Por Dulce
Olvera.
El cinco
veces Secretario de Estado, José Antonio
Meade Kuribreña, lleva una semana tuiteando sobre los costos de la cancelación
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El día de la consulta
hizo pública su preferencia por el proyecto de Texcoco. Este fin de semana tuvo
un intercambio con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), Javier Jiménez Espriú, y el lunes el Secretario de Turismo, Miguel
Torruco Márques, también le cuestionó.
El también ex candidato presidencial
priista tiene sus propias cuentas pendientes evidenciadas ya por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y por las mismas cifras de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en materia de deuda pública e inversión
–heredadas también de su amigo Luis Videgaray Caso– y en su desempeño como
titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
“Podría seguirle dando vueltas, pero
mejor pongamos número a la casa. Dejar de hacer el aeropuerto nos cuesta 145
mil millones de dólares. (Para iniciados: tasa de descuento del 15 por ciento
real, y como costo, la mitad de la diferencia de aportación al PIB entre
construirlo o no)”,
tuiteó el ex titular de Hacienda.
Días
después, el economista insistió: “Hoy no
estoy haciendo planas, sino cuentas. El que quiera revisar, recalcular,
refinar, de donde salen los 145 mil millones de dólares, acá pueden verlo (una
entrada en Facebook)”.
El lunes el
titular de Turismo escribió: “Muy
curioso el activismo de @JoseAMeadeK con sus cifras. Mejor que nos aclare por
qué no detectó, como titular de @SHCP_mx, los miles de millones de pesos de
tanta transan que lograron poner a México en el penoso lugar 135 de las 170
naciones más corruptas del mundo ¿?” (sic).
Los usuarios
de Twitter ya le habían cuestionado su
presunta complicidad con las irregularidades en el desvío de recursos de la
Secretaría de Desarrollo Social y la de Desarrollo Territorial y Urbano
(Sedatu) enviados por su Hacienda y detectado por la Auditoría Superior de la
Federación en la gestión de Rosario Robles Berlanga.
El ingeniero
Jiménez Espríu se limitó a responderle
por la misma red social: “La ‘enorme pérdida’ -145 mil millones de USD- que el
ex Candidato presidencial y Ex Secretario de HyCP, José Antonio Meade le asigna
a la cancelación del NAIM, son ‘las cuentas alegres de un hombre triste'”.
Su tuit también generó rechazo entre
algunos usuarios por omitir la cifra oficial del costo de la cancelación o por
no responderle sobre el informe del Colegio de Ingenieros Civiles de México
sobre la factibilidad del NAICM frente a la propuesta en la base militar de
Santa Lucía.
Más allá de
las reacciones, Meade acumuló sus
propias cuentas durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Social (28
agosto 2015 – 6 septiembre 2016) y en la de Hacienda y Crédito Público (7
septiembre 2016- 27 noviembre 2017) antes de lanzarse como candidato
presidencial y quedar en el tercer lugar de la preferencia electoral.
LOS NÚMEROS
EN SEDESOL.
José Antonio
Meade estuvo a cargo del combate a los
niveles de pobreza que se han mantenido en promedio en la mitad de la población
mexicana durante los últimos treinta años de neoliberalismo, modelo económico
por el que apostó el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), alma
mater del ex Secretario de Sedesol del 28 de agosto de 2015 al 6 de septiembre
de 2016.
Se pasó a la
Secretaría de Hacienda con observaciones
de la Auditoría Superior de la Federación sobre la mala implementación de la
Cruzada Nacional contra el Hambre.
Las cifras
oficiales publicadas en vísperas de las elecciones presidenciales muestran una
reducción en niveles de pobreza y población cuyo ingreso es menor a la línea de
bienestar (canasta alimentaria y servicios básicos).
En 2014, 55.3 millones de mexicanos vivían en
pobreza (46.2 por ciento de la población) y en 2016 se redujo a 53.4 millones
(43.6 por ciento). Además, de 63.8 millones (53 por ciento) por debajo de la
línea de bienestar de 2014 se pasó a 62 millones (50 por ciento).
Sin embargo,
antes de ser dadas a conocer, el Consejo
Nacional para la Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval),
institución que emite estas cifras, advirtió ajustes en la metodología del
levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), clave para
su medición.
Tras la
polémica hace dos años, se emplea el Modelo Estadístico de Continuidad
Histórica, que muestra la evolución del ingreso de los mexicanos e incorpora
los elementos de la ENIGH que no fueron modificados.
Sin embargo,
el investigador del Colegio de México, Julio Boltvinik Kalinka, aseguró en ese entonces a este medio que
ese Modelo estuvo “cocinado” para poder anunciar que el número de pobres
disminuyó en los últimos dos años, ya que solo es una proyección.
Boltvinik ha
trabajado durante años en cálculos alternativos a los del Coneval y con los
datos que hay, aseguró que la cifra de
pobres actual no es de 43.6 por ciento de la población, sino de 45.1 por
ciento, cuatro décimas menores a la de 2014, cuando la pobreza se ubicó en 45.5
por ciento.
LAS
IRREGULARIDADES EN SEDESOL.
A Meade Kuribreña también lo
persiguen las auditorías de su antecesora en la Sedesol, Rosario Robles
Berlanga (1 diciembre 2012- 27 agosto 2015). Y las propias de 2016 al frente de
la dependencia.
La ASF observó durante el periodo de gestión de
Robles que se realizaron adjudicaciones directas de Sedesol a universidades
públicas o institutos de educación para diversos servicios, a pesar de que no
poseen la capacidad técnica, material ni humana para cumplir con lo contratado.
Dichas instancias pagaban a terceros
por los servicios, lo que generaba sobrecostos o en otros casos no se contó con
la evidencia de la realización por parte de los proveedores. Algunas empresas
no fueron localizadas y de otras se presume su vinculación con actos
irregulares.
La Auditoría
Superior de la Federación le observó
probables daños al erario público por 6 mil 558 millones de pesos en las
Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015 en programas y contratos de esta
dependencia.
A su llegada
a la Sedesol, le reclamaron usuarios de
redes este fin de semana, Meade Kuribreña omitió investigar las
irregularidades. Asimismo, acumuló
las de su administración reveladas en 2017 y 2018 por el órgano fiscalizador en
la Cuenta Pública 2016.
“En opinión
de la Auditoría Superior de la Federación, a
cuatro años de la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la
Sedesol, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la
Cruzada contra el Hambre, no acreditó que dicha estrategia constituyó una
solución estructural y permanente para atender el problema de la prevalencia de
la pobreza extrema alimentaria”, concluyó sobre la gestión de Meade.
De los cinco componentes que debieron
integrar el SNCH, en 2016 no operaron tres; la dependencia no sustentó que los
6.1 millones de personas que identificó y registró fueron pobres extremos
alimentarios; no acreditó el presupuesto que se destinó a la Cruzada Nacional;
no comprobó en qué medida se atendieron las carencias de cada una de las
personas en pobreza extrema alimentaria, ni que su atención permitió que
abandonaran esa situación.
También recibió observaciones sobre el mal diseño
del programa de comedores comunitarios y de seguro de vida para jefas de
familia.
LOS NÚMEROS
EN HACIENDA.
Tras la
salida de Luis Videgaray Caso de la Secretaría de Hacienda por el escándalo de
la visita de Donald Trump, su amigo Meade Kuribreña tomó el cargo del 7 de
septiembre de 2016, año de turbulencias económicas, al 27 de noviembre de 2017.
No pudo hacer mucho frente a un monto
de deuda pública total que orilló a las calificadoras internacionales a emitir
un semáforo amarillo. Pero se benefició con los remanentes otorgados por el
Banco de México (Banxico).
Videgaray le dejó un saldo de deuda total histórica
de 9 billones 797 millones de pesos, el 48.5 por ciento del PIB en 2016. Ese
año, Banxico obtuvo 321 mil millones de remanentes gracias a las remesas
valuadas en dólares, en ese entonces arriba del piso de los 20 pesos por uno,
de los cuales Hacienda empleó el 70 por ciento para saldar una parte del
endeudamiento.
Para 2017, el año de gestión de Meade, la deuda quedó
en 10 billones 031 millones de pesos, el 46.4 por ciento del PIB. A la par de
este endeudamiento en cifras rojas, la desaceleración en inversión pública se
reflejó en un crecimiento promedio anual de 2 por ciento (2.92 por ciento de
PIB en 2016 y 2.07 por ciento en 2017).
De acuerdo
con los datos de Hacienda, de 2016 a
2017 la inversión pública sufrió un recorte de 40.6 por ciento al pasar de 80
mil 262.50 millones de pesos a 50 mil 901.80 millones de pesos.
Solo a
desarrollo social se le recortó el 71.2 por ciento y quedó en 12,081.7 millones
de pesos frente a los 39,295.7 millones de pesos de 2016.
Estos gastos
programados en inversión ya estaban establecidos en el Paquete Económico 2017
que le dejó por entregar la Hacienda de Videgaray.
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