Por Isaín
Mandujano.
A casi un mes del asesinato de los
activistas Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez, pobladores de Amatán
iniciaron un plantón en las puertas de palacio de gobierno, para exigir al
Congreso local el reconocimiento del Consejo de Gobierno Indígena y Popular,
luego de la renuncia del alcalde Jesús Carpio Mayorga, a quien responsabilizan
de ambos crímenes.
Los representantes del movimiento
civil en resistencia denunciaron la impunidad en el caso, y aseguraron que el
gobierno estatal, a través de la Fiscalía General del estado (FGE), protege a
Carpio Mayorga y a su hermano Wilbert, quienes a la cabeza de un grupo civil
armado los atacaron el 17 de enero.
Esa noche desaparecieron Noé Jiménez
Pablo y José Santiago, los cuales, heridos de bala, no lograron salir de la
plaza central de donde fueron desalojados. Casi 48 horas después sus cuerpos se
encontraron en el basurero municipal, con huellas de tortura e impactos de
bala.
El movimiento de resistencia civil
inició en septiembre de 2018, en contra del alcalde electo por Morena, PES y
PT, Manuel de Jesús Carpio Mayorga, quien junto con su hermano Wilbert se han
alternado la presidencia municipal desde hace 15 años.
El 22 de noviembre los pobladores
crearon el Consejo de Gobierno Indígena y Popular, que buscan sea reconocido
ahora por el Congreso local.
Además, denunciaron que los hermanos Carpio Mayorga
–también acusados del asesinato de Carlos Guerrero Mayorga, el 23 de noviembre
de 2018– siguen libres e impunes, acosando a quienes participan en el
movimiento de resistencia civil.
Encubrimiento
criminal en Amatán.
El abogado
Leonel Rivero dijo hoy que la agresión
perpetrada el 17 de enero contra los integrantes del Movimiento por la Paz, la
Justicia y el Bien Común de Amatán, es un desafío al Estado mexicano por parte
del grupo político-criminal que ha gobernado Chiapas en los últimos años.
Asimismo, aseguró que la acción no pudo ser
orquestada por los caciques Carpio Mayorga sin el respaldo de sus jefes
políticos.
Detalló que los hechos demuestran que
en ciertas zonas de la República mexicana sigue vigente el Estado fallido, y
que existe una simbiosis entre delincuencia organizada y autoridades, que en el
caso de Amatán es prohijada por un poder político aliado a Morena, ya que bajo
las siglas del partido accedieron varios miembros de ese grupo
político-criminal.
Rivero señaló que el asesinato de Noé Jiménez
Pablo y José Santiago Gómez Álvarez evidenció la incapacidad del Estado
mexicano para proteger a los defensores de derechos humanos, así como la
ineficacia para controlar, mediante el poder punitivo, la actuación de los
grupos político-criminales enquistados dentro de la estructura estatal.
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