo y respeto a los tres
niveles de gobierno en la estrategia de seguridad que se implemente. Además, al
igual que lo hicieron los gobernadores en la audiencia del pasado martes,
señalaron que la dirección de la Guardia Nacional debe recaer en un mando
civil.
Varios de
los alcaldes, y diputados de oposición presentes en la audiencia, expresaron además su preocupación respecto
a que hasta ahora no se conocen iniciativas relacionadas con las tres leyes
complementarias que, una vez aprobada la reforma constitucional en materia de
Guardia Nacional, deben presentarse y aprobarse en un plazo no mayor a 60 días.
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