Mitos y verdades del recorte a universidades.

Por Ernesto Villanueva.

Nadie en su sano juicio podría argumentar que la reducción de recursos públicos a la educación superior es plausible; antes bien, es grave y perjudica a toda la sociedad. No hay duda. Es necesario, empero, desglosar ese mensaje –que tiene buena acogida pública– para exhibirlo de cuerpo completo y ver que es más una ilusión óptica que una realidad pura y dura.

Primero. Desde hace tiempo y de manera más reciente las universidades públicas, al amparo de la “autonomía” (la mayor parte legal, no constitucional) han ejercido recursos sin mayores límites que su propia imaginación. De entrada, una parte sustantiva de las universidades incumple –sin consecuencias negativas– sus obligaciones de transparencia, imprescindibles para llevar a cabo un ejercicio de rendición de cuentas. La información en sus portales suele estar atrasada o no existe, lo que crea un caldo de cultivo para la corrupción y la impunidad, con las honrosas excepciones de siempre.

Segundo. Estas universidades han generado un espíritu de cuerpo para posicionar mensajes con medias verdades y mentiras completas: “¿Cómo es posible un recorte a la educación superior?”, preguntan y acusan. Pero no explican cómo se ejercen esos recursos públicos. Tampoco dicen, como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a dónde han ido a parar los recursos públicos recibidos y que nunca llegaron al núcleo sustantivo de una universidad: la docencia y la investigación. Esa parte, la de las explicaciones de por qué están como están financieramente hablando, pretenden dejarla debajo de la alfombra y se concentran en el más efectista mensaje del “recorte a la educación”, que así dicho despierta empatía por el desconocimiento de lo que hay detrás.

Tercero. No se dice, por ejemplo, que varias de las universidades que más gritan por recursos no lo hacen en razón y medida de mejorar la calidad educativa, sino de mantener los privilegios de sus directivos; rectores que se autoasignan sueldos y viáticos superiores incluso a los de los secretarios de gobiernos estatales; compra de consumibles y mantenimiento de equipo de cómputo que pueden justificarse con la simple firma del empleado útil para esos propósitos; lavado de dinero con instituciones públicas y privadas mediante el que reciben recursos económicos, cobran una comisión y regresan la parte restante al socio, como lo ha puesto al descubierto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en muchas universidades, especialmente en la UMSNH.

Cuarto. El dirigente de los trabajadores de la UMSNH, Eduardo Tena, ha demostrado cómo el dinero que llega de la federación y del gobierno del estado se esfuma por los negocios del rector, Medardo Serna, y su operador financiero, Héctor Pérez Pintor, quienes en un solo rectorado han puesto en crisis no sólo las finanzas, sino la viabilidad de esa importante universidad, en perjuicio de trabajadores, académicos y estudiantes, sin que pase absolutamente nada. Esa impunidad genera incentivos para que se reproduzcan esas reprobables acciones y esto es lo que se debe atacar.

Quinto. En la actual circunstancia del país las universidades públicas deben abstenerse de financiar equipos de futbol profesional, así como todas aquellas actividades que escapan de sus propósitos esenciales: docencia, investigación y difusión cultural. Todo lo demás lo pueden y deben llevar a cabo otras instituciones públicas, si hay recursos para ello, a efecto de evitar duplicidades en tiempos de austeridad que demandan de todos poner su parte en la construcción de un nuevo régimen que reduzca gradualmente las graves asimetrías que laceran a la sociedad mexicana y cuyo statu quo se ha reproducido décadas enteras.

Sexto. Se deben ampliar de manera real y efectiva las labores de la ASF para que ex ante y ex post esta institución audite los recursos públicos de las universidades e instituciones públicas de educación superior a fin de iniciar un nuevo ciclo de comportamiento, de tal suerte que la corrupción no se traduzca en impunidad sino en sanciones que inhiban la comisión de conductas ilícitas o delictivas. Las nuevas normas jurídicas que se están aprobando en el Congreso de la Unión en esta materia se dirigen a ese propósito. Ojalá, por el bien de todos, que ahora sí el deber ser del derecho y el ser, las conductas castigables, transiten por un mismo sendero.

Séptimo. Casi todos los académicos y trabajadores que dependen de un único ingreso para vivir tienen pavor no sólo de denunciar actos de corrupción en sus universidades, sino incluso de hablar de ellos. Por esta razón debe crearse un buen sistema legal de whistleblowers (informantes internos que señalen probables actos de corrupción y cuya identidad se proteja, además de que pueda recompensárseles con un porcentaje de lo recuperado o de lo que se evitó que “desapareciera”. Pero, debe aclararse, el perfil de este tipo de informantes no tiene nada que ver con los testigos protegidos, quienes son delincuentes “arrepentidos”, pero delincuentes al fin), para facilitar las labores de la ASF y la próxima Fiscalía Anticorrupción. El objetivo es reducir, por aproximaciones sucesivas, la corrupción y la impunidad (las cuales incluso han llegado a ser incluidas en las propias normativas internas para darles un barniz de legalidad). Tengo la certeza de que si esto se pone en práctica, podrá hacerse mucho más y mejor con mucho menos.