'Presos políticos': la opacidad de la secretaria Cordero.

Salvador Camarena.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador hace anuncios mochos. Salen a dar ruedas de prensa donde abunda la retórica y escasea la información. Dan “buenas noticias” que luego generan más dudas. Y en esta ocasión no estamos hablando del robo de combustibles, sino de algo acaso más delicado, como es la justicia en los casos de los llamados “presos políticos”.

La información sobre la libertad a “presos políticos” se ha dado en al menos dos momentos de los últimos días. A partir del 28 de diciembre se supo que algunos “presos políticos” habían obtenido su libertad. Notas de prensa y algunos mensajes en la red social de Twitter dieron cuenta la salida de la cárcel, en concreto, de algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca.

“Con esperanza y ánimo recibimos la noticia de la liberación de compañeros y compañeras de la CNTE, entre ellos Leonel Manzano, Sara Altamirano. Queremos un México sin presos políticos ni personas encarceladas injustamente”, publicó en Twitter el Día de los Inocentes la senadora Nestora Salgado.

Esa información fue retomada este martes en la conferencia mañanera de López Obrador. Ahí, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio cuenta de que son 16 los “presos políticos” que la actual administración ha liberado ya. La funcionaria agregó que revisan los casos de otras 368 personas en la misma situación. Y poco más dijo. Cuando le preguntaron cuántas mujeres y cuántos hombres estaban en esas listas, dijo no traer el dato. Lo que sí reconoció es que algunos de los liberados son de la CNTE. Pero no ofreció detalle alguno. Ni nombres ni circunstancia de los detenidos, nada. Argumentó que debían cuidar los riesgos que estas personas corrían.

¿La sociedad mexicana debería estar de plácemes porque este gobierno se ha comprometido –y ha iniciado desde su primer mes– a liberar a todas aquellas personas que injustamente han sido encarceladas por sus ideas o su activismo? La respuesta correcta es depende.

Depende de que la ciudadanía tenga la información suficiente para hacerse una idea de a quién está liberando este gobierno, bajo qué esquemas legales ha logrado esas excarcelaciones, cómo se llegó a tener esa lista y por qué se han dado prioridad a unos sobre otros. Depende de eso y de otras cosas.

Depende sobre todo de que cada quien tenga los elementos para hacerse por sí mismo un juicio sobre si damos por bueno que el gobierno encontró que estas personas fueron encarceladas injustamente, quién pagará por esos abusos, a quién se procesará por esas violaciones a la ley, quién ordenó tales persecuciones, qué funcionarios fabricaron casos o cargos… un alud de preguntas que ha dejado sin respuesta la secretaria Cordero.

“Estuve cinco años y siete meses preso sin una sentencia. El nuevo gobierno llegó el 1 de diciembre y en 26 días se nos abrió el camino a la libertad”, le dijo Leonel Manzano Sosa, de la CNTE de Oaxaca al diario El País.

Manzano Sosa en efecto llevaba ese tiempo detenido. Está acusado, con otros integrantes de la CNTE, del secuestro de dos menores de edad en 2013, caso que tuvo notoriedad porque se trataba de sobrinos del líder empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani.

Diversos organismos de derechos humanos denunciaron que en ese caso se abusó de los detenidos. La CNTE argumentó que les fabricaron crímenes por oponerse a la Reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto. En su momento, la acusación fue defendida por Eduardo Sánchez, el vocero del exmandatario que en aquel tiempo fungía como subsecretario de Gobernación. ¿Entonces? ¿Sí perpetraron el secuestro pero les violaron el debido proceso y por eso el Ministerio Público se desiste? ¿O si el rapto no lo hicieron ellos, quién lo hizo, y cuándo va a pagar? ¿O la liberación fue por una negociación política con la CNTE?

La secretaria Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia, ha escamoteado la información de este caso y de las otras liberaciones.

Y es que si se trata de proteger el derecho a la presunción de inocencia, es decir, si estamos hablando de encarcelados que no habían recibido sentencia, podrían darse a conocer datos desagregados de cada expediente.

Si se trata de protegerlos de represalias, o si la vida de los liberados corre riesgo, entonces cabe preguntarse si ya fueron inscritos en el mecanismo de protección de la propia Segob.

Pero no sabemos nada. No sabemos ni de qué estado son los liberados, si todos estaban sin recibir sentencia, o la etapa procesal en que se encontraban, o si un juez intervino para revocar alguna sentencia. Nada.

Y lo peor, si la opacidad de la secretaria, si su discrecionalidad impera, los mexicanos serán marginados de uno de los elementos más importantes cuando estos procesos de liberación de presos políticos ocurren: aprender de las graves injusticias para corregir y sobre todo para no repetir.

¿Estamos ante una buena noticia con la liberación de los “presos políticos”? Como dicen en mi tierra: saaaabe.