Guanajuato: Fiscal Carnal y ¿diputados carnales?

Por Arnoldo Cuellar.

A lo largo de las últimas legislaturas de mayoría panista en Guanajuato, cada vez que la oposición ha planteado hacer comparecer a un funcionario del Poder Ejecutivo para explicar decisiones políticas o resultados de las mismas, la cortesía ha sido negada una y otra vez por la línea del gobernador en turno y acatamiento de los diputados de su bancada.

Sin embargo, la memoria es flaca y los líderes de la “oposición” que cobra en el Congreso de Guanajuato no tuvieron empacho para aceptar esta semana una invitación del secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala, a un comedido desayuno con el procurador del Estado, Carlos Zamarripa, a quien el PAN ha ofrecido ya pleno apoyo para que se convierta en Fiscal General con todas las facilidades para que transite al cargo en automático.

Con escaso sentido de la oportunidad, con absoluto desapego a las formas políticas y quizá olvidando que forman parte de un Poder Soberano, allá fueron los jefes de las bancadas parlamentarias a una encerrona en las oficinas del procurador Zamarripa que se prolongó mucho más del desayuno, por ocho largas horas, mostrando que no solo es el funcionario más poderoso del gobierno, sino también que carece de respeto alguno por las agendas ajenas.

Algunos diputados de la oposición salieron a comentar de manera subrepticia en los medios que “Zamarripa no los había convencido” y que “pidieron al gobernador que abriera el proceso de designación del nuevo Fiscal”.

La situación es deplorable, si el diálogo entre los Poderes de Guanajuato ocurre en desayunos privados (¡de ocho horas!), en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia, como si el Congreso no tuviera un costoso palacio legislativo pletórico de salas de junta que le costó al pueblo de Guanajuato cerca de mil millones de pesos.

Deja mucho que desear este episodio sobre la calidad de la democracia que tenemos en Guanajuato. La reedición del viejo presidencialismo priista vive aquí uno de sus ejemplos más emblemáticos.

Hoy, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez tiene pleno ascendiente sobre el Poder Judicial, sobre el Legislativo, sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública. El problema es que no parece saber para qué quiere tanto poder y a menudo nos damos cuenta de que sigue atado a los compromisos a los que le obligó su predecesor y padrino político, el ex gobernador Miguel Márquez.

Porque el enorme margen de maniobra de Sinhue hasta ahora solo ha servido para ratificar a funcionarios de la pasada administración y para refrendar compromisos como el de las compras de medicamento a los mismos proveedores que se enriquecieron el sexenio pasado dando un pésimo servicio a los derechohabientes del Seguro Popular en Guanajuato.

Probablemente los diputados de oposición en Guanajuato, con la excepción de Ernesto Prieto de Morena, fueron con la mejor buena fe a tomar el desayuno ofrecido por el procurador y candidato a fiscal carnal, pero no podían dejar de lado que ya sus compañeros panistas tomaron una definición de la que los han excluido: no iniciar procedimiento alguno para someter a votación la designación del Fiscal General y validar a Zamarripa, acogiéndose a la fórmula peñanietista del pase automático.

Con ese precedente, haber aceptado la invitación del procurador para ser convencidos de “los resultados” de su gestión, suena a ingenuidad, a burla o, quizá peor, a complicidad.

¿Es que acaso los diputados del PRI, PVEM y PRD no escucha a sus gobernados? ¿No leen los diarios? ¿No tienen acceso a las estadísticas más elementales?

Para saber que Guanajuato se encuentra en una crisis de inseguridad no hace falta mucha ciencia. Ayer mismo, mientras los legisladores saboreaban las viandas servidas por Zamarripa, junto con su propaganda, en el estado aparecían 40 mantas con mensajes de un grupo delincuencial conteniendo amenazas contra sus rivales.

Ayer mismo, mientras “nuestros” diputados se saciaban de café y PowerPoint, se publicaban reportajes periodísticos sobre un caso documentado y confirmado de tortura practicada por elementos bajo las órdenes de Carlos Zamarripa. También se conocía de la acusación al ministerio público de estar protegiendo a los elementos de las fuerzas estatales que mataron un migrante en San Miguel de Allende y luego lo criminalizaron para justificar su asesinato como “uso legítimo de la fuerza”.

Y si algo faltara, en el fin de semana en que se cocinaban los arreglos para la encerrona de los diputados con el procurador, se expuso en medios el caso de un oficial de la policía estatal que trató de abusar de una menor de edad en Pueblo Nuevo, sin que la agencia local del Ministerio Público haya aceptado la denuncia debido a que “el delito no se concretó”, lo que permitió al elemento quedar en libertad con el pago de una multa por ebriedad.

¿Se habló de eso en la reunión de los legisladores con Zamarripa, Ayala y el propio Diego Sinhue Rodríguez, quien arribó al final para culminar la faena? Parece ser que no. Aparentemente la extensa charla se redujo a escuchar lo maravillosa que es la versión oficial sobre lo que en realidad pasa en Guanajuato.

Carente de contrapesos políticos, ya ni los empresarios se resisten al fiscal carnal local pues reservan sus denuncias para el fiscal carnal de AMLO, la sociedad de Guanajuato verá prolongarse los males que la han venido aquejando, mientras cada vez más ciudadanos tienen que hacerse cargo de que su seguridad depende de ellos mismos, pues al estado no parece interesarle nada más que la defensa de sus propios privilegios.