Por Arturo
Rodríguez García.
La secretaría de Gobernación y la
organización Familia de Pasta de Conchos (FPC) acordaron este lunes la instalación
de una mesa intersecretarial para definir la ruta a seguir para el rescate de
63 cuerpos que quedaron atrapados en el accidente minero ocurrido en 2006.
Este 19 de
febrero se cumplen 13 años de la tragedia ocurrida en la mina 8 Unidad Pasta de
Conchos, donde perdieron la vida 65 trabajadores y 11 resultaron lesionados.
Deudos de los fallecidos, así como
sobrevivientes de ese y otros siniestros carboneros ocurridos en el norte de
Coahuila, avanzaron por primera vez en la demanda que posibilitaría, además de
la recuperación de cuerpos, la realización de peritajes para deslindar
probables responsabilidades.
“Después de cuatro presidentes
surgidos de tres partidos distintos, por primera vez se logró un acuerdo, pero
no damos cheques en blanco”, expuso Cristina Auerbach Benavides, al reiterar que mantendrán
el proceso que se sigue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) contra el Estado Mexicano.
El 27 de
marzo de 2018, la CIDH admitió el caso y
le asignó el número 13,552 para atender las demandas de la FPC, del Centro de
Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” (ProDH) y más de mil 100 peticionarios
que demandan diferentes violaciones a derechos fundamentales, tanto en la
gestión que autorizó operaciones inseguras como en el seguimiento en las
diferentes instancias judiciales posteriores al accidente.
“Cuentan con todo mi apoyo personal e
institucional, lo he hecho desde un principio y a lo largo de todos estos años,
por lo que se convocará a la instalación de una mesa de trabajo en la que
participarán las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores y Trabajo y
Previsión Social, para encontrar el mecanismo que permita gestionar la
reparación”,
escribió esta tarde el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos,
Alejandro Encinas.
En la mesa se plantea construir una
propuesta técnica, financiera y jurídica para avanzar con el rescate de los
cuerpos, así como en la forma en que se seguirá el litigio ante la CIDH.
Ni Encinas ni la FPC hicieron
comentario alguno respecto de Napoleón Gómez Urrutia, líder de un sindicato
minero y senador por Morena, quien desde su regreso a México, en agosto pasado,
ha querido hacer suyo el reclamo de justicia.
No obstante,
ante la CIDH el sindicato y el propio
Gómez Urrutia son acusados por los peticionarios, en virtud de que avalaron las
operaciones inseguras en el filón, además de haber legitimado condiciones
paupérrimas para trabajadores, principalmente, y tercerías contratistas.
Pasta de Conchos ha sido una de las
tragedias laborales más letales de las últimas décadas, y desde 2006 se ha
evitado realizar una investigación a fondo para deslindar responsabilidades
patronales, sindicales y gubernamentales.
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