Por Jesusa
Cervantes.
Gobernadores del PRI respaldaron la
creación de la Guardia Nacional, pero bajo modelo híbrido.
El
Revolucionario Institucional cuenta con 45 diputados federales, de los cuales
Morena puede echar mano para lograr la aprobación de la nueva figura en la
Cámara de Diputados.
“Los gobernadores priistas estamos de
acuerdo en impulsar la Guardia Nacional (…) pero debe ser híbrida y revisarse
el método de evaluación”, adelantó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y actual
vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Comisión Nacional
de Gobernadores (Conago).
En el primer
día de los foros para analizar la conveniencia o no de crear una Guardia
Nacional, mandatarios panistas se
opusieron de tajo al dictamen que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó
en diciembre pasado, mientras que los priistas abrieron la posibilidad de
respaldar la propuesta de Morena.
Pero, aunque los priistas se manifestaron en una
primera posición, a favor, también es cierto que señalaron tres aspectos
preocupantes: que la Guardia Nacional participe en la investigación de los
delitos, por considerar que eso sólo debe competir a las fiscalías; que no se
elimine a los policías auxiliares y que la evaluación de las policías estatales
y municipales no quede bajo el peligro de retirarles el dinero federal que se
les entrega para su entrenamiento.
“Esperamos del Constituyente
Permanente una reforma que disponga la creación de la Guardia Nacional bajo los
más estrictos criterios de respeto a las soberanías estatales, privilegiando la
coordinación, el trabajo conjunto con pleno respeto a los derechos humanos”, sostuvo el gobernador de Campeche,
Alejandro Moreno y actual presidente de la Conago.
El trabajo de la Guardia Nacional con
militares al frente no debe ser de carácter permanente sino temporal, y
gradualmente pasar a un mando civil “como garantía para el respeto de los
derechos humanos”,
dijo.
La Conago entregó a la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados un documento de análisis sobre el dictamen de la
Guardia Nacional donde alerta sobre cambios necesarios en tres artículos: 21,
89 y el séptimo transitorio.
Héctor
Astudillo, gobernador de Guerrero, y su homólogo de Colima, José Ignacio
Peralta Sánchez, ambos priistas, desgranaron las dudas.
El artículo 21 de la Constitución,
dijo Astudillo, establece que la Guardia Civil hará investigación de delitos,
lo que debe estar solo en manos de las fiscalías.
El séptimo transitorio es riesgoso,
expuso Peralta, porque el consejo de seguridad interior puede decidir sobre los
policías estatales, intervenirlos, desaparecerlos y hasta quitarles el dinero
que se entrega en materia de seguridad si no resultan bien evaluados; y el
artículo 89, añadió, faculta al ejecutivo a reglamentar a las fuerzas de
seguridad en los estados, lo que puede vulnerar el ámbito de competencia de las
entidades.
Astudillo destacó que “dejar la situación como está
sería irresponsable… vale la pena encaminar para el nacimiento de la Guardia
Nacional. No debe militarizarse la seguridad pública, pero se tiene que empezar
con ellos. La Guardia Nacional no sólo es necesaria sino urgente, pero hay que
revisar tres leyes fundamentales: la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la
ley sobre el uso de la fuerza y la ley sobre el registro de detenciones”.
El también
priista gobernador de Colima, y quien fue impulsado por José Antonio Meade para
dicho cargo, José Ignacio Peralta,
advirtió un peligro en que la Secretaría de Seguridad Ciudadana esté a cargo de
la parte administrativa y la Sedena de la parte operativa:
“Esta dualidad es poco clara y puede
ocasionar conflictos. Debe haber mayor claridad en su mando”, dijo.
También demandó recursos extras a los estados, pues
los cambios constitucionales prevén la realización de monitoreos a través de
los conocidos C4, los cuales pasarán al sistema de información central.
En tanto, el gobernador de Zacatecas, el priista
Alejandro Tello, aclaró que la opción “no es mando militar sino civil” y
propuso fortalecer la figura del policía de proximidad “aunque en este dictamen
se desaparecen”.
Se opuso a la permanencia del
Ejército), “tiene que ser algo pasajero”, y dijo que además debe haber
fiscalización a la guardia, pero en manos de civiles “y la iniciativa no lo
contempla”.
El
gobernador de Michoacán, único ejecutivo
del PRD, Silvano Aureoles, hizo un mea culpa público: recordó que él votó a
favor de la Ley de Seguridad Interior “porque mientras se requiera al Ejército
se le debe legalizar su participación”. Y consideró que la participación del
Ejército debe “ser temporal y transitoria”.
Sobre este
punto, el gobernador de Jalisco, postulado por Movimiento Ciudadano, Enrique
Alfaro, acusó que la participación de la
Guardia Nacional y del Ejército en tareas de seguridad pública no es
transitoria, “la verdadera intención no es transitoria sino permanente” y
sostuvo que “debe permanecer la seguridad pública bajo el mando civil”.
El panista
Javier Corral, ejecutivo estatal de Chihuahua, se manifestó en contra desde el inicio de su intervención: “este es el
modelo equivocado que no hay que aprobar”.
“Si la Ley de Seguridad Interior fue
un error, la Guardia Nacional, sobre todo subordinada a la Sedena, es un error.
Es un error más grave que los intentos de Calderón y Peña Nieto de militarizar
la seguridad pública”.
El panista se manifestó a favor de
una Guardia Civil “con instrucción militar”. Y no se debe romper la supremacía
de lo civil sobre lo militar, sostuvo Javier Corral.
En tono similar se manifestó el
también gobernador panista por Durango, José Rosas Aispuro. En tanto que el
gobernador de Tamauipas, Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, advirtió que
“estamos a favor de una suma de esfuerzos con la federación, pero no se debe
entender como subordinación o sometimiento de los gobiernos estatales”.
Aceptó que muchos gobiernos estatales
se han mantenido en un estado de confort y pidió que el dictamen incluya un
transitorio donde se haga una asignación de elementos de la policía federal a los estados.
Mañana
participarán presidentes municipales; el jueves, viernes y sábado participarán
investigadores, organismos empresariales e integrantes de la sociedad civil.
El periodo
extraordinario para aprobar la Guardia Nacional se realizará los días 16 y 17
de enero próximos. Por tratarse de una reforma constitucional se requieren dos
terceras partes de los votos de los presentes; es decir, si asisten los 500
diputados, Andrés Manuel López Obrador necesita de 333 votos.
El bloque
Morena-PES y PT cuenta con 314 votos, más 11 del PVEM suman 325 votos; aun así,
el partido en el poder requiere de ocho votos más que tendrán que ser de la
oposición. Pueden ser algunos de los 45 del PRI u 11 de la fracción del PRD.
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