Por Sara
Pantoja.
En la atención de los daños en infraestructura
ocasionados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017 en Chiapas,
Oaxaca y Morelos, cuatro secretarías federales, un organismo desconcentrado,
tres institutos estatales y un banco cometieron presuntas irregularidades en la
entrega de los miles de millones de pesos otorgados por el Fideicomiso 2003
Fondo de Desastres Naturales (Fonden), según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En esas entidades, además de las
decenas de víctimas mortales, cientos de casas, edificios públicos, escuelas y
hasta sedes religiosas de valor histórico quedaron en ruinas o con severos
daños después de aquellos dos sismos que pusieron a prueba la capacidad de los
gobiernos estatales y federal para atender la emergencia.
De acuerdo
con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2017, las secretarías de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Gobernación (Segob) y de Comunicaciones y
Transportes (SCT), así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los
Institutos de Infraestructura de Chiapas, Oaxaca y Morelos –coordinados por la
Secretaría de Educación Pública (SEP)– y el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras), “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas
que son aplicables en la materia”.
Entre las irregularidades en la
aplicación de recursos correspondientes a los sectores hidráulico, educativo y
carretero, la ASF encontró adjudicaciones de contratos por importes mayores a
los autorizados y omisiones en la aplicación de multas a empresas por obras
retrasadas hasta por cinco meses, aunque les pagaron por adelantado.
También detectó viáticos sin comprobar; servicios
pagados sin verificar su cumplimiento; contratación de empresas sin probada
capacidad y experiencia, y solicitudes de recursos hasta con 200 días de
desfase. Peor aún, no se acreditó la entrega de aulas móviles en escuelas
marcadas en “acciones urgentes”.
Cuando
ocurrieron esas presuntas irregularidades,
el titular de Hacienda era Jose Antonio Meade Kuribreña, quien luego fue
candidato presidencial del PRI; en Gobernación estaba Miguel Ángel Osorio
Chong, actual senador de la República; Gerardo Ruiz Esparza en la SCT; Otto
Granados Roldán en la SEP; Roberto Ramírez en la Conagua, y el director de
Banobras era Alfredo Vara Alonso. Los gobernadores de Chiapas, Oaxaca y Morelos
eran Manuel Velasco, Alejandro Murat, y Graco Ramírez, respectivamente.
El documento
de la ASF explica que de los 14 mil
millones 109 mil 934.9 pesos autorizados en 2017 por el Comité Técnico del
Fideicomiso 2003 Fonden, para atender las acciones de reconstrucción y los
daños ocasionados a la infraestructura de diversos sectores por ambos sismos
que afectaron los municipios de nueve estados, se revisó un importe de 2 mil
millones 955 mil 712.5 pesos, correspondientes a los sectores hidráulico,
educativo y carretero, monto que representa 20.9% del total de los recursos
autorizados.
De la
cantidad revisada, la ASF determinó 22
observaciones que generaron 55 recomendaciones, seis promociones del Ejercicio
de la Facultad de Comprobación Fiscal, 57 promociones de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria y 17 pliegos de Observaciones.
El Dictamen.
El dictamen de la ASF fue emitido el
pasado 30 de enero, cuando concluyeron los trabajos de auditoría, con base en
la información proporcionada por la entidad fiscalizada.
De acuerdo
con el organismo, el propósito de la
auditoría fue “fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados
para la atención de desastres naturales mediante el Fideicomiso 2003 Fondo de
Desastres Naturales, para comprobar que éstos se ejercieron y registraron
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y
normativas”.
La primera conclusión del dictamen es
que las dependencias antes mencionadas “no cumplieron con las disposiciones
legales y normativas que son aplicables en la materia”.
De igual
manera, el documento destaca que “se
identificaron deficiencias en la ejecución y aplicación de los recursos para
atender las acciones, trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, y de
reconstrucción, para mitigar los daños ocasionados a la infraestructura de los
sectores hidráulico, carretero y educativo por la ocurrencia de los sismos del
7 y 19 de septiembre de 2017 que afectaron los municipios en los estados de
Chiapas, Oaxaca y Morelos. Toda vez que no se cumplieron los principios de
eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia” en los recursos otorgados
para atender los tres tipos de apoyos: Gastos de evaluación, Apoyos Parciales
Inmediatos (APIN) y Reconstrucción.
Gastos de
Evaluación de Daños.
Entre las
observaciones que hizo la ASF en este rubro destaca que, respecto de los recursos otorgados a la SEP que fueron
operados por los institutos de infraestructura educativa en Chiapas, Morelos y
Oaxaca, se constató que la entrega de recursos solicitados por los institutos
referidos “no fue oportuna, ya que éstos recibieron los recursos con 41, 98 y
26 días naturales, respectivamente, posteriores al periodo de evaluación de
daños”.
El Instituto de Infraestructura
Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), por intervención de la
Auditoría Superior de la Federación, “efectuó enteros a la Tesorería de la
Federación (Tesofe) por mil 377 millones de pesos, de los cuales 762.5 millones
fueron de recursos no ejercidos, y 614.5 millones de recursos aplicados en
conceptos no autorizados; sin embargo, dichos recursos debían reintegrarse al
patrimonio del Fideicomiso 2003 Fonden”.
Además, el
Inifech “no proporcionó la documentación
justificativa y comprobatoria de gastos de evaluación por 202 millones de pesos
consistentes en viáticos, contratación y recibos de honorarios de servicios
profesionales, así como informes de actividades que se debían rendir”.
Sobre los recursos asignados al
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (Ineiem),
la ASF observó que se efectuaron pagos por mil 150.8 millones de pesos. De ese
dinero, 854.2 millones no se presentaron los informes que debían rendir los
prestadores de servicios; 15.3 millones de pesos fueron pagados en demasía, y
de 281.3 millones no se presentó evidencia de los dictámenes de evaluación de
daños e informes de actividades.
Respecto del Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed), la ASF detectó que
“éste efectuó erogaciones por 2 mil 724.8 millones de pesos en un periodo
posterior al establecido por la norma; además, que como parte de esas
erogaciones se encuentran conceptos que no corresponden a trabajos de
evaluación de daños, y de 251.4 millones de pesos no se proporcionó la
documentación justificativa y comprobatoria del gasto o, en su caso, del
reintegro efectuado al fideicomiso”.
Apoyos
Periciales Inmediatos y Reconstrucción.
En este rubro, la ASF encontró
diversas irregularidades cometidas por secretarías y organismos dependientes
del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Por ejemplo,
halló que el fiduciario Banobras envió
las notificaciones a las instancias ejecutoras sobre la disposición de los
recursos autorizados con un desfase de cuatro a 16 días naturales posteriores a
la instrucción que recibió de la SHCP para entregar los recursos para atender
acciones urgentes (APIN).
En tanto, la Segob “no tramitó de forma oportuna tres
solicitudes de la SCT para acceder a recursos del Fonden para reconstrucción,
lo que ocasionó que en 2017 no se autorizaran recursos a la dependencia”.
La Auditoría
descubrió que la SCT solicitó a la Segob
la cancelación de los recursos por 7 mil 641.7 millones de pesos, 6 mil 158.7
millones y 56.9 millones no aplicados en acciones urgentes en Chiapas, Oaxaca y
Morelos, respectivamente, “para ponerse a disposición del patrimonio del
fideicomiso, con un desfase de entre 10 y 213 días hábiles posteriores al plazo
estipulado”.
En la Conagua, en los organismos de
cuenca Balsas, Frontera Sur y Pacífico Sur, adscritos a dicha comisión, “se
observó que solicitaron la cancelación de los recursos no aplicados en acciones
urgentes (APIN) por 2 mil 610.9 millones, 565.4 millones y 658.6 millones de
pesos, para ponerse a disposición del patrimonio del fideicomiso, con desfases
de hasta ocho, 183 y 217 días naturales, respectivamente, en relación con el
plazo establecido, y de 5 mil 958.3 millones no se acreditó que el Organismo de
Cuenca Frontera Sur (OCFS) hubiera solicitado su cancelación.
Respecto de los recursos ejecutados
por los institutos de infraestructura educativa de los estados, se observó que
el Inifech no reintegró 151.3 millones de pesos al patrimonio del Fonden por
los anticipos otorgados a dos contratistas, de los cuales las obras fueron
canceladas; también aplicó 602 millones adicionales al monto autorizado para
atender 34 acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes (APIN).
Más de
Chiapas.
En la visita
realizada a un centro escolar de la entidad, la ASF no pudo comprobar la existencia física de tres aulas móviles por
358.7 millones de pesos y tampoco acreditó documentalmente la entrega e
instalación de 54 aulas móviles en planteles educativos por un valor de 7 mil 144
millones, de las cuales 19 eran para atender acciones urgentes (APIN) y 35 para
la reconstrucción.
Al final del
dictamen, la ASF asegura que las
secretarías de Hacienda y Gobernación, como integrantes del comité referido,
así como el fiduciario Banobras, “no dieron seguimiento a la aplicación de
recursos autorizados de los APIN y de reconstrucción, lo que ocasionó, como se
describió anteriormente, que las instancias ejecutoras solicitaran pagos, los
cuales se efectuaron a prestadores de servicios fuera de los plazos
establecidos para ejecutar las acciones”.
Además, hubo “acciones no consideradas en los
listados de acciones respectivos, ni en los programas de acciones y obras
definitivos autorizadas por dicho comité, así como pagos por montos superiores a
los autorizados”.
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