Algunos de los integrantes del
gabinete de Andrés Manuel López Obrador confiesan tener lujosas colecciones de
libros, exquisitas obras de arte y abultadas cuentas bancarias, mientras que
otros apuntan hasta estufas, refrigeradores y secadoras. A juzgar por sus
declaraciones patrimoniales, los amlistas ricos no parecieran ser tan ricos, ni
los colaboradores modestos, tan modestos.
Entre los
bienes que se detallan hay algunas cosas curiosas:
Una colección de libros de tres
millones de pesos, comprada en el último día de 2017, por Javier Jiménez
Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Una lavadora, una secadora, una
estufa y refrigerador son algunas de las posesiones de Irma Eréndira Sandoval,
Secretaria de la Función Pública, quien también tiene un reloj de 50 mil pesos.
La encargada de combatir la corrupción declaró cuentas bancarias por 1 millón
359 mil 222 pesos, otras por 23 mil dólares y una más con 6 mil 63 euros.
Hay más: Una colección de obras de arte valuada en
500 mil pesos, en manos de Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura. Una cuenta
con 38 mil 496 dólares a nombre de Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de
Hacienda y Crédito Público. Un posible conflicto de interés por parte Luisa
María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, quien es socia de la
Escuela de Derecho Ponciano Arriaga.
Caso
peculiar el de Román Meyer Falcón,
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –e hijo del
historiador Lorenzo Meyer–, quien sólo registra un refrigerador de 10 mil 500
pesos en el rubro de muebles, además de un departamento de 2 millones 400 mil
en inmuebles. No tiene auto, pero enlista cuentas bancarias por 2 millones 835
mil 394 pesos.
Dos miembros
del equipo son percibidos como miembros de la élite financiera. El primero, Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de
Presidencia, quien de acuerdo con la revista Forbes llegó a ser “uno de los
hombres con mayor fortuna de México”, se tardó en presentar su declaración
patrimonial. Lo acaba de hacer el 16 de enero, de forma parcial, y en ella sólo
reconoce cuentas bancarias por 5 millones 34 mil 041 pesos.
Por su
parte, Miguel Torruco Marqués,
Secretario de Turismo, es hijo de María Elena Marqués, leyenda del cine
nacional. Su hija, María Elena Torruco, está casada con Carlos Slim Domit, cuyo
padre, Carlos Slim Helú, alguna vez fue considerado el hombre más acaudalado
del mundo. En su declaración patrimonial (parcial) pone casas, joyas, autos e
inversiones, pero sin mencionar el valor.
TODAVÍA
FALTAN ALGUNOS POR BAJAR CUENTAS.
Así son las
fortunas de algunos de los integrantes del gabinete de López Obrador, según las
declaraciones patrimoniales que entregaron a la Secretaría de la Función
Pública al iniciar sus cargos. El tiempo ya corre en contra. La Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos indica que, después del
nombramiento, hay 60 días para entregar el documento. Hasta ahora, no lo han
hecho: Jesús Ramírez Cuevas (Coordinador General de Comunicación Social), César
Yáñez (Coordinador General de Política y Gobierno) y Gabriel García Hernández
(Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo), los tres adscritos
a Presidencia.
Hace seis
años, justo en enero de 2013, los miembros del Gobierno de Enrique Peña Nieto
presentaban sus declaraciones. En esos
patrimonios, lo que sobresalía eran las casas y los terrenos. Miguel Ángel
Osorio Chong (entonces Secretario de Gobernación) declaró poseer cuatro
terrenos y un departamento adquiridos de contado y el titular de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
Enrique Martínez y Martínez declaró una casa, 16 terrenos y un edificio. A
algunos como a Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social, le
pareció importante declarar que en ese momento, no tenía casa a su nombre.
Cuatro de los 17 titulares de
dependencias federales la presentaron pública con Felipe Calderón Hinojosa
(2006-2012). El resto la cerró a la consulta de los ciudadanos. Los datos que
sobresalen en ese sexenio son las dos tarjetas de crédito en dólares de
Abelardo Escobar Prieto, quien había sido nombrado Secretario de la Reforma
Agraria; los dos terrenos de casi 2 mil metros cuadrados, cada uno, que recibió
en herencia Rodolfo Elizondo Torres, Secretario de Turismo; los créditos
hipotecarios que tenía en ese momento por una casa y un departamento, Beatriz
Zavala Peniche, quien tuvo el encargo de la Secretaría de Desarrollo Social, o
el que tenía Germán Martínez Cázares, Secretario de la Función Pública, por su
casa de 289 metros cuadrados de construcción. Ahora, como titular del IMSS, su
declaración patrimonial está hecha de forma parcial.
TIENEN
DERECHO A LA OPACIDAD, PERO…
Desde 2002,
cuando se configuró de manera legal la declaración patrimonial en la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la
discreción de los bienes y sus valores ha sido un lugar común. Publicada en el
micrositio Declaranet plus -un archivo que permite las búsquedas por nombre del
servidor público-, la misma Ley le da derecho a los funcionarios a no hacer
público el documento o presentarlo sólo de manera parcial para la consulta
ciudadana.
Comparados los cuatro arranques de
Gobierno, el paisaje aún es opaco si a los servidores públicos se les ve a
través del espejo de sus declaraciones patrimoniales y su voluntad de
informarle a los ciudadanos lo que poseen y cómo evoluciona su peculio. Dos
secretarios de Estado en el gabinete de AMLO no quisieron hacer pública su
declaración patrimonial, un número mayor que el mostrado por el equipo de
Enrique Peña Nieto (2012-2018) en el mismo momento político. Hace seis años,
todos los titulares de dependencias federales entregaron el documento con
carácter público, aunque de manera parcial; es decir, sin precisar el valor de
sus propiedades. Con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), la
mayoría cerró su fortuna a la consulta.
Presentar cerrada o parcial la
declaración da cuenta de la resistencia de los servidores públicos mexicanos
para dar a conocer sus fortuna y posibles conflictos de interés ante los
ciudadanos. Y las lecciones han sido duras al respecto. Fueron justo las
omisiones e inconsistencias en este documento las que pusieron contra la pared
a los miembros del gabinete de Peña Nieto en la compra de casas adquiridas de
manera inexplicable.
En 2014,
Organizaciones no Gubernamentales entablaron una batalla legal y le pidieron al
Congreso de la Unión un marco jurídico que le ordenara la máxima publicidad del
documento en aras de mayor efectividad en el combate a la corrupción. Querían
que los ciudadanos pudieran consultar el documento sin excepciones y también
que se incluyera patrimonio, intereses y obligaciones fiscales, la llamada Ley
3de3. Pero no lo lograron y el formato quedó tal cual. Así, en México, ser
transparente o no respecto a la fortuna ante los ciudadanos depende de cada
funcionario.
LOS QUE SE
CERRARON CON AMLO.
Un día antes
de entregar su declaración patrimonial y de que apareciera en Declaranet plus,
el Presidente López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que sólo
trabajará en su Gobierno quien haga pública la declaración patrimonial. “El que
no los dé a conocer, alegando de que la ley no se lo exige, no va a poder
desempeñarse en este Gobierno. Transparencia es transparencia”, exclamó con
tono tajante. Luego exclamó: “Me patea el hígado saber que organismos como
Transparencia Internacional nos (coloquen) en el sitio 135 en corrupción”.
Hasta ahora,
de los 21 integrantes del equipo de AMLO
mencionados aquí, dos decidieron no hacer pública su fortuna ante los ciudadanos.
Nueve aceptaron desglosarla por completo y siete lo hicieron de manera parcial.
Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y Josefa González Ortiz Mena,
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cerraron por completo su
patrimonio ante los ojos de los ciudadanos. Y tres funcionarios de la
Presidencia antes mencionados no lo han hecho todavía.
DECLARACIONES
POR
COMPLETO: 9
PARCIAL: 7
CERRADA: 2
FALTAN: 3
TOTAL: 21
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