El hombre que tenía tatuado el mapa del petróleo dejó Pemex y halló yacimiento… para Baillères.

Por Efrén Flores.

Carlos Morales Gil fue funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante más de 40 años. En febrero de 2014 renunció a la titularidad de Pemex Exploración y Producción (PEP). Un año después, en febrero de 2015, fue nombrado director general de la empresa PetroBal (de Alberto Baillères González). Y siete meses más tarde, en septiembre, la compañía que nació en 2015 ganó su primera licitación gubernamental.

La puerta giratoria que convierte a ex funcionarios públicos en directivos de compañías privadas, y viceversa, ha derivado en contratos “leoninos”, conflictos de interés, e inclusive, tráfico de influencias que afectan el desempeño de las Empresas Productivas del Estado, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Carlos Morales Gil “todavía cuenta con información privilegiada”, en particular, “porque tiene el mapa petrolero de México tatuado en la cabeza”, explicó a SinEmbargo la doctora Miriam Grunstein Dickter, especialista en temas energéticos.

Al igual que ella, el ex consejero de Petróleos Mexicanos, Fluvio Ruiz Alarcón, mencionó que es normal –aquí y en el mundo– que funcionarios públicos especializados pasen a formar parte de la iniciativa privada; o que los directivos de las compañías pasen a formar parte de los cuadros técnicos del Gobierno (por su nivel de preparación).

El problema del planteamiento de AMLO –dijo Ruiz Alarcón– no sólo es que restrinja “sin querer” el derecho de los ex funcionarios a optar por oportunidades de trabajo, sino la cuestión de volver un “imperativo ético en una obligación legal porque tienes un derecho constitucional al trabajo”, y una normatividad que establece que, al año de haber concluido funciones de servidor público, éstos pueden incorporarse a trabajos en compañías privadas.

Pese a que no hay pruebas para señalar la existencia de un conflicto de interés en la mayor parte de los casos de ex funcionarios públicos que hoy en día laboran en alguna empresa privada, el Presidente ha insistido en la falta de moral que supone este tipo de prácticas.

En el caso de Carlos Morales Gil, más allá de las investigaciones (que no prosperaron) en su contra por el presunto fraude con la empresa Oceanografía por más de 8 mil millones de pesos en contratos, no existe prueba de que haya cometido actos de conflicto de interés o de tráfico de influencias.

En 2004, Morales Gil ya era el titular de Pemex Exploración y Producción. Ese mismo año, la subsidiaria de Pemex registró nuevos yacimientos de crudo en las aguas someras del Golfo de México. Dentro de esos yacimientos figuraban los de Ichalkil y Pokoch que, en 2015, fueron otorgados (por concurso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos) a la compañía de Baillères.

Con el contrato (número CNH-R01-L02-A4/2015) en mano, Petrobal –en alianza con la compañía estadounidense Fieldwood Energy– se convirtió en una de las primeras empresas privadas en beneficiarse con la Reforma Energética de 2013-2014 (misma que permitió a la iniciativa privada incursionar en el mercado energético mexicano).

La única polémica y motivo de duda que se suscitó durante este proceso, dijo Grunstein, fue que la alianza PetroBal-Fieldwood fue la única en pujar por los campos del Bloque 4 (Ichalkil y Pokoch) durante la segunda licitación (2015) de la Ronda Uno. En cambio, ocho compañías internacionales –CNOOC, DEA Deutsche Erdoel, ENI International, Lukoil Overseas Netherlands, Pan American Energy LLC, Patronas Carigali, Statoil y Talos Energy LLC– no presentaron oferta.

Al respecto, la también socia fundadora de Brilliant Energy Consulting dijo que más que un posible conflicto de interés, Carlos Morales Gil le dio a PetroBal “una ventaja competitiva muy fuerte”, lo que no implica la comisión de un ilícito, pero sí refleja un problema de competitividad por la “endogamia” que subiste en el sector petrolero.

Por la naturaleza “oligopólica” de Petroleos Mexicanos, “siempre que un funcionario de Pemex sale del mismo, viene del centro de decisiones más importante de México. Entonces se pasa a la iniciativa privada, se le alega conflicto de interés, pero el problema no es la persona. El problema es el sistema que ha generado que el centro de toma de decisiones sea Pemex”, advirtió la especialista.

Aunque se trató de un contrato de producción compartida con el Estado, que tiene derecho al 85 por ciento de la utilidad productiva, Ichalkil y Pokoch supusieron, en un principio, la oportunidad de PetroBal y Fieldwood Energy para explotar reservas “2P” (hidrocarburos que tienen 50 por ciento de probabilidad de ser extraídos del subsuelo) de 68 millones de barriles de crudo y 92 mil millones de pies cúbicos de gas natural.

Sin embargo, en 2019, la CNH informó que el volumen de las reservas probadas de crudo de Ichalkil y Pokoch eran 6.5 veces superiores a las calculadas en 2015-2016 (al pasar de 68 a 455 millones de barriles). Las reservas de gas, en cambio, aumentaron seis veces (al pasar de 92 a 567 mil millones de pies cúbicos).

Como consecuencia, la CNH refirió que la zona contractual de 58 kilómetros cúbicos con reservas “2P” –operada y explotada por PetroBal y Fieldwood Energy– se había convertido en la quinta más importante a nivel nacional, sólo superada por los campos Aka, Maloob, Ayatsil y Zaap, que eran administrados por Pemex.

El proyecto de PetroBal implicará una inversión total de 7 mil 582 millones de dólares, para una concesión que durará hasta el año 2041. Para el año 2026, las proyecciones de producción de PetroBal están estimadas en 104 mil barriles de crudo diario. Esto, a un precio de 55 dólares por barril, implicaría ganancias por 5.7 millones de dólares diarios, equivalente a poco más de 2 mil millones de dólares anuales.

En 2018, PetroBras y Fieldwood Energy acabaron con la etapa de diagnóstico, perforación y exploración que inició en 2016. Por los próximos 22 años, la compañía mexicana y la estadounidense explotarán los recursos del subsuelo mexicano, lo que implicará la incorporación de al menos 563.2 millones de barriles de crudo a las reservas nacionales, con ganancias superiores a 18 mil millones de dólares para el Estado mexicano, sin inversión directa del Gobierno.

De acuerdo con el Centro de Análisis e Investigación Fundar, la transferencia de ex directivos de Pemex a empresas como PetroBras indica, más que un conflicto de interés, “la influencia de las empresas de Baillères sobre el sector energético mexicano”, se lee en su “Análisis de las empresas ganadoras de las licitaciones de la Ronda Uno de exploración y extracción de hidrocarburos”.

EL BENEFICIO DE LA DUDA.

El día de ayer, Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, revelaron una lista de ex servidores públicos que usaron la puerta giratoria. En su alocución, aseguraron que dichos funcionarios beneficiaron desde el Gobierno a empresas privadas y luego se fueron a trabajar con ellas.

Mencionaron a José Córdoba Montoya, Jesús Reyes Heroles, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Téllez, Felipe Calderón Hinojosa, Georgina Kessel, Jordy Herrera Flores y Alejandro Kauffman. Todos ellos funcionarios durante los sexenios de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón (quien fue Secretario de Energía con Fox).

De acuerdo con AMLO, su administración buscará cambiar la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos para que, en lugar de un año, puedan ser inhabilitados hasta por 10 años para trabajar en empresas privadas que tengan relación con su función como ex servidores públicos.

Empero, los analistas energéticos Miriam Grunstein Dickter y Fluvio Ruiz Alarcón coincidieron en que la propuesta del Presidente podría resultar en un “tiro por la culata”.

Las disposiciones legales restrictivas –como el periodo de un año de la Ley vigente o incluso la reducción de salarios de altos mandos especializados– “drenan los cuadros públicos” hacia la iniciativa privada, de modo que “se está propiciando que los buenos cuadros forjados en el sector público y […] en las escuelas del Estado den el brinco al sector privado”.

En la opinión de Ruiz Alarcón, aumentar las restricciones incrementará la fuga de cerebros, e inclusive, podría agravar la falta de transparencia de los ex funcionarios, al momento de declarar su participación en ciertos sectores que responden a su área de especialidad.

“No le podemos pedir a un petrolero que ya no se dedique a la industria de la cual es parte, por la posibilidad de tener casos de conflicto de interés, en todo el mundo, en todos los supuestos”, dijo al respecto Grunstein. Los 10 años propuestos por AMLO podría suponer una medida “inconstitucional en la medida en que impida la libertad de trabajo”, abundó.

Para los analistas consultados por SinEmbargo, el meollo del asunto no está en los ex funcionarios públicos que pasan del sector público al privado, sino en el sistema petrolero que, por su historia, ha limitado la competencia económica y centrado sus apuestas en un manojo de especialistas que se nutrieron de estructuras como la de Pemex.

“Si hubiera una multiplicidad de empresas, habría mayor competencia entre ex trabajadores de Pemex. Pero como todo lo ha hecho Pemex desde el inicio de los tiempos, pues claro que si vienes de un cargo importante en Pemex, pues tienes una ventaja competitiva muy fuerte frente a tus compañeros”.

En ese sentido, urgió la necesidad de cambiar de enfoque y centrar los esfuerzos en “multiplicar los actores” del sector energético en México, “para evitar que uno –como Pemex– tenga poder absoluto”, con funcionarios que, por su ventaja competitiva, puedan incidir al margen de la Ley.

Por su parte, Ruiz Alarcón señaló que “sería importante quitar, sobre todo en el sector de hidrocarburos, una serie de restricciones que pusieron ex funcionarios de Pemex, en una idea completamente absurda de que alguien que trabajó en una entidad del Estado puede darle ventajas a una entidad –como por ejemplo– en un órgano regulatorio” como la CNH.

Como paradigma, el especialista recordó que en países como Brasil, a partir de 1995, en la Agencia Nacional del Petróleo, que es como la CNH, fueron incorporados funcionarios de Petrobras, que es como Pemex, sin restricciones por posibles conflictos de interés.