El gobierno de Yucatán denunció que,
tras revisar casi dos mil carpetas del proceso de entrega-recepción de la
administración anterior, se detectaron faltantes por aproximadamente 533
millones de pesos en varias dependencias.
Por ello, anunció que el próximo 14 de enero se
interpondrán seis denuncias ante los organismos fiscalizadores
correspondientes.
En una
conferencia de prensa con motivo de los primeros cien días del gobierno de
Mauricio Vila Dosal, las titulares de la
Secretaría de Gobierno, María Fritz Sierra, y de la Contraloría Estatal (SCGEY),
Lizbeth Basto Avilés, informaron que se preparan otras denuncias por faltantes
de bienes muebles, diferencias de inventarios y discrepancias administrativas.
Basto Avilés
explicó que esas 26 denuncias se están
integrando para presentarlas el 14 de enero ante la Vicefiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
Añadió que las irregularidades se
detectaron principalmente en las secretarías de Educación, Administración y
Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y
Fomento Turístico, así como en los Institutos de Seguridad Social al Servicio
de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSSTEY) y del Deporte (Idey).
También en los institutos de
Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy) y para el Desarrollo y
Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), el Colegio de Bachilleres
(Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto
Tecnológico Superior de Progreso (ITSP)y el Hospital Comunitario de Peto.
Como
ejemplo, expuso que en la Secretaría de
Educación se detectaron 758 bienes muebles y tecnológicos faltantes; en el caso
del sector salud, no aparecen 260 bienes, entre ellos una incubadora, equipo e
instrumental médico y de laboratorio, bienes informáticos, mobiliario y equipo
administrativo.
Adelantó que están en proceso de
revisión e integración de otras siete carpetas de investigación que se abrieron
por diversos faltantes e irregularidades financieras en las secretarías de
Desarrollo Rural (Seder) y Desarrollo Social (Sedesol).
Además, en los Institutos de Infraestructura
Carretera de Yucatán (Incay) y para la Construcción y Conservación de la Obra
Pública (Inccopy), así como otras más en la Secretaría de Salud, éstas se
extenderían a un monto de 160 millones de pesos.
Resaltó que, adicionalmente, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivado de la revisión de la Cuenta
Pública del ejercicio 2017, ordenó iniciar una investigación para fincar
responsabilidades administrativas de 43 casos de programas como Escuelas al
Cien, el Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Social y de
Aportaciones a los Servicios de Salud.
Al respecto,
comentó que, de acuerdo con las
facultades la dependencia a su cargo, se harán las tipificaciones
correspondientes a los funcionarios involucrados por las presuntas
irregularidades cometidas y turnará a la Auditoría Superior del Estado de
Yucatán (ASEY) para que aplique las sanciones correspondientes.
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