Acusaciones de secuestro, golpizas,
venta de plazas, desvío de recursos y tráfico de combustible, aparecen en un
expediente de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) de 1982, sobre la
forma en que ha operado el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero
Deschamps.
El informe
en poder del diario Reforma, de 256 fojas, incluye
la narración de un secuestro ocurrido el 8 de abril de 1982, en contra de José
Luis Rodríguez Quezada, que entonces era coordinador del propaganda del
Movimiento Independiente Liberal de Trabajadores Petroleros.
José Luis fue detenido
arbitrariamente, golpeado e interrogatorio, supuestamente por órdenes de Romero
Deschamps. Los hechos ocurrieron el 8 de abril de 1982. El disidente fue
secuestrado por policías judiciales que lo trasladaron en un Ford LTD, de
Naucalpan, en el Estado de México, al entonces Distrito Federal.
El disidente fue recluido en unos
separos en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con la información publicada por el diario, José Luis fue detenido
por sus vínculos con Armando Moisés Fuentes, un amigo que trabaja en la refinería
de Tula, Hidalgo, mismo que habría intervenido en las labores políticas del
líder de los petroleros, según le dijeron los policías que lo secuestraron.
Durante su
detención, José Luis fue golpeado e
interrogado, luego lo abandonaron en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Río
de la Loza.
El informe
de la DFS incluye datos sobre la
historia del líder petrolero, que fue investigado por la corporación a partir
de noviembre de 1977, cuando se postuló como candidato para ser el Secretario
general de la sección 35 del sindicato de los petroleros.
Cuando fue
Diputado, Romero recibió acusaciones de
saqueo de combustible en la refinería de Azcapotzalco a través de pipas de
doble fondo, supuestamente de su propiedad. Ante esa acusación, el
superintendente de la refinería defendió al líder petrolero.
No es la única acusación por la que
el máximo líder del sindicato petrolero ha sido señalado, en la primera etapa
como legislador, Romero Deschamps también fue acusado de ordenar golpizas y
secuestros a adversarios políticos, así como desviar fondos del sindicato y utilizarlos
en campañas políticas, señala Reforma.
El diario cita un informe de la DFS, de abril de
1982, donde se como líder de la sección 35, se le entregó a Salvador Barragán
Camacho un cheque de un millón de pesos para su campaña como Senador. Práctica
similar a la que el PRI utilizó en el llamado Pemexgate.
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