En su controvertido proyecto de
Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla a toda la
Policía Militar, incluida la Tercera Brigada, con sede en San Miguel de los
Jagüeyes, Estado de México. Una particularidad de este cuerpo castrense es
haber participado en la represión lo mismo de civiles que de movimientos
sociales como los del magisterio disidente y los electricistas. Mediante datos
obtenidos a partir de solicitudes de información, Proceso documenta el modus
operandi de esta siniestra brigada en las últimas dos décadas.
Cada paquete
contenía un overol azul, botas y casco. Se encontraban bajo escudos enormes y
kendos en una formación impecable, inanimada, que se multiplicaba por cientos
en el patio de barracas que ocupan los elementos de la Primera Brigada de
Policía Militar (PM). Con dirección a la puerta 8 del Campo Militar Número 1-A,
decenas de autobuses de turismo calentaban motores.
Los elementos de la Primera Brigada
estaban concentrados desde el 11 de septiembre de 2013, a la espera de una
orden que, sin ser explícita, se anticipaba para desplazarse al Zócalo
capitalino a desalojar de la Plaza de la Constitución a los integrantes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los maestros
disidentes habían levantado un campamento para protestar contra la Reforma
Educativa. Aquel día, Proceso recorrió el Campo Militar para recoger
testimonios en los juzgados castrenses.
El 13 de
septiembre se dio el ultimátum. El entonces secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, anunció que los inconformes tendrían hasta el mediodía para
retirarse o serían desalojados. El objetivo era sacarlos de ahí para que
Enrique Peña Nieto encabezara su primera ceremonia conmemorativa del Grito de
Independencia como presidente de México.
Minutos
antes de la hora fijada, dos cohetones anunciaron el repliegue magisterial que
se condujo pacífico por la calle de Mesones, llegó al Eje Central y avanzó;
parecía que tendrían el camino libre para confinarse en el Monumento a la
Revolución. No obstante, por la calle Madero apareció la turba uniformada,
lanzando piedras y adoquines. En la esquina de 16 de septiembre los presuntos
federales, con uniformes descuidados y notorio desaliño, detuvieron a la
dirigencia magisterial oaxaqueña que desfilaba en la vanguardia y desataron las
golpizas por avenida Juárez.
No era la primera vez que la Primera
Brigada de PM participaba así –con uniforme de Policía Federal– en un control
de multitudes, pues desde 1999 un convenio de colaboración entre las
secretarías de Gobernación (Segob) y la de Defensa Nacional (Sedena) dio origen
a la Policía Federal Preventiva (hoy PF) y se mantuvo a través del tiempo.
Dicho convenio se renovó año tras año
hasta 2009, después de la Segob con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),
creada por Vicente Fox, mantenida por Felipe Calderón y, aunque sin rastro
documental posterior, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hubo evidencia
de sus actividades en operativos como el del 1 de diciembre de 2012.
La Primera Brigada, pero principalmente
la Tercera Brigada, cuya sede está en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de
México, están contempladas, al igual que toda la PM, en el plan del presidente
Andrés Manuel López Obrador para integrar la Guardia Nacional. Aunque su
participación no es novedad.
Planteada por el nuevo mandatario
como eje de su política de seguridad, la Guardia Nacional se haría cargo de los
delitos del fuero federal y también del fuero común, con una reforma
constitucional de por medio. Pero el plan ya está en marcha, aun sin reforma ni
ley, desde el 2 de diciembre, según declaraciones del titular de la Sedena,
Luis Cresencio Sandoval.
Desde 1999, la Sedena, la Segob primero y la SSP
después, con intervención y firma de las secretarías de Hacienda y de la
Función Pública, suscribieron convenios de colaboración que fueron obtenidos
por Proceso a través de solicitudes de información.
Dichas solicitudes a la Sedena (folio
000700131412) y a la SSP (0002200148812) establecen precisamente la comisión de
tropas de la PM para la integración de la PF desde hace dos décadas; a través
de ésta aquellas participaron en las represiones más sonoras contra movimientos
sociales, así como en la “guerra contra el narco” declarada por el presidente
Felipe Calderón en 2006, días después de asumir el cargo.
Engaños de
guerra.
El envío de la PF desde 2008 para
hacer frente a la inseguridad devino en quejas de los ciudadanos víctimas de
extorsiones, revisiones ilegales y allanamientos sin orden judicial; algunas
veces sufrían golpizas, torturas y asesinatos que nunca se investigaron, por lo
que las autoridades chihuahuenses promovieron el arribo del Ejército en marzo
de 2009.
El cambio fue de uniforme. Cientos de
elementos pertenecientes a la Tercera Brigada de PM, quienes se desempeñaban como
policías federales, se sumaron al convoy de militares de infantería en un
aparatoso desfile de vehículos que atravesó varias entidades para posicionarse
en el norte.
El cambio de
uniforme fue recogido en testimonios obtenidos por Proceso entre oficiales de
la Tercera Brigada que participaron en ese despliegue, como años antes, en
2005, lo habían hecho en el Operativo México Seguro, el más aparatoso y
perjudicial enviado durante el gobierno de Vicente Fox a Nuevo Laredo,
Tamaulipas, punto de partida para que la violencia se extendiera por todo el
noreste.
En marzo de 2010, el Operativo
Conjunto Chihuahua daba signos de fracaso. El cambio de uniforme no impactó en
las conductas de los militares, que en un año acumularon oficialmente 630
denuncias contra soldados y 348 contra policías federales que, en muchos casos,
también eran soldados.
La violencia no cedía en Chihuahua y,
para entonces, la Tercera Brigada era objeto pesquisas judiciales militares:
uno de sus principales mandos, el general Joaquín Morales Ojeda, fue preso por
corrupción, mientras que a varios jefes operativos destacamentados en
Huehuetoca, Estado de México, se les acusó de haber tomado parte en un
secuestro y dos homicidios; uno de ellos incluso fue señalado de tener nexos
con el cártel de Los Zetas y de venderles una USB con información de operativos
y despliegues de los años en que la Tercera Brigada estuvo en Tamaulipas con
funciones de Policía Federal.
Dichos casos fueron revelados en la
edición 1871 de Proceso y, aunque la mayoría de los oficiales detenidos
demostró que todo se obtuvo mediante confesiones arrancadas bajo tortura
militar (Recomendación CNDH 041/2011), expedientes como el 482/2010, radicado
en el Juzgado IV de Justicia Militar, permiten confirmar las actuaciones de la
Tercera Brigada en los operativos de mayor impacto de la PF, inclusive hasta
bien entrado 2011
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.