La tercera
entrega de informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pone de nuevo los reflectores sobre
Rosario Robles Berlanga: el organismo fiscalizador detectó irregularidades de
por lo menos 2 mil 377 millones de pesos en su gestión al frente de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2017.
A este monto se deben añadir 340
millones 983 mil pesos, que fueron desviados por la Sedatu en 2017 a través de
esquemas de triangulación de recursos, que involucraron entes estatales –la
Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Instituto Tecnológico Superior de
Centla, la Universidad de Campeche y Televisora de Hermosillo– y redes de empresas
fantasmas; un modus operandi fraudulento también conocido como Estafa Maestra.
En dos
informes, la ASF detalló que la
dependencia gastó “indebidamente” mil 173 millones de pesos del Programa de
Infraestructura a través de 26 delegaciones “sin que fueran debidamente
registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como pasivo
circulante (ADEFAS), por lo que no se puede conocer el destino que se le dio a
dichos recursos”.
La delegación de la Sedatu en el
Estado de México, que en 2017 vivió un proceso electoral –el priista Alfredo
del Mazo Maza ganó la gobernatura–, gastó 142 millones 304 mil pesos sin rendir
cuentas.
La ASF encontró que algunos de los montos
desviados se hicieron en “Un Cuarto Más”, el programa estrella de Robles en la
Sedatu también conocido como “Cuarto Rosa”, así como en la construcción de
“Ciudades de las Mujeres” en varias entidades.
Las áreas
responsables –la Unidad de Apoyo a la
Infraestructura y Servicios (UPAIS) y la Dirección General de Rescate de
Espacios Públicos (DGREP)– fueron incapaces de informar en qué se ejercieron
dichos recursos.
Más grave: de acuerdo con un reportaje que publicó hoy
Reforma, cinco exfuncionarios de la Sedatu denunciaron que alguien falsificó
sus firmas para celebrar convenios que fueron usados para desviar cientos de
millones de pesos en 2016. Según el rotativo, “uno de los centros de operación
para las falsificaciones está ubicado en Tennyson 125”.
Emilio
Zebadúa González, quien fue Oficial
Mayor de Robles a lo largo de la administración pasada, compró esta casa el 31
de agosto de 2000, por 6 millones 400 mil pesos, de acuerdo con los
antecedentes registrales del inmueble en posesión de Apro.
La ASF también determinó que la Sedatu gastó 596
millones de pesos en 2017 a “diversos proveedores” con recursos federales de la
partida “Subsidios a la producción del Programa de Infraestructura”, sin
justificarlos.
Pagó además 602 millones de pesos a
14 proveedores –empresas, organizaciones de la sociedad civil e incluso la
constructora del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur)– a pesar de que dichas
empresas le habían facturado solamente 441 millones de pesos. De nuevo, la ASF
detectó un sinfín de irregularidades en la documentación de las labores, y
consideró estos 602 millones de pesos como perdidos.
En otro
rubro, la Sedatu erogó 81 millones de
pesos para baratijas: 40 millones de pesos para comprar 110 mil kits que
incluían un chaleco, una mochila, un sombrero y un impermeable, y soltó otros
41 millones de pesos para comprar 321 mil llaveros, 205 mil vasos cilíndricos y
321 mil “morrales ecológicos”.
La empresa a la que la Sedatu compró
estos insumos, llamada Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
(Comisa), no tenía nada que ver con ese negocio, y a su vez subcontrató a
cuatro empresas –por 77 millones de pesos–, pero estas empresas resultaron
fantasmas. Y no solo esto: Comisa subcontrató a las cuatro empresas seis días
antes de que la Sedatu le otorgara el contrato para comprar los llaveros.
Estos formaron parte de los más de
350 millones de pesos que la Sedatu recuperó de la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi), que gastó en “recepción y distribución de materiales de
difusión”, en contratos de “prestadores de servicios profesionales” entre otros
a amigos suyos – como lo documentó Proceso en julio de 2017— pero también con
57 millones de pesos en “asesorías” y otros 39 millones de pesos en “otros
servicios”.
“Existe una recurrencia por parte de
Sedatu en utilizar recursos presupuestales asignados a programas que se
encuentran sujetos a reglas de operación, para destinarlos a capítulos y
conceptos de gasto en fines distintos a los que estaban presupuestados”, deploró la ASF.
Un Sexenio de
Desvíos.
El paso de Robles por el gobierno de
Enrique Peña Nieto estuvo marcado por sonados casos de corrupción y de desvíos
multimillonarios, que la ASF detectó desde febrero de 2015, cuando revisó la
cuenta pública 2013, durante la cual Robles era titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol).
En aquel
entonces, el organismo fiscalizador
detectó un mega-fraude en la Cruzada Nacional Contra el Hambre a través de esquemas
de “simulación de servicios” y de triangulación de recursos con empresas
fantasmas, por más de 975 millones de pesos.
Año tras año desde ese entonces, la
ASF documentó los desvíos operados por el equipo de Robles en la Sedesol y
luego en la Sedatu. A pesar de estos señalamientos, Peña Nieto mantuvo a la
funcionaria en su gabinete, y ella guardó al mismo equipo de colaboradores
cercanos, encabezado por Emilio Zebadúa González, su oficial mayor.
La ASF incluso interpuso más de 27 denuncias ante
la Procuraduría –ahora Fiscalía– General de la República, derivadas de sus
observaciones. Robles siempre se defendió de haber incurrido en actos ilegales
o de haberse enriquecido de manera ilegal, y para ello mintió de manera
reiterada, como lo documentó Apro.
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