El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador se ha embarcado en una empresa sin retorno. Su decisión de ir en contra
del millonario y tolerado robo de combustibles lo tiene ahora con las mismas
probabilidades del éxito que del fracaso, aunque ha empezado a pagar costos por
la escasez de gasolina porque está afectando la vida cotidiana y los ingresos
de miles de personas.
Ni sus peores críticos cuestionan su
propósito de actuar en contra del robo de las gasolinas. Lo que no está claro
es la manera en que se tomó y operó esa decisión. Lo que ha dicho es que se
cerraron ductos en el centro y el sur del país, incluidos los que abastecen a
la capital y sus alrededores, en donde se da gran parte de la actividad económica
del país. Pero no sabemos cuántos ductos fueron cerrados ni por cuánto tiempo
más.
Una segunda medida fue el despliegue
del Ejército y la Marina para tomar refinerías y centros de distribución. En
palabras de la Marina esa presencia es “para poner orden”.
Como tercer paso, intervino el
sistema de monitoreo de presión de los ductos para registrar dónde se han
colocado las válvulas de extracción clandestina.
Pero hay dudas si la escasez obedece
también a la decisión de bajar la importación de gasolinas desde Estados Unidos.
López Obrador ha sido un severo crítico de esas compras.
Llama la atención que cuando apenas
empezaba a tomar acciones en contra del llamado huachicoleo, una enorme tarea
que requiere mucha planeación, el presidente salió a anunciar que el combate a
ese delito empezó hace dos semanas, el 21 de diciembre pasado.
López
Obrador colocó el tema cuando la agenda estaba dominada por la caída del
helicóptero en el que iban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su
esposo, el senador y exgobernador de ese estado, Rafael Moreno Valle.
Desde los
primeros momentos en que se registró la caída, el 24 de diciembre, empezó a
pagar un costo político por su constante descalificación pública hacia el
matrimonio que se había hecho del control político del estado.
Entre la
tarde de ese lunes y hasta la mañana del jueves 27 de diciembre, el presidente
había perdido el control de la agenda. Y sin aparente relación con el hecho, la
recuperó al colocar el tema del robo de combustible, delito en el que Puebla
destaca entre los principales lugares del país. Lo dijo pero no lo dijo.
Ya embarcado en esa tarea, el
gobierno ya no se puede echar para atrás. Ya ha a comenzado a hablar de, por lo
menos, omisión de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña,
en cuyos 18 años de gobierno el delito se desbordó.
Ha mencionado que hay tres ex altos
funcionarios de Pemex investigados, además del general Eduardo León Trauwitz,
ex escolta de Peña Nieto, como encargado que fue de la Subdirección de
Seguridad Estratégica de Pemex durante el gobierno pasado.
Los señalamientos del presidente
podrían sugerir la existencia de un esquema de delincuencia organizada desde el
propio gobierno desde hace lustros y que han causado millonarias pérdidas para
el Estado mexicano. Además, el gobierno federal ha referido el congelamiento de
cuentas relacionadas con el delito.
Preocupa que el propio presidente
diga que su estrategia está siendo saboteada cuando el jueves aseguró que
delincuentes “bloquearon” el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, en la Ciudad de México.
Para marcar
una verdadera diferencia, el gobierno de
López Obrador tendrá que deshacer las estructuras que han permitido ese robo.
De forma transparente deberá exponer sus componentes gubernamentales,
policiales, militares, empresariales y sociales, y sus vínculos con el
exterior. No basta ya con mostrar a los jefes de las bandas. Tendrá que actuar
también contra los delincuentes de cuello blanco.
De otra manera, le pasará lo que a
Calderón con su guerra al narcotráfico. Un fracaso con un alto costo social que
lo único que garantizó fue la espiral de violencia de la que no sale el país,
además de mantener los altos precios de la droga.
No vaya a
ser que como ese ex presidente, solo le esté pegando al panal.
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