La cruda de enero.

Por Francisco Ortiz Pinchetti.

Elementales como han sido siempre mis finanzas personales, nunca me ha preocupado la llamada “Cuesta de Enero” que implica el arranque económico de un nuevo año, con riesgos siempre de inflación, desabasto y conflicto. Nunca sentí como ahora el sobresalto de estos primeros días. Una desazón permanente que me impide dormir bien y que al amanecer se manifiesta como una angustia soterrada. Y no es ninguna cuesta: Soy víctima de una cruda infame, que nada tiene que ver con excesos etílicos decembrinos.

Mi cruda es fruto de una saturación de noticias acumulada durante los últimos seis meses y particularmente en los últimos 30 días del fenecido 2018. Los mexicanos hemos padecido una congestión informativa que no tiene precedentes en nuestra historia. Y ahora recién despertamos.

Los prolegómenos y el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han resultado en una borrachera colosal. El saldo –la cruda– es agobiante. Como si su mandato fuera a durar sólo dos o tres meses, el tabasqueño ha desplegado una actividad inusitada que ha incluido lo mismo el incumplimiento flagrante de algunas promesas de campaña como el regreso de los militares a sus cuarteles, que numerosos traspiés, contradicciones, arbitrariedades, pifias, ineficiencias, descalificaciones, rectificaciones y desencantos. Nunca fue más exacto el símil de “chivo en cristalería”. Los albores de enero nos sorprenden con una serie de interrogantes que no tienen respuesta. Eso se llama incertidumbre.

El Presidente más poderoso de las últimas cinco décadas cumplió ya con varias de sus ofrecimientos electoreros, es cierto. Todos ellos son medidas efectistas, como bajarse el sueldo, retirarle la pensión a los ex presidentes, mandar a volar el avión que no lo tiene ni Obama, disminuir impuestos en la frontera norte, fijar un incremento al salario mínimo, enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados que derogar la Reforma Educativa e iniciar el combate al huachicoleo.

Pareciera que todas sus acciones –incluidos la cacareada austeridad republicana con sus drásticos recortes– están encaminadas a hacer económicamente posible el arranque de los programas sociales (como los subsidios al campo, la pensión universal a los viejos, las becas para jóvenes) encaminadas a mantener el sustento popular a su mandato. Por principio, con vistas a la elección intermedia de 2021. Es claro: Le recorta recursos al desarrollo para invertirlos en acciones populistas.

Resultan muy preocupantes sus decisiones en torno a la cancelación del NAICM en Texcoco, que además del altísimo costo que representa cancela para el país amplias expectativas de crecimiento y conectividad aeroportuaria. También la opción por convertir el aeródromo militar de Santa Lucía en una terminal aérea alternativa, sin estudios previos y proyecciones que la avalen mínimamente.

Reduce el presupuesto destinado a la promoción turística, incluida la supresión del Consejo respectivo y el programa de Pueblos Mágicos, cuando esa actiuvidad que genera 22 mil millones de dólares al año debería ser prioridad fundamental de nuestra economía. Y, en cambio, impone el proyecto del Tren Maya en la península de Yucatán sin acatar los mínimos requisitos de Ley, como el contar con estudio de viabilidad e impacto ambiental y sin consultar de verdad a las comunidades indígenas que defienden su territorio, sus selvas y sus culturas ancestrales. Y desdeña sin más la oposición a ese proyecto por parte del EZLN.

Las consultas gansito con la que AMLO ha tratado de transferir al “pueblo sabio” esas y otras decisiones suyas no resulta en nada tranquilizador. Nos indica un estilo de gobernar poco serio, basado en simulaciones burdas, sin el menor rigor científico ni respeto a la Ley y también sin el menor recato. Parece gobernar a base de ocurrencias y caprichos, sin apegarse ni a su propio “proyecto alternativo de Nación”.

Más graves son por supuesto sus actitudes autoritarias como la creación de los superdelegados estatales del gobierno Federal para controlar política y económicamente a los gobernadores, las descalificaciones frecuentes  (casi diarias)a los medios de comunicación que considera contrarios, la imposición de una Guardia Nacional que constituye una militarización abierta y formal del país y que contradice sus propias posiciones al respecto y sus críticas a los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Postula el combate a la corrupción como eje fundamental de su gobierno y a la vez promueve la impunidad a través del “perdón” a los presuntos corruptos, para luego prometer una “consulta” para determinar si procede o no contra los ex presidentes de la República… ¡aunque a partir de su anunciada convicción de no hacerlo!

A la decisión plausible de acabar con los abusos de altos funcionarios públicos y limitar el máximo de sus ingresos, ha acompañado medidas que implican el despido de miles de trabajadores de estructura en diversas dependencia federales, como el SAT, Gobernación, Economía y Fepade, así como la anunciada y cuestionada mudanza de secretarías de Estado a entidades de la República, sin ninguna explicación que las justifique y sin alguna planeación integral.

Sorprenden y asuntan los inopinados recortes al campo, a la cultura, al medio ambiente, entre otros rubros.  Y la intención de meter tijera también a los recursos de las universidades públicas, aunque ante la amenaza de movilización de maestros, trabajadores y estudiantes se haya dado marcha atrás.

Las declaraciones precipitadas e irresponsables de diversos funcionarios de alto nivel –casi todos cuestionados por sus antecedentes–, las contradicciones entre ellos, los errores y correcciones cotidianos, la descalificación de los críticos, el desdén hacia otras opiniones incluidas las de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil tampoco abonan nada a un clima de confianza y certidumbre que debiera regir el inicio del nuevo Gobierno. El caso Puebla ha sido una aberración política y mediática de principio a fin.

Y lo más preocupante de todo, aterrador diría yo: la evidente decisión del Presidente de ejercer el poder sin contrapesos, por encima de la división de poderes y de la Ley misma, como ha ocurrido hasta ahora con la designación de fiscales y magistrados y con decisiones del Legislativo en cuestiones torales como la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2019, tomadas a partir del mayoriteo a la me canso ganso y la ausencia premeditada y autoritaria de debate parlamentario.

Pienso que sobran razones para este sobresalto de principios de año. Han sido demasiados los ingredientes de esta borrachera que hoy nos hace despertar con nauseas, escalofríos, dolor de cabeza y otros síntomas de una tremenda cruda. Y temo que no bastará un clamato ni un buen menudo picoso para aliviarla.