El Servicio
de Administración Tributaria (SAT)
mantiene embargadas las cuentas bancarias de Francisco Chávez Rangel, extitular
del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y de Sergio López Peña,
exrector de la Universidad del Carmen (Unacar) tras las irregularidades
observadas desde 2011 con la entrega de recursos a empresas fantasma para la
compra de equipo digital educativo.
Según una
investigación publicada por Newsweek Aguascalientes, en 2011 el IEA contrató a la Unacar por 399 millones de pesos para
equipar con tabletas, computadoras de escritorio y otras herramientas a 1, 377
escuelas. Los recursos provenían del programa federal Habilidades Digitales
para Todos, el cual desapareció tiempo después.
Para
realizar el equipamiento, la Unacar
contrató a tres empresas fantasma: Multiservicios Empresariales de
Telecomunicaciones S.A. de C.V, Servicios Integrales en Computación R.R., S.A.
de C.V. y Prof Tech S.A. de C.V. Y se
benefició con 16 millones, que según López Peña, entonces rector de la
institución, se utilizaron en infraestructura y otras necesidades de la universidad.
El dinero desapareció y el equipo
nunca llegó a su destino. De las 1, 377 escuelas menos de cien acreditaron la
recepción de los equipos, mismos que se descompusieron durante el primer año de
uso según diversas entrevistas realizadas a maestros y directivos de los
planteles educativos.
En base a
documentos a los que la reportera tuvo acceso, la Auditoría Superior de Fiscalización llevó a cabo un procedimiento
resarcitorio en 2016 ante la Dirección General de Responsabilidades de la
Unidad de Asuntos Jurídicos derivado de una observación al gasto público
federal por el mal ejercicio de 392 millones de pesos.
En 2017 se resolvió la responsabilidad patrimonial
de Chávez Rangel y de López Peña por un total de 283.7 millones de pesos. Y al
no resarcir el pago, el 14 de noviembre del 2018 el SAT giró un oficio a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de embargar todas las cuentas
de López Peña y Chávez Rangel, quien también mantiene procesos legales abiertos
en la Fiscalía General del Estado por irregularidades efectuadas durante la
administración del priista Carlos Lozano de la Torre.
El embargo bancario permanece vigente
desde el 24 de noviembre del año pasado.
Derivado de
la investigación, se resolvió hacer
responsable también a la empresa Multiservicios Empresariales de
Telecomunicaciones S.A. de C.V por un daño patrimonial directo a la Hacienda
Federal por 46.2 millones de pesos. Y a Martha Alicia Ramos Rodríguez, entonces
titular del programa Umbral de tecnología educativa en Aguascalientes por las
mismas irregularidades cometidas por Chávez Rangel y López Peña.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.