Por Dulce
Olvera.
Más que un
programa de atención médica, el Seguro Popular es un apoyo de financiamiento
para los 53.5 millones de mexicanos más pobres sin acceso a seguridad social y,
además, vulnerables a empobrecerse más por este tipo de gastos, consideraron
especialistas del sector salud y ex funcionarios públicos.
Otra de sus fallas principales es la
opacidad. Es uno de los programas que acumula más señalamientos en el manejo de
recursos públicos.
El nuevo Gobierno federal, encabezado
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, planea sustituirlo en los
próximos dos años por un sistema universal de salud administrado sólo por la
Federación, ya que hoy está en manos de 32 sistemas estatales que difieren en
sus capacidades para proveer servicios eficaces, oportunos y de calidad,
consideraron los estudiosos consultados por SinEmbargo.
Los expertos ven como retos para esta
meta de universalidad la mejora radical a la transparencia y la eficacia del
uso de los recursos a nivel estatal para garantizar la calidad de lo requerido.
Actualmente su cobertura alcanza la mitad de la población nacional.
“Mundialmente universalizar el
sistema de salud es una decisión que desde finales de la década de 1970 se
pretende alcanzar. La diferencia está en cómo”, dijo la doctora Nashielly
Cortés Hernández, académica de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “En términos de derecho es lo
ideal para garantizar el derecho a la salud. Pero en términos técnicos se
presentan muchas dificultades porque el financiamiento es limitado. Pero es lo
adecuado en una sociedad tan desigual como la que tenemos en México”, consideró.
El Seguro
Popular es un programa de apoyo financiero, pero ofrece lo mínimo por el límite
presupuestal. El modelo del seguro social (IMSS, ISSSTE, Pemex) ofrece hasta lo
que no tiene.
Las otras opciones para que el
derecho sea universal es contar con un componente horizontal [cubrir toda la
población] y otro vertical [no sólo tener derecho sino también de recibir lo
que requiera según su enfermedad sin tope al tercer nivel que es la
especializada], explicó la médico. “La pretensión ahora es que se tienda hacia
esa forma en donde el acceso es según la necesidad de atención y no según la
capacidad”, planteó
la académica de la UNAM.
Los principales señalamientos contra
el Seguro Popular es su bajo nivel de calidad, la iniquidad de atención y las
irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
“El Seguro Popular tiene una deuda
importante con la sociedad fundamentalmente en el tema de la calidad de los
servicios, la cual es una responsabilidad no del Gobierno federal sino de los
32 sistemas estatales de salud con capacidades y desempeños diferentes”, dijo
el investigador Carlos Moreno Jaimes, coautor del libro Seguro popular y
federalismo en México (2014). “Cada estado ha montado una estructura
organizacional y marco jurídico diferente y eso ha conducido a crear
capacidades muy heterogéneas que lejos de ayudar a la desigualdad, la ha
mantenido”.
La otra
autora, la investigadora Laura Flamand, agregó
que “el problema son las graves historias que hay de descuido de recursos
humanos o materiales insuficientes para proveer estos servicios de salud, y
tiene que ver mucho con esta tensión que hay entre los servicios
descentralizados y la provisión universal del derecho”.
Como ejemplo
de la iniquidad, expuso que “si una niña
o niño nace en Puebla, solo por ese hecho tiene el doble de probabilidad de
morir el primer año de vida que si nace en Nuevo León. Esas iniquidades están manifestadas
en casi cualquier indicador de salud: recursos humanos, materiales, provisión
de servicios preventivos o curativos”.
Entre las irregularidades encontradas por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) están la
transferencia de recursos a fines no autorizados por el Seguro Popular, la
compra de insumos a sobreprecios y los pagos sin documentación comprobatoria.
Pero de cada 100 irregularidades
administrativas, solo ocho son sancionadas efectivamente, reveló un estudio de
Impunidad Cero, por lo que recomendó simplificar la estructura financiera para
que todos los recursos se gestionen de forma centralizada en la Comisión
Nacional de Protección Social para la Salud.
“¿NI SEGURO
NI POPULAR?”
El doctor
Julio Frenk, el ex Secretario de Salud y quien impulsó este programa desde 2004
en el sexenio de Vicente Fox Quesada, pide
que en vez de “desmantelar” al Seguro Popular se hagan cinco reformas para llevarlo
a su siguiente nivel: legal (ya no ver a la seguridad social como derecho
laboral), financiera (llegar al 7 por
ciento del PIB y homologar un fondo único de aseguramiento), gerencial
(separación de funciones), modelo de atención (calidad, integral y continuo) y
participativa.
Vicente Fox
tuiteó que cancelar el programa es “sentenciar a los más pobres a morir sin
atención médica”.
En 2002, 3.7 millones de hogares mexicanos sin
seguridad social habían incurrido en gastos catastróficos (más del 30 por
ciento de sus ingresos) o empobrecedores para atención médica, expuso Frenk
durante una ponencia en la Feria del Libro de Guadalajara de diciembre pasado.
Ahora celebra que la incidencia de ese gasto bajó de 5.2 por ciento en 2004 a
2.1 por ciento en 2014 y empobrecedores de 3.3 por ciento a 0.8 por ciento.
Y aunque el gasto de bolsillo sólo se
redujo de 52.4 por ciento en 2004 a 41.4 por ciento en 2015, no todo es
catastrófico ni deja más pobre a la familia que debe atender una enfermedad.
“En el 2000 la causa número uno por la cual la gente empeñaba sus propiedades o
posesiones era para pagar cuentas de salud, la causa número uno de quebranto de
empresas era porque no tenían seguro y había que pagar cuentas de salud; una
catástrofe”,
comparó.
La cobertura pasó de 5.3 millones de
afiliados en 2004 a 53.5 millones en 2018, teniendo un pico de 57.3 millones en
2014, de acuerdo con la Comisión Nacional de Protección Social para la Salud,
pero se depuraron los doblemente derecho habientes.
El Seguro
Popular no cubre enfermedades, sino
intervenciones específicas que considera puede financiar. Cubre el 100 por
ciento de las intervenciones de primer nivel (dolor de estómago, cabeza,
fracturas), el 95 por ciento de las razones por la que los mexicanos vamos al
hospital (partos, apendicitis) y más del 80 por ciento de temas de especialidad
(todos los cánceres, VIH). Las que no cubre, como la insuficiencia renal
crónica, es por ser tratamientos costosos a largo plazo.
“El concepto clave es la protección
(…) Se pasó de pensar la salud como un derecho laboral a pensarlo como un
derecho universal de todos los habitantes del país; no debía demostrar el tener
un empleo. La vida de todos los mexicanos vale lo mismo sin importar que sean
asalariados o no”,
enfatizó el doctor Julio Frenk.
“Ya está cubierta la mayor parte de
la gente, aunque queda la que vive en lugares muy remotos de difícil acceso.
Nos queda un 14-15 por ciento de la población todavía sin la protección social
en salud”, reconoció.
En los últimos cinco años (2013-2018)
se han dado 480 millones de consultas, hay 381 unidades médicas para
enfermedades catastróficas, se han atendido 98.3 mil casos de niños con
cuidados intensivos neonatales, 49.8 mil casos de cáncer de mama, 18 mil casos
de cáncer cervico-uterino, 12.8 mil casos de cáncer infantil y 93.8 mil casos
de VIH/SIDA, documentó con cifras oficiales.
“Cuando hablamos de que vamos a
desaparecer el Seguro Popular hay que pensar qué pasa con esta gente; son
tratamientos de muchos años por ser enfermedades crónicas. Acabar con estos
fondos sería una catástrofe para las familias y las instituciones”, declaró.
“Cuando yo oigo que el Seguro Popular
no es popular; perdón, es el programa más popular que hay: el 80 por ciento de
los afiliados al Seguro Popular están en el decil de más pobres y de seguridad
social (IMSS e ISSSTE) es el 4 por ciento. En contrario, hay un 9 por ciento
afiliado en el decil de los más ricos”, debatió Julio Frenk.
“Ahora, ¿es seguro? El catálogo de lo
que cubre muestra que conforme fue aumentado la afiliación de 2004 a 2018, se
podían cubrir más prestaciones. Hoy en día son casi 300 intervenciones (grupo
de enfermedades) y un catálogo muy numeroso de 700 medicamentos. Para la gente
pobre, la causa principal de la catástrofe financiera es pagar por medicinas.
En resumen, ofrece lo que es necesario en primero y segundo nivel (no
hospitales especializados)”, agregó.
“Si por seguro entendemos un
mecanismo de protección financiera que hace que la gente no se arruine
económicamente por pagar por su salud, por supuesto que es seguro”, afirmó.
Sobre la actual falta de medicamentos
en unidades de salud del Seguro Popular, la doctora Nashielly Cortés de la UNAM
expuso que “hay una realidad material de qué tanto se pueden surtir los
fármacos, y en ese sentido aunque el Seguro Popular estableciera un mínimo de
fármacos a los que puede tener acceso, no garantizaba que estuviese presente a
pesar de que fue de las fracciones del sistema de salud que tuvo un mayor incremento
de presupuesto en los últimos años”.
La inversión en salud pasó del 5 al 6
por ciento del PIB en 2000-2005, aunque en los últimos años ha habido recortes
que la hizo retroceder al 5.5 por ciento actualmente, documentó Frenk, quien
negoció con el Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz para aumentar 1 punto
del PIB el presupuesto de salud, “el mayor aumento al sector de la historia”.
LA PROPUESTA
DE UNIVERSALIDAD.
El
Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró
en diciembre que el llamado Seguro Popular “es evidente que no ha funcionado”,
ya que “ni es seguro, ni es popular”, por lo que será sustituido por un sistema
de salud pública universal que garantice la atención médica de calidad y
medicamentos gratuitos.
Ante la fragmentación del sistema de
salud, anunció que la Federación se hará cargo de todo el sistema de salud de
manera gradual y eliminará los cuadros básicos de salud (los límites
presupuestales para oferta de medicinas), por lo que comenzará el proyecto
piloto en ocho estados con una inversión de 25 mil millones de pesos. Cada seis
meses se van a incorporar ocho entidades más, de modo que en dos años se tendrá
el nuevo sistema de salud pública.
“Esta sustitución se va a ir dando
poco a poco. Es un proceso, los que tienen este Seguro Popular, aun no siendo
atendidos como merecen, van a seguir incorporados al programa; es decir, no se
quedan sin atención médica. Continúa el programa hasta que entre en funciones
el nuevo plan de salud”, aclaró.
“El sistema nuevo va a incluir en lo
básico, a quienes no tienen Seguridad Social y vamos, también, a mejorar los
servicios del ISSSTE, del Seguro Social”.
Entre los 53.5 millones de afiliados
al Seguro Popular y los beneficiados del seguro social, suman más de 120
millones de mexicanos.
El Primer
Mandatario expuso que se va a garantizar
atención de primer nivel en centros de salud y unidades médicas del Seguro
Social; atención de segundo nivel (hospitalaria) en clínicas de la Secretaría
de Salud de los gobiernos estatales; y en las clínicas del ISSSTE y del Seguro
se van a atender emergencias, independientemente si son o no son derecho
habientes. “Es muy triste lo que está sucediendo en centros de salud con los
enfermos; la gente no tiene para comprar la medicina, no hay abasto de
medicamentos”, dijo López Obrador.
La
investigadora del Colegio de México, Laura Flamand, afirmó que “la universalización es algo que el Coneval ha recomendado y
que el gobierno de la Ciudad de México ha empujado. Sin embargo, nos faltan
detalles. No se ha hablado con suficiente precisión de qué tipo de salud
universal queremos y necesitamos para México”.
Además, “aun cuando mañana tuviéramos un sistema
universal de salud, dada la heterogeneidad de los sistemas estatales
seguiríamos teniendo un sistema profundamente desigual”.
López
Obrador aseveró que hay medicamentos que
se requieren, pero la gente no puede tener pese a una enfermedad grave, porque
no está en el llamado cuadro básico. “Que ya no exista cuadro básico, que todos
los medicamentos se puedan aportar a los enfermos. Todos los medicamentos.
Estoy consciente de que hay medicamentos que no están en el cuadro básico, que
son muy caros, pero se van a adquirir”, se comprometió.
La Dra.
Nashielly Cortés de la UNAM explicó que
eliminar el cuadro básico de medicamentos implica retirar el límite
presupuestal que tiene el Seguro Popular para ofrecer tratamientos sin importar
el requerimiento o padecimiento de cada persona, bajo la lógica del mayor
ahorro.
A un enfermo de diabetes se le ofrece
la insulina (como parte de ese cuadro básico), aunque en su caso particular
necesite otro medicamento, ejemplificó.
LAS
IRREGULARIDADES EN RECURSOS
Uno de los problemas del sistema de
salud es el de la corrupción, aseguró el Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
“Hay presupuesto suficiente. Como 90
mil millones de pesos para compra de medicamentos y de equipos y, sin embargo,
no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales”, enfatizó.
“Es que actualmente hacían su agosto
los que vendían los medicamentos, hasta políticos se dedicaban a vender
medicamentos por influyentismo. Entonces, se compraban muy caros los
medicamentos, y por eso no alcanzaba. Y otro tipo de corrupción, como el
entregar, aparentemente, los medicamentos en almacenes y no entregarlos,
ingresarlos de papel”, acusó.
Para
evitarlo, la Secretaría de la Función
Pública estará pendiente en todas las adquisiciones y se contará con la
intervención de la oficina de transparencia de la ONU en compras consolidadas
de medicamentos y de equipo. Y, si no hay condiciones en el país para el abasto
de medicamentos, se va a abrir la licitación para que empresas internacionales
abastezcan de medicamentos el sistema de salud.
La
organización Impunidad Cero reveló en el
estudio “Irregularidades financieras del Seguro Popular en los gobiernos
estatales”, publicado en octubre de 2018, que el modelo actual de
financiamiento del Seguro Popular favorece la impunidad, pues su diversidad de
fuentes (contribuciones de carácter federal, estatal e individual) fomenta la
opacidad.
Entre los estados de Baja California,
Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca se manejan irregularmente
alrededor de 3 mil 027 millones de pesos, observados por la Auditoría Superior
de la Federación. Resaltan subejercicios, transferencia a otros fondos, pagos
de conceptos no autorizados, pagos a personal que no se encontró en el centro
de trabajo, pagos a personal sin contrato, pagos sin centro de adscripción,
pagos que rebasan límite autorizados, o pagos a trabajadores comisionados al
sindicato.
El ex
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chemor Ruiz, lo reconoció en noviembre durante su
comparecencia ante la Comisión de Salud de Diputados.
El legislador documentó que de 2007 a
2017 hubo transferencias a los estados por 491 mil millones de pesos. Luego de
un proceso de comprobación, hubo 8 mil 566 millones de pesos que no se
comprobaron y se denunció a la ASF, SFP y contralorías estatales. Al final
quedaron 7 mil 267 millones de pesos no comprobados (el 1.6 por ciento del
enviado en ese periodo) con acciones penales en investigación.
“Cuando llegamos en 2013 encontramos
un sistema poroso que tenía complicaciones sobre la transparencia de los
recursos enviados a las entidades federativas”, dijo.
Actualmente la Ley General de Salud obliga que una vez
que la Secretaría de Finanzas recibió los recursos federales tiene cinco días
hábiles para enviarlas a las oficinas administradoras de los servicios
estatales de salud y, además, hay cuentas de banco específicas de tesorerías de
la federación “por lo que no hay manera que lo desvíen sin que el gobierno
federal se dé cuenta o que no haya consecuencias”.
La Ley contempla sanciones de cuatro
a cinco años de prisión y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo a quien
desvíe recursos del Seguro Popular, y si alguna entidad no comprueba el uso de
recursos, al mes siguiente deja de recibir más dinero federal.
“Retos hay muchos, es un sistema joven;
hay que permitirle que madure y que siga creciendo en cobertura. Que exista una
alternativa para poder dar una oportunidad a esta gente”, pidió.
“Tenemos que explorar varias
alternativas. No creo que sea la única alternativa y es lo que he percibido del
equipo del nuevo Gobierno federal: desaparecer el Seguro Popular. Me parece que
están enfocados en encontrar esas áreas de oportunidad y encontrar cómo tener
una mayor cobertura. El final es que cuesta todo esto”, determinó el ex Comisionado del
Seguro Popular.
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