CFE, el saqueo y el futuro.

Dolores Padierna.

Quisieron acabar con Petróleos Mexicanos (Pemex) y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y estuvieron a punto de conseguirlo. Lo dijimos una y otra vez durante los debates en la primera parte del sexenio anterior: los cambios en la Constitución y las leyes sólo perseguían desmantelar el sector energético nacional para favorecer a los privados y, con ellos, a los usuarios de la puerta giratoria, que va del sector público a los negocios particulares.

Desde entonces alertamos –entre burlas de los legisladores del PRI y el PAN– sobre la inmoralidad de que altos funcionarios gubernamentales pasaran, apenas terminados sus encargos, a trabajar para los grandes consorcios a los que favorecieron con contratos.

Eran los días en que la propaganda oficial inundaba las pantallas con promesas de reducción de tarifas. Más tarde dirían que los precios menores vendrían en el mediano plazo, y ya en el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto admitían que ellos no alcanzarían a ver los prometidos cambios desde el poder.

Los beneficios para la población nunca llegaron –o lo hicieron a cuentagotas–, pero eso no impidió, por ejemplo, que tres consorcios cobraran la friolera de 21 mil millones de dólares por siete gasoductos que no funcionan. Los contratos firmados bajo las reglas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) obligan a la Comisión Federal de Electricidad a pagar aunque no se reciba el producto.

“Se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos para favorecer a particulares”, resumió el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana.

Al mismo tiempo la Comisión Federal de Electricidad era desmantelada, de igual manera que ocurría con Pemex. Las empresas estatales fueron partidas en pedazos, abandonadas, mientras se les imponían reglas que las dejaban en franca desventaja frente a los privados.

Pemex y la CFE fueron saqueadas sin recato. Las cuantiosas inversiones de otros tiempos fueron entregadas a los privados a precios irrisorios, partidas en pedazos para que no estuviesen nunca en condiciones de competir. Los buenos contratos, los nichos rentables, fueron entregados a los consorcios que, por mera casualidad, dieron altas posiciones en sus consejos directivos a los funcionarios que contaban con información privilegiada.

Como todos sabemos, del servicio de energía eléctrica dependen las actividades productivas y cotidianas de la población. Guiados por su dogma neoliberal, los funcionarios de los gobiernos anteriores fueron dando pasos para privatizar el servicio, hasta llegar al punto actual en el que la CFE sólo genera la mitad de la energía que consume el país. Su objetivo declarado era llegar a 75 por ciento para los privados en la generación de energía.

Las acciones de los gobiernos anteriores quebrantaron el Estado de derecho de manera sistemática. Sentaron las bases para que la corrupción fuese generalizada, traficaron influencias, usaron sus cargos públicos para beneficiarse incluso a futuro.

Con el argumento de que las inversiones requieren “certeza jurídica”, con el pretexto de no generar “nerviosismo” en los inversionistas, lo que realmente se hizo fue confeccionar un orden jurídico a la medida de los intereses de las élites económicas, sociales, políticas y culturales dominantes.

Eso ocurrió en el sector energético y en muchas otras áreas de la vida nacional. Pongamos un ejemplo que nada tiene que ver con petróleo o electricidad. En el sector educativo –por el que ahora las derechas ponen el grito en el cielo– hubo un secretario de Educación que, apenas dejó el cargo, montó una empresa de libros de texto. Conocía las reglas, pues él mismo las había autorizado, y ganaba las licitaciones gracias a la red de funcionarios medios que dejó en posiciones clave. ¿Hay ahí un conflicto de interés?

El rescate de la Comisión Federal de Electricidad tiene que pasar por la revisión y renegociación de contratos, cuyas condiciones ponen en riesgo no sólo a la empresa pública, sino también a un servicio que es estratégico para el desarrollo nacional.

¿Qué defienden los que defienden las privatizaciones y las prácticas de los sexenios anteriores? Un modelo que nos llevó al lugar 92 entre 113 países evaluados por el World Justice Project 2017-2018, herramienta a la que nadie podría acusar de “populista”.