Criminales protegidos.

Por Ricardo Ravelo.

Las investigaciones en contra de una banda de pseudo-periodistas dedicados a la extorsión de políticos y empresarios de Baja California ya cruzó la frontera. Ahora el Gobierno de Estados Unidos, a través de sus agencias de inteligencia, le siguen los pasos a la organización criminal que encabeza José Santiago Correa Collazo, a quien relacionan con sicarios del Cártel de Sinaloa.

La organización está compuesta por varios miembros. De acuerdo con las investigaciones el líder es Correa Collazo, relacionado con René Arzate García, “La Rana”, cabeza de un grupo de sicarios que ha sembrado violencia y terror en Baja California.

A la banda de Correa Collazo también pertenecen, según las denuncias, Ricardo Osuna, ex funcionario de aduanas y del Gobierno estatal que encabeza Francisco “Kiko” Vega; Saúl Omar Castro Meza –responsable de la operación informativa en varios portales noticiosos –; Alejandro Jiménez, quien se ostenta como reportero de Televisa; Marco Antonio Lora Tejeda, editor de videos, y Javier Zatarian, responsable de operar las extorsiones en Culiacán, Sinaloa, a través del sitio web “Acertijos de Sinaloa”, el único que sigue activo.

La organización criminal lleva quince meses operando en Baja California y Sinaloa, respectivamente, y según las pesquisas también actúan en suelo norteamericano, particularmente en San Diego, de ahí que las autoridades de Estados Unidos le siguen los pasos al grupo delictivo por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Un empresario aduanero, a quien han mantenido bajo hostigamiento permanente, presentó una denuncia por extorsión en contra de Correa Collazo, quien fue detenido en flagrancia, es decir, cuando recibía un sobre con dinero.

La suma la había acordado con su víctima después de varios días de forcejeos, llamadas telefónicas y publicación de información falsa a través de los portales El Tijuanenese, Noticias de México, Noticias de Google, El Diplomático, Exacto Noticieros, Acertijos de Sinaloa, Notired.co. Con excepción del último sitio, los demás fueron eliminados después de que se hicieron públicas las denuncias por extorsión.

De acuerdo con la carpeta de investigación 0204-2018, integrada en la Procuraduría de Estado de Baja California, el modus operandi de la organización es el siguiente: eligen a sus víctimas, investigan sus negocios, nombre de familiares y posibles socios.

A través de los portales mencionados enderezan campañas informativas falsas donde destacan, sobre todo, datos de la vida privada de políticos y empresarios; también manejan videos y algunos trabajos multimedia como parte del hostigamiento persistente.

A la par, empiezan a realizar llamadas con el objeto de frenar las campañas de desprestigio mediante negociaciones económicas que, según se sabe, no bajan de cien mil dólares. Los sitios web utilizados estaban muy bien posicionados. Algunos contaban hasta con un millón de seguidores, lo que los convertía en espacios poderosos por su penetración social, el arma letal para “ablandar” a sus víctimas, quienes preferían pagar para que cesaran las calumnias.

Aun cuando la información que manejan es a todas luces calumniosa, las víctimas caían en un vacío legal: en Baja California no está tipificado como delito la difamación ni la calumnia, por lo que las personas afectadas no tienen más alternativa que llegar a un arreglo económico con los supuestos periodistas.

Un dato que llama mucho la atención es que cuando los sitios noticiosos comenzaron a funcionar las oficinas donde operaban los presuntos extorsionadores eran del más alto lujo: se instalaron en edificios inteligentes y en algunos casos contrataron a reporteros y editores con salarios muy altos que ningún otro espacio noticioso podía pagar. Por ello se despertó la sospecha de que detrás del grupo estaba el financiamiento del crimen organizado.

Entre los periodistas de larga carrera fue sorprendente que en muy poco tiempo los portales noticiosos utilizadas para las extorsiones se posicionaron muy rápido entre el público y, sobre todo, en las redes sociales, las cuales explotaban para que los contenidos trascendieran en forma fulgurante.

El empresario aduanero –quien presentó denuncias tanto en Baja California como en Estados Unidos –fue el primero en denunciar estos actos de extorsión. Cuando su caso se hizo público se pudo evitar el cobro de piso que la banda ya fraguaba entre los empresarios del comercio exterior, pero esto ha tenido un alto costo para él, según relata:

“Me los eché de enemigos y a pesar de las denuncias todavía me siguen hostigando, pues el grupo delictivo continúa publicando videos e información falsa en mi contra y de muchos otros conocidos con el objeto de seguir extorsionándonos”.

Tras la primera denuncia que se presentó en noviembre de 2018, el líder de la organización, Santiago Correa Collazo, fue detenido en flagrancia, justo cuando el empresario aduanero le entregaba un sobre con una fuerte suma.

Correa Collazo fue encarcelado por el delito de extorsión. Otras denuncias también lo señalaron de incurrir en el mismo delito. Lo grave de este asunto es que las autoridades de la procuraduría de Baja California estaban coludidas con el jefe de la organización y lo protegieron. El empresario referido, quien pidió el anonimato para evitar represalias, dice que todas las pruebas que aportó para incriminar al acusado terminaron en manos de los abogados que lo defendieron.

Cuando la Procuraduría integró la carpeta, dice el empresario, no dudé que este hombre quedaría encerrado algunos años. El caso recayó en la jueza de control Patricia Hernández Haro, quien falló en favor de Correa Collazo al no considerarlo de alta peligrosidad.

A pesar de que las pruebas contra Correa Collazo eran contundentes y acreditaban sus vínculos con los portales noticiosos, las calumnias que manejó para extorsionar y el uso permanente de las herramientas del periodismo para cometer ese delito, Rubén López Guerrero y José Ramón Martínez Ramírez –dedicados a la defensa de miembros de la delincuencia organizada –argumentaron que su cliente no era periodista ni tenía relación con páginas informativas. Lo que si acreditaron fue que Correa Collazo es peluquero de oficio y con ese elemento la jueza decretó su libertad condicional.

Tras ordenar la libertad bajo caución de Correa Collazo, los reflectores de la sospecha se encendieron en contra de la jueza Hernández Haro. De acuerdo con el denunciante, en el medio judicial circulan versiones en el sentido de que suele dejar en libertad a criminales previo acuerdo económico.

Según el denunciante, existe la sospecha de que en el caso de Correa Collazo “hubo arreglos económicos”, pues ni siquiera valoró las pruebas que se presentaron.

Aunque las denuncias en contra de la banda datan de enero de 2018 –la PGR (Hoy Fiscalía General de la República) –ya contaba con antecedentes de la banda, pero nunca ha procedido en contra de ellos. Actualmente todos los miembros de la organización siguen libres tanto en Baja California como en Sinaloa y no han dejado de operar las extorsiones.

De acuerdo con las investigaciones de este caso, tras las denuncias presentadas en contra de los miembros de esta organización dedicada a la extorsión, los portales noticiosos utilizados para las campañas difamatorias fueron cancelados. Sin embargo, ahora se sabe que siguen con sus actividades delictivas desde “Acertijos de Sinaloa”. Según las denuncias, la operación de este sitio está a cargo de Javier Zatarian, señalado como miembro de a banda.

Las investigaciones en contra de los presuntos extorsionadores continúan en Baja California y también en Estados Unidos, pues las autoridades norteamericanas detectaron que el grupo delictivo realiza actividades delictivas del otro lado de la frontera.

Una línea de investigación que se sigue en Estados Unidos es el presunto vínculo de la banda con el narcotráfico. Existen indicios de que este grupo que usa herramientas del periodismo para extorsionar es, en realidad, una rama del crimen organizado que utiliza tal modalidad criminal con la autorización de algún cártel del narcotráfico.

El dato que refuerza lo anterior es el supuesto vínculo que existe entre Santiago Correa Collazo y un sicario conocido como “La Rana”, quien está señalado como pieza del cártel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana. Incluso en las investigaciones existen datos y evidencias de que Santiago utilizaba el apodo del sicario como un elemento para aterrorizar a sus víctimas.

Periodistas de Tijuana denunciaron ante la Secretaría de Gobernación y Artículo 19 cómo algunos pseudoperiodistas dedicados a la extorsión incluso utilizaban los mecanismos de protección federales para blindarse. Por ello, el Gobierno de Francisco Vega ha hecho caso omiso de este asunto, pues temen proceder contra el grupo delictivo, ya que ellos se escudan bajo argumentos como la violación a la libertad de expresión y se dicen amenazados por el Gobierno y hasta elevan la voz públicamente para denunciar abusos en su contra.

En el caso de Santiago Correa Collazo el juicio en su contra continúa, aunque él esté en libertad condicional. El empresario afectado dice que su libertad fue producto de la corrupción, no hay otra razón, ya que la jueza ni siquiera valoró las pruebas que lo incriminaban.

Un dato: El teléfono celular de Correa Collazo tenía los nombres de las víctimas que ya habían sido extorsionadas, mensajes, nombres, teléfonos y hasta órdenes de trabajo para hacer publicaciones calumniosas…Pero nada de esto fue valorado. El acusado negó ser periodista y rechazó tener vínculos con medios de comunicación al argumentar dedicarse al oficio de peluquero.

–Que sigue en este caso? –se le pregunta al empresario aduanero que denunció a Correa Collazo.

–Que las autoridades revoquen la libertad condicional que le otorgó la jueza Hernández Haro y que se proceda en contra de toda la banda porque lamentablemente están en libertad y son protegidos por las propias autoridades.

–¿Lo siguen amenazando?

–Las amenazas continúan y también siguen publicando falsedades. Ahora utilizan el sitio “Acertijos de Sinaloa” para la calumnia. Es urgente que las autoridades actúen y frenen esta modalidad criminal que utiliza el periodismo para la extorsión.