Georgina
Morett.
Los partidos
de oposición en México continúan pasmados después de su derrota electoral de
julio de 2018, y si esta incapacidad se mantiene es seguro que perderán en las
próximas elecciones que se llevarán a cabo a mediados de este año en seis
estados.
El PAN, que
es el que tiene más que jugar en la jornada electoral de 2019, ya que los
comicios se llevarán a cabo en estados que gobierna, tendrá que ser mucho más
reactivo si quiere reposicionarse.
Tuvieron que
pasar cinco días desde que inició el desabasto de gasolina, para que los
panistas recordaran el ADN de defensa ciudadana que los movilizó durante años y
que finalmente los llevó al poder en el año 2000.
Fue hasta
ayer que su dirigente nacional, Marko Cortés, habló de apoyar a los ciudadanos
que quieran demandar al gobierno federal por el desabasto de gasolina que
afecta a 10 entidades del país.
El dirigente
de la principal oposición culpó de manera directa al presidente Andrés Manuel
López Obrador del desabasto de combustible, y señaló que su partido prepara la
ruta jurídica para orientar y apoyar a los ciudadanos que presenten denuncias
contra el gobierno.
Lo cual nos
muestra que sus reflejos como partido de oposición para volver a acercarse al
electorado que los abandonó en las pasadas elecciones, están todavía muy
lentos.
En la
conferencia de prensa de ayer, Marko Cortés ni siquiera tuvo la claridad para
explicar a los ciudadanos la ruta jurídica para demandar al gobierno, y señaló
que harán un formato con todas las características legales y lo pondrán a
disposición de la sociedad “para que de forma individual pueda presentar su
queja ante estos lamentables hechos”.
Es decir,
apenas están buscando los mecanismos jurídicos y antes de esto, al igual que los
demás partidos políticos, a lo único que se habían dedicado es a hacer
declaraciones que no los acercarán con los ciudadanos, que ya mostraron su
hartazgo.
En
definitiva el desabasto se ha convertido en una oportunidad que dejó pasar la
oposición.
Golpeteo en
Quintana Roo.
Mientras en
el Congreso continúan las audiencias sobre la Guardia Nacional, los costos
sociales de la delincuencia se utilizan para el golpeteo político, como es el
caso de Quintana Roo, en donde el gobernador Carlos Joaquín culpa de la
violencia a la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristaín.
Y utilizar
algo tan sensible para la población como la delincuencia para hacer
proselitismo electoral se puede convertir en un verdadero problema para
cualquier gobierno.
En Quintana
Roo habrá elecciones del Congreso local en este año, y después del triunfo
obtenido por Morena en el país en las pasadas elecciones, se prevé que este
partido tenga excelentes resultados, lo cual impactaría la capacidad de
gobernar de Carlos Joaquín.
Y si a eso
añadimos que el gobernador se salió del PRI para ser candidato de la alianza
PAN-PRD-MC y por lo tanto tiene compromisos con esos partidos políticos, lo que
le impide tomar decisiones, podemos asegurar que las cosas se le complican.
Y además de
eso envía a su secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, a destrozar la
imagen de Playa del Carmen, lugar turístico por excelencia en nuestro país.
Parece que
al gobierno no le importa impactar negativamente en el turismo de Playa del Carmen
y Cancún, que son los principales polos del país en la captación de divisas y
que han sido piezas claves para colocar a México entre los diez destinos
turísticos más importantes del mundo.
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