Por Pablo
Gómez.
La lucha
política en México vive un momento singular: el nuevo gobierno no tiene oposición organizada. Los dos partidos
perdedores de la reciente elección carecen de dirección y, en consecuencia, de
una plataforma política aunque sea mínima. Se va sabiendo lo que no quieren,
pero no se conoce lo que buscan. Son reactivos y odian la nueva coyuntura en la
que se encuentran, pero nada más.
Esta situación ha de ser,
previsiblemente, momentánea, pero crea por lo pronto gran incertidumbre, en
especial dentro de la nueva fuerza gobernante del país.
Desde la instalación de la
Legislatura, aquellos dos partidos mostraron más su preocupación por no ser
ninguneados y enseñar, en consecuencia, sus limados dientes, que por presentar
su carta de exigencias, aspiraciones, peticiones y recomendaciones que, se
supone, debe tener siempre todo partido político. Ninguno de ellos cuenta con
una interpretación de lo sucedido en los recientes comicios y mucho menos de un
análisis de la situación política del país.
En lugar de los dos partidos
derrotados, la oposición se ha empezado a ubicar en los medios de comunicación
y en la patronal. Pero, por definición o naturaleza, esos mecanismos de
difusión de ideas y de agrupación gremial carecen de plataformas políticas
precisas y no son instrumentos de elaboración programática, como tampoco
conforman mecanismos para agrupar ciudadanos y postular candidaturas.
La crítica al gobierno que difunden
muchos medios de comunicación y no pocos órganos patronales e, incluso,
empresas, es poco propositiva, muy rasposa y a veces algo irónica. Aunque tiene
cierto valor, no puede ser un sustituto constructivo de la oposición organizada
y militante.
En
consecuencia, el gobierno y los
legisladores de la mayoría no encuentran interlocutores políticos para
organizar el debate, contrastar sus propuestas, negociar acuerdos, construir
escenarios incluyentes o, por el contrario, romper lanzas en abierta contienda.
Nunca se puede calcular cómo podría
reaccionar cada uno de los dos partidos ante iniciativas presentadas por el
gobierno o la mayoría en el Congreso. Lo peor es que no son tampoco
susceptibles de consulta antes de formular nuevas políticas públicas o
proyectos de reformas legislativas. Entre panistas y priistas nadie puede
definir una orientación posible antes de la formalización de los hechos
políticos, los cuales, una vez anunciados, sólo concitan el intento de bloqueo
de parte de los dos partidos.
En otras
palabras, casi nunca hay
contrapropuestas de parte de los dos partidos que salieron de las recientes
elecciones con graves contusiones y una consecuente ofuscación. El PRI y el PAN
no han podido definir aún cuál será su papel político y sus objetivos concretos
en los próximos dos años.
Cuando la oposición formal está
confundida, también sufre la fuerza gobernante porque el vacío que deja aquella
es llenado por poderes informales que no respetan canon alguno y carecen de
interés electoral, es decir, deseo de ganar votos mediante su concurso en la
lucha política abierta.
Frente a esta singular situación que
está viviendo México, convendría que el gobierno y la mayoría legislativa
hicieran el esfuerzo por llevar a los dos partidos derrotados al terreno de la
construcción común de cierto tipo de proyectos, no sólo de leyes sino también
de políticas públicas.
Si con paciente insistencia se
empieza a abrir la convocatoria sincera hacia los partidos, podría detenerse a
tiempo la tendencia de que éstos sean sustituidos por otros mecanismos más
difusos e irresponsables de organización de intereses.
En otras
palabras, es del todo conveniente desde
el punto de vista de la democracia detener el oscurecimiento de la lucha
política al que, con su ofuscación, el PRI y el PAN están incitando.
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