Desentrañando al presidente.

Raymundo Riva Palacio.

El debate sobre la militarización, que está en el corazón de la creación de la Guardia Nacional, volvió a crear un cisma político en Morena. Para que pudiera aprobarse ese nuevo cuerpo, los senadores de Morena tuvieron que aceptar el mando civil y un límite para que las Fuerzas Armadas realizaran tareas de seguridad pública, como lo hicieron los diputados de Morena para pasarla semanas antes. Pero como protestó con los diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a inconformarse con sus legisladores, exigiendo implícitamente que corrigieran la iniciativa antes de votarse el jueves. “Con todo respeto a los legisladores, no acepto, como titular del Ejecutivo, la simulación”, dijo durante su comparecencia matutina en Palacio Nacional.

Para el presidente, de aprobarse una ley en los términos como se está pactando, donde todas las partes ceden algo para darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas –que es lo que llevan años pidiendo–, es como reeditar a la Policía Federal, que según López Obrador, no ha funcionado. Las razones que expuso para esa afirmación no mencionaron aspectos como los resultados de la Policía Federal en su lucha contra los delincuentes, sino la temática que baña su gobierno, la honestidad. Por eso subrayó la corrupción en compras de equipos y en suministro de alimentos que, afirma, le heredaron. Si se viera sólo en ese plano, probablemente no se entendería lo que dijo el presidente, o se podría alegar que está desviando la discusión de fondo. Sin embargo, no es así.

Como describió la semana pasada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hay que desentrañar lo que dice López Obrador. Una vez más, es cierto, el presidente confunde personas con instituciones, pero no por ello deja de ser altamente relevante lo que esbozó. Las razones que empleó para fustigar a la Policía Federal se refieren a la época de opacidad que vivió ese cuerpo durante los dos primeros tercios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando el comisionado de seguridad era Manuel Mondragón –su asesor en la materia y quien realizó el primer plan que le presentó Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad–, quien dependía del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Mondragón recibió una capacidad de fuerza de 36 mil 940 policías federales, todos con control de confianza, y rápidamente comenzó su desmantelamiento. Apagó Plataforma México, la mayor base de datos de inteligencia criminal de América Latina, corrió a los expertos en telemática –que manejaban los drones y decodificaban su información–, y desmanteló las operaciones de largo aliento que se llevaban a cabo contra los cárteles –recuperadas por la Marina–. Cuando entregó cuentas el gobierno de Peña Nieto al de López Obrador, le dieron una capacidad de fuerza prácticamente idéntica, con mayores gastos de operación, sin controles de confianza, y con una inteligencia mermada.

El colapso del sistema policial no es atribuible exclusivamente a Mondragón, sino a lo que hizo la Secretaría de Gobernación, durante la gestión de Osorio Chong, que absorbió todo lo que era la Secretaría de Seguridad Pública y escondió el destino de los recursos. La persona que, por sus acciones y decisiones, está detrás de las imputaciones de López Obrador, es Frida Martínez Zamora, muy cercana a uno de los hermanos del actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado, y que había sido directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador. Al iniciar el sexenio peñista, el secretario de Gobernación la nombró jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Cisen, de donde la trasladó a la Policía Federal, como secretaria general. Desde ese cargo manejó un creciente presupuesto donde hay fuertes sumas de dinero que se desconocen porque fueron manejadas dentro del rubro de seguridad nacional, por lo que no tenían que rendir cuentas a nadie.

Bajo su administración en la Policía Federal se canceló el pago de equipos y sensores de vigilancia en el penal de El Altiplano, lo cual fue aprovechado por Joaquín El Chapo Guzmán para fugarse en 2015; se dejaron de proporcionar uniformes a los federales, a quienes también los abandonaron muchas veces al no pagar su hospedaje cuando estaban de comisión, obligándolos a dormir en la intemperie. El problema de los contratos de alimentos se ubica sobre todo en el campo de las cárceles, que el gobierno de López Obrador está arrastrando porque actualmente no han podido pagar la alimentación en los penales.

Las explicaciones de López Obrador del porqué quieren acabar con la Policía Federal y desea una Guardia Nacional manejada y controlada por militares tienen nombre y apellido, aunque el presidente no los haya mencionado. La percepción que tiene de aquellos años cuando la Policía Federal estaba bajo el mando superior de Osorio Chong, es de una gran corrupción. Pero como ya se planteó, el presidente confunde personas con instituciones. No va a cambiar, ni modificará su postura de querer entregar a los militares la seguridad pública del país. Tampoco se sabe aún cómo quedará finalmente la ley que crea la Guardia Nacional.

Pero López Obrador abrió sutilmente una vena de lucha contra la corrupción en la Policía Federal. Hasta ahora no ha sido claro en este tema, en esa área, pese a que en diversas ocasiones ha deslizado la punta de lo que conoce. No puede seguir en el campo de las ambigüedades, acusaciones incompletas, o de las simulaciones, como él mismo dice. Qué sucedió con los recursos para la seguridad pública durante el gobierno de Peña Nieto, es un túnel que necesita luz. El presidente haría bien en alumbrarlo.