Por Arturo
Rodríguez García.
Al acusar que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) debe pagar a empresas poseedoras de gasoductos que están
parados, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la mira a
funcionarios de su propio gobierno.
Uno de los gasoductos parados, es el
llamado “Sonora” que atraviesa el Valle del Yaqui, concesionado a la
trasnacional estadunidense IEnova.
Esta mañana,
López Obrador, así como el director de
la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dieron a conocer que siete gasoductos están
parados, pero aun así la empresa eléctrica del Estado paga por el suministro de
gas que no se entrega.
IEnova es presidida por el exsecretario de
Comunicaciones y Transportes y exdirector de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán, pero
la dirección general está a cargo de Tania Ortiz Mena López Negrete, prima de
la actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González
Blanco Ortiz Mena.
De acuerdo
con la Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos
federal, se considera que existe
conflicto de intereses cuando existe un lazo familiar hasta el cuarto grado.
Por lo tanto, Josefa González Blanco debió informar de su parentesco con Tania
Ortiz Mena y no lo hizo.
En diciembre pasado el reportero
consultó esa situación directamente con la secretaria y no hubo respuesta. El
viernes pasado consultó con su equipo de comunicación social y tampoco hubo
respuesta.
La presencia
de IEnova-Sempra Energy se ha visto
extendida en los últimos años, principalmente el sexenio pasado, cuando en una
sociedad con Pemex, contrataron a Odebrecht, como una de las empresas dedicadas
a construir el gasoducto Los Ramones.
En el caso
del gasoducto Sonora, la suspensión del
proyecto se relaciona con amparos interpuestos por los habitantes de Loma de
Bacúm.
La Semarnat es una de las partes interesadas en ese
proceso, dado que le corresponde al Manifiesto de Impacto Ambiental que impugna
esa comunidad yaqui; en tanto, otro pariente de la secretaria y la ejecutiva de
IEnova, es el ministro Antonio Gutiérrez Ortiz Mena.
Otro caso.
La información correspondiente al
caso del gasoducto Sonora, fue dada a conocer en la edición 2198 del semanario
Proceso, como parte de un reportaje dedicado a la designación en el actual
gobierno de Katia Puga como funcionaria de la Semarnat y responsable de las
consultas por el Tren Maya, ya que en su pasado inmediato fue responsable de
casos relacionados con el sector eléctrico.
Katya Puga fue acusada por comunidades de imponer mega-proyectos
energéticos, desde su posición como responsable de consultas en la Secretaría
de Energía peñanietista. De hecho, de los siete gasoductos a los que se les
paga sin operar mencionados por López Obrador, al menos cuatro están
relacionados con actuaciones de la colaboradora de Josefa González Blanco.
El mandatario pidió al director de la
CFE que mencionara gasoductos suspendidos y los nombres de las empresas
beneficiadas y fue cuando entre estas mencionó a IEnova y Transcanadá.
Se trata del mencionado gasoducto
Sonora, contratado con IEnova; así como del El Encino-Topolobampo, contratado a
Transcanadá, ambos suspendidos por amparo.
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