HR Ratings revisó a la baja la
calificación para el estado de Baja California, debido al deterioro observado
en el balance primario que mantiene una tendencia deficitaria en los últimos
años.
La calificación que determina HR
Ratings para la entidad gobernada por el panista Francisco Vega de Lamadrid,
conocido como “Kiko Vega, es de HR BBB+. Esto significa que el estado ofrece
moderada seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene
moderado riesgo crediticio, con debilidad en la capacidad de pago ante cambios
económicos adversos.
El signo “+” otorga una posición de fortaleza
relativa dentro del mismo rango de calificación.
En los últimos meses de 2018 se
registró la falta de pago por parte del Gobierno estatal hacia algunas
dependencias como el Instituto de Pensiones del Estado (ISSSTECALI), el
Tribunal Estatal de Justicia así como a personal de los institutos del Deporte
y la Cultura Física, De la Juventud, De la Mujer y De Transparencia, según
reportó el semanario Zeta.
Una
situación que no había sucedido en los gobiernos panistas de Baja California y
que derivó en la calificación asignada por HR Ratings.
De acuerdo
con el reporte de la calificadora, la
tendencia deficitaria en los últimos años se ha visto reflejado en el continuo
uso de financiamiento a corto plazo por parte de la entidad, así como en el
crecimiento de las Obligaciones Financieras sin Costo (OFsC).
Al cierre de
2017, el Balance Primario reportó un
déficit equivalente a 3.2 por ciento de los ingresos totales, esto a pesar del
crecimiento que se observó en los Ingresos de Libre Disposición (ILD) del
estado de 14.4 por ciento para 2017.
No obstante,
explicó la calificadora, el crecimiento
del Gasto Corriente provocó que el estado reportara un déficit por 3.2 por ciento
de los ingresos totales.
HR Ratings estima que la falta de liquidez que
presenta la entidad se vea reflejada en que las Obligaciones Financieras sin
Costo continúen incrementándose, así como en que continúe el uso de
financiamiento a corto plazo, lo cual ha impactado el Servicio de la Deuda a
los Ingresos de Libre Disposición del estado en los últimos ejercicios.
LA DEUDA.
La deuda directa de Baja California
ajustada a diciembre de 2017 fue de 12 mil 458.1 millones de pesos, mientras
que septiembre de 2018 se incrementó a 12 mil 595.0 millones de pesos.
Lo anterior,
debido a la adquisición de financiamiento
adicional a largo plazo por 800 millones de pesos durante 2018, a través de dos
financiamientos: Bancomer 370 millones de pesos y Banorte, 430 millones de
pesos.
Con estos
datos, la deuda directa ajustada a
septiembre de 2018 estuvo compuesta por 10 mil 531.6 millones de pesos de deuda
estructurada a largo plazo y 2 mil 063.4 millones de pesos de financiamiento a
corto plazo.
Asimismo, la deuda a corto plazo representó en
promedio 22.5 por ciento de la deuda directa ajustada del estado en 2016 y
2017, y se vio reflejado de manera importante en el nivel del servicio de la
deuda del estado, el cual representó 19.2 por ciento de los ingresos de libre disposición
en 2017.
HR Ratings explicó que de acuerdo con la última
valuación actuarial al Instituto de Pensiones del Estado (ISSSTECALI), al
cierre de 2017 el personal de magisterio no cuenta con periodo de suficiencia.
Debido al convenio de pago realizado por el estado con el ISSTECALI, las
Obligaciones Financieras sin Costo de la entidad pasaron de 5 mil 979.2
millones de pesos en 2016 a 7 mil 734.7 millones de pesos para 2017.
LA CRISIS EN
LA ENTIDAD.
La última
catorcena de octubre y la primera de noviembre de 2018, el Gobierno de “Kiko” Vega dejó de enviar los recursos para la
administración y operación de seis dependencias y un poder del Estado: Cobach.
Cecyte, Instituto estatal Electoral, Instituto de Transparencia, Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, Tribunal de Justicia Alternativa al Poder
Judicial.
Desde pagos por 300 mil pesos hasta
por 20 millones de pesos, se dejaron de suministrar con el argumento, por parte
de la Secretaría de Finanzas hacia los titulares de las dependencias, que no había
dinero porque se utilizó para el pago a maestros –que van a un nuevo paro por
las mismas razones-, y porque los recursos extraordinarios por parte del
Gobierno federal no habían llegado a las arcas estatales.
Lo cual indica que los recursos
ordinarios, etiquetados por el Congreso del Estado para ser ejercidos por el
Gobierno estatal y entregados a las dependencias y poderes, fueron desviados de
su propósito original para el pago de otros servicios o productos.
La falta de
pago, que no había sucedido en los gobiernos panistas de Baja California y
mucho menos en la cantidad económica y de instituciones que se deja de recursos,
hizo crisis la última semana de
noviembre, cuando en las instancias no tuvieron dinero suficiente para pagar
los sueldos de los trabajadores.
Para apoyar
a la administración de “Kiko” Vega –que oficialmente termina el 31 de octubre
de este año–, el Gobierno federal
destinó mil 300 millones de pesos de recurso extraordinario en 2018, con lo que
se pudo pagar aguinaldos de magisterio estatal activo, prima vacacional y
algunas prestaciones pendientes, incluyendo el bono de 22 por ciento para
maestros federales y el pago del mes de noviembre y aguinaldo a maestros
jubilados estatales, informó el lunes el Secretario de Planeación y Finanzas,
Bladimiro Hernández Díaz.
El recurso total se dispersaría en
los próximos días, por lo que pidió a los docentes dar por terminadas las
protestas y toma de instalaciones del Gobierno estatal.
Según
Hernández, también se les depositarían
los pagos correspondientes al Poder Judicial para la catorcena y aguinaldo; los
Órganos de Fiscalización Superior del Estado también recibieron sus pagos, así
como personal de los institutos del Deporte y la Cultura Física, De la
Juventud, De la Mujer y De Transparencia.
Sin embargo,
la ayuda de los mil 300 millones de
pesos por parte del Gobierno federal no fue suficiente para cubrir los adeudos
del gobierno estatal, según consignó el semanario Zeta.
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