Por Daniela
Barragán.
Durante la administración de Eruviel
Ávila Villegas en el Estado de México (2011-2017) la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) detectó posibles irregularidades por 14 mil millones de pesos.
Si hubo esa cantidad de dinero que no fue utilizada para los fines planteados,
¿qué rubros resultaron afectados?
De acuerdo
con la revisión hecha por SinEmbargo, el
dinero no comprobado, no ejercido y no utilizado para los fines establecidos se
tomó de los fondos de salud, seguridad, educación (sobre todo en los apoyos a
Normales) y fortalecimiento financiero.
Es decir, tanto el Gobierno estatal como los municipios
dejaron de hacer cosas en materia o dijeron que se hicieron, pero no fue así y
se llegó a la cifra de 14 mil millones de pesos.
En 2012, el primer año de Gobierno del priista
nacido en Ecatepec, las fallas que más se detectaron fueron las de dinero sin
ejercer, por mil 798 millones 650 mil 459 pesos; en salarios a personal sin
ninguna categoría se desembolsaron 134 mil 070 mil 003 pesos y en becas, bonos
y estímulos, que no cubría el dinero federal, se fueron 122 millones 627
millones 627 mil 142 pesos.
Para 2013, se encontraron 462 millones 679 mil 011
pesos de los que no se comprobó su erogación y 584 millones 508 mil 225 pesos
se aplicaron pero cosas que no tenían qué ver con los objetivos del dinero y
ocurrió lo mismo en 2014, pero con un total de 608 millones 070 mil 393 pesos.
En 2015 fue de nueva cuenta el dinero sin ejercer,
por un total de mil 168 millones 628 mil 060 pesos; obras que no se hicieron o
que estaban incompletas que significaron 87 millones 226 mil 966 pesos y dinero
del que no se comprobó su erogación y que fueron 2 mil 871 millones 652 mil 432
pesos.
En 2016, fue otra vez el dinero del que no se
comprobó su erogación la principal irregularidad, calculada en mil 327 millones
421 mil 881 pesos, la segunda más recurrente fue por el pago de liquidaciones
sin motivo y devoluciones de ISR por 687 millones 693 mil 801.
Ya para el último año de esa administración no
se pudo comprobar qué se hizo con mil 251 millones 363 mil 478 pesos.
De acuerdo
con México Evalúa, el Estado de México
pasó del sitio número 10 en el año 2011 de entre las entidades más beneficiadas
con las transferencias de subsidios federales. Para 2017 ocupó el primer lugar.
El estudio
de esta organización tiene entre sus
conclusiones que “el monto promedio de transferencia se incrementa a los
gobiernos estatales del mismo partido con respecto al monto promedio observado
en otros años. Y el monto promedio de transferencia a los gobiernos estatales
de los partidos de oposición disminuye”.
Y agrega: “Cuando el Gobierno federal era panista y
esta entidad estaba a cargo de un gobernador del PRI en 2011, el estado recibió
una transferencia significativamente menor, precisamente en un año en el que
también se eligió un nuevo gobernador. En el año de la siguiente elección
estatal, la situación fue opuesta, el Edomex recibió la máxima transferencia
del periodo analizado. Pero, en esta ocasión el Gobierno federal y estatal
emanaron del PRI”.
LO QUE SE
HIZO Y NO SE HIZO
AÑO 2012:
Sobre los Recursos al Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal se registraron varias fallas en
el uso del dinero, primero porque no se comprobó el uso de 53 millones 556 mil
479 pesos; luego la ASF detectó 9 mil 790 pagos a 5 mil 559 empleados que no
cumplían con los fines y objetivos del fondo. Ahí se fueron 80 millones de
pesos.
También se encontraron pagos a personal
sindicalizado contratado por honorarios pero que no realizaron actividades
relacionadas con la educación básica ni con la formación de docentes. Otra
cantidad de dinero se utilizó para becas para los hijos de los trabajadores
sindicalizados, bonos por asistencia a actos cívicos y estímulos. De acuerdo
con la ASF, esos premios fueron otorgados en respuesta a las negociaciones del
Sistema Educativo Estatal con las Secciones Sindicales, por lo que no eran
financiables con el fondo.
Un ejemplo del uso del dinero en los
municipios se dio en Huixquilucan, que gastó 503 mil pesos en la compra de
cobertores individuales, pero lo hizo con el Fondo para la Infraestructura
Social.
Regresando
al nivel estatal, ese año también se
encontró que con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal, el Estado de México pagó 2 millones 862
mil pesos por armas y municiones pagadas con recursos del fondo de las que la
ASF no encontró evidencia de su recepción.
En esta
materia también se perdieron 9 millones
584 mil pesos por evaluaciones integrales de control de confianza que no fueron
realizadas de manera completa.
AÑO 2013:
Para este
año, la ASF constató que el Gobierno del
Estado de México con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal, no contó con los bienes, ni con
la documentación comprobatoria del gasto por la compra de armamento y
municiones por 6 millones 258 mil 863 pesos.
Con el
dinero del Programa Escuelas de Tiempo Completo, la ASF detectó un posible daño al erario por 187 millones 243 mil 367 pesos
que no fueron utilizados y que no fueron devueltos al cierre del ejercicio
fiscal.
Se fueron 30 millones 2018 mil 707
pesos de los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de
Coordinación Celebrado con la Secretaría de Salud por destinar recursos de la
Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2013 para el pago a servidores
públicos que no tenían la documentación que acreditara la preparación académica
requerida para el puesto bajo el cual cobraron, encontraron también pagos en
exceso, pagos posteriores al personal que causó baja y por la falta de los
reintegros correspondientes por concepto de los cheques cancelados.
AÑO 2014:
Ese año, el municipio de Chimalhuacán con los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones, pagó 95 mil 894 pesos por realizar pagos en exceso en
trabajos no ejecutados y 13 millones 980 mil 306 pesos por realizar convenios
de aportaciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin especificar
las fechas de inicio de los trabajos a ejecutar y provocó que éstas no se
hicieran. Ocurrió lo mismo con Metepec, pero por 1 millón 586 mil 279 pesos.
Por su parte
el municipio de San José del Rincón
transfirió 6 millones 063 mil 452 pesos de ese fondo a cuentas otras cuentas
sin acreditar su uso para los objetivos establecidos.
A nivel estatal se encontró otra
falta en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por 4 millones 740
mil 991 pesos por cartuchos y armas largas pagados, que no fueron entregados
por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
AÑO 2015:
Del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud, se
fueron 161 millones 110 mil 976 pesos por actualizaciones y recargos del
Impuesto Sobre la Renta; por cuatro servidores públicos que no contaron con la
documentación que acreditara su preparación académica requerida para ocupar la
plaza bajo la cual cobraron y por pagos posteriores a la baja del personal.
Otros 13 millones 991 mil 050 pesos,
pero del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo se
utilizaron para realizar pagos a personal que estuvo adscrito en centros de
trabajo no financiables, entre los que destacan el “Departamento de
Preparatoria Abierta de Valle de Toluca y México” y “Dirección de Preparatoria
Abierta”, que no corresponden a educación básica y normal.
De la misma
partida se tomaron 791 mil 962 pesos
para realizar pagos a “Personal Comisionado al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE)”.
Y otro millón 184 mil 929 pesos por
realizar pagos a personal que contó con licencia por comisión sindical.
El Gobierno
del Estado no pudo acreditar el uso de
869 millones 305 mil 097 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La ASF
detectó la falta de aplicación de los recursos correspondientes.
AÑO 2016:
La ASF revisó este año el uso del dinero del Fondo
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Encontró un posible
daño al erario por 14 millones 060 mil 882 pesos, por realizar 4 mil 238 pagos
a 54 trabajadores que estuvieron adscritos en el “Departamento de Preparatoria
Abierta de Valle de Toluca y México” y “Dirección de Preparatoria Abierta”, que
no corresponden a educación básica y normal y otro desfalco por 3 millones 477
mil 440 pesos, por realizar 836 pagos a 111 empleados que contaron con licencia
por comisión sindical.
De este
mismo fondo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó 576 pagos a cinco trabajadores que tenían seis plazas y
se encontraban adscritos en seis centros de trabajo en el Estado de México y al
mismo tiempo en los estados de Guerrero, Jalisco y Oaxaca. Eso costó 1 millón 121 mil 297 pesos.
Finalmente, la ASF declaró un daño al erario por 467
millones 449 mil 045 pesos que los Servicios Educativos Integrados del Estado
de México (SEIEM) gastó en conceptos de “ayudas sociales a personas, ayudas
sociales a instituciones de enseñanza, becas y otras ayudas para programas de
capacitación”, los cuales ya estaban registrados en el capítulo 4000
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”.
En el mismo
año se decretó otro daño por una
cantidad mayor, pero con el dinero del Acuerdo de Coordinación firmado por la
Entidad y la Secretaría de Salud (SSa).
De acuerdo
con la ASF, el Gobierno del Estado
registró 567 millones 553 mil 550 pesos como recursos devengados sin presentar
documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la aplicación de los
recursos.
AÑO 2017:
Para el
último año de gobierno de Eruviel, la
Auditoría detectó en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud un
desfalco de 17 millones 349 mil 268 pesos por pagar a 55 empleados del personal
eventual, federal y estatal, de los que no se acreditó que contaran con el
perfil de la plaza con la que fueron contratados.
Otros pagos irregulares a empleados
se realizaron con los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de
Coordinación. Se encontraron pagos en exceso con recurso del Seguro Popular
2017 al personal eventual y al personal de nómina por 9 millones 960 mil 187
pesos.
En Prospera,
la ASF encontró un probable daño a la
Hacienda Pública Federal por 3 millones 586 mil 440 pesos que no fueron
acreditados y no se reintegraron a la cuenta del Programa y otros 46 millones
744 mil 152 pesos porque las autoridades no presentaron evidencia de la
distribución, actas de entrega recepción y resguardo de los centros de atención
a las familias Prospera de los bienes relacionados con tres contratos.
El uso que se le dio al Fondo de
Fortalecimiento Financiero en ese año fue al que se le hicieron más
observaciones.
Estas fueron por 105 millones de
pesos de gastos que no se comprobaron; 185 millones 894 mil 863 pesos por
concepto de falta de aplicación de los recursos; 601 millones 278 mil 840 pesos
de los que no hay documentación de su destino; 9 millones 144 mil 785 pesos de
los que no se entregó información sobre vicios ocultos, convenios, acta de
entrega-recepción, presupuesto base, facturas, estimaciones de obra, números
generadores, finiquito y bitácora de obra, lo que no permitió la verificación
de uso correcto del dinero, y otros 58 millones 720 mil 388 de anticipos de
obra pública que no fueron amortizados.
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