Por Jaime
Luis Brito.
La próxima consulta anunciada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador para definir la operación de la
termoeléctrica de ciclo combinado ubicada en la comunidad de Huexca, en el
municipio de Yecapixtla, ha provocado división entre los morelenses.
Por un lado,
los empresarios han advertido que
apoyarán el funcionamiento de la planta, en el entendido de que bajarán los
precios de la energía eléctrica; por otro lado, activistas, defensores de los
derechos humanos y científicos demandaron al gobierno federal cancelar la
consulta y la planta, debido al riego que representa para las comunidades y el
medio ambiente.
El
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame, precisó que la termoeléctrica es una oportunidad para los
empresarios, siempre y cuando el gobierno federal respete la propuesta de
reducir el costo de la energía, y sin que haya afectaciones a la ciudadanía o
se contamine el agua.
“Nosotros. desde el sector
empresarial, hemos comentado que, si tienen todos aquellos análisis y estudios
contundentes en esta materia para poder hacer que efectivamente el agua no se
contamine y pueda tenerse el abastecimiento en esta zona tan importante del
estado, garantizar la misma, y por supuesto que podamos tener mayor y mejor
eficiencia en la luz, entonces la planta es viable”, subrayó.
Cancelar el proyecto, agregó,
representaría una afectación, porque la entidad no cuenta con el suficiente
abastecimiento del servicio eléctrico para las empresas e incluso para algunas
localidades. Así que, si el gobierno federal respeta la reducción de precios,
el proyecto es bienvenido, recalcó.
“En dado caso que se cumpla con los
estándares de calidad, de mejora y cuidado del medio ambiente, por supuesto que
sí apoyamos (la operación de la planta), pues el abastecimiento de luz no es
suficiente para que empresas de otros destinos vengan, e incluso las mismas que
aquí puedan crecer, no lo pueden hacer porque el abastecimiento no es
suficiente o es caro”, sostuvo.
Por
separado, el vocero de la Comisión
Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), José Martínez Cruz,
consideró que la consulta impulsada el gobierno de López Obrador no tiene
validez, porque la obra ya está iniciada y, por tanto, no se apega a lo que
establecen los organismos internacionales, entre ellos la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
“La consulta anunciada para el 23 y
24 de febrero adolece de varios problemas. El primero de ellos es que, de
acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, cuando algún megaproyecto pasa por
territorio o poblaciones, comunidades indígenas, se tiene que aplicar el
criterio de que la consulta debe ser amplia, previa, libre e informada, es
decir que toda la gente sepa sobre qué es lo que se está consultado y pueda
optar claramente por la alternativa”, detalló.
Entonces,
dijo, la consulta no se apega a ese
criterio porque no fue previa al inicio del megaproyecto, dado que tanto el
gasoducto como la termoeléctrica ya están terminados, y sólo faltan 150 metros
para concluir el acueducto. Las repercusiones ambientales no han sido abordadas
de forma completa y la sociedad no tiene la información completa, abundó.
De acuerdo con las autoridades, la
consulta será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación y se realizará en
nueve municipios de Tlaxcala, 15 de Puebla y en todo el estado de Morelos. En
ocho localidades del oriente de la entidad se instalarán más casillas, por
considerarse que hay un mayor impacto del proyecto en la zona.
El súper
delegado del gobierno federal en la entidad, Hugo Eric Flores Cervantes, informó
que en la consulta participarán elementos de Seguridad Pública para evitar
incidencias. También mencionó que en el gobierno federal “estamos bastante
optimistas de que se le dé información a la gente y pueda salir a emitir su
sufragio en total libertad, sin que nadie le dé línea o le presione para votar
en sentido positivo o negativo”.
Los días 23 y 24 de febrero se
realizará la consulta sobre la planta termoeléctrica construida por empresas
españolas, que desde un principio generó inconformidad. Y los pueblos del
oriente de Morelos, así como de Puebla y Tlaxcala, formaron un frente para
combatir el proyecto.
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