Por Gloria
Leticia Díaz.
La desaparición de la defensora
indígena Obtilia Eugenio Manuel, en el estado de Guerrero provocó reacciones de
alerta de organismos civiles, nacionales e internacionales de derechos humanos,
luego que a través de la cuenta de twitter del sacerdote Alejandro Solalinde se
informara que ella y su acompañante, Hilario Cornelio Castro fueron “levantados”
en el tramo carretero Tierra Colorada-Ocotito.
En diversos
comunicados, los organismos llamaron al
gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al mandatario de la entidad, Héctor
Astudillo Flores, a localizar a Eugenio Manuel y a su acompañante.
Integrante del Concejo Municipal de
Autoridades Comunitarias de Ayutla, Eugenio Manuel, quien es dirigente de la
Organización del Pueblo Indígena Meꞌphaa (OPIM), cuenta con medidas
provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)
desde 2009, al ser blanco de amenazas por la defensa de las comunidades
indígenas contra abusos del Ejército mexicano.
Eugenio
Manuel defendió en un primer momento a
Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas meꞌphaa que fueron
torturadas sexualmente por soldados en 2002, y que litigaron sus casos en la
CoIDH, por los que México recibió dos condenas del tribunal regional.
La Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
emitió medidas cautelares a favor de Eugenio Manuel y Cornelio Castro, por lo
que instó a la Secretaría General de Gobierno estatal y a la Fiscalía General
de la entidad a realizar las acciones conducentes para la localización de los
líderes indígenas, así como “salvaguardar la seguridad e integridad personal de
los demás integrantes de la OPIM”, y de los familiares de las víctimas,
“brindándoles contención emocional”.
En un
comunicado, el organismo informó que el
presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, sostuvo una conversación
telefónica con el gobernador Héctor Astudillo, a quien le solicitó “su
intervención para la localización de los dos defensores desaparecidos, a lo que
el gobernador estatal externó toda la disposición para localizar a los
activistas”, acordando estar en comunicación para dar cuenta de las acciones
emprendidas para dar con el paradero de los defensores indígenas.
En tanto, el representante de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab
hizo un llamado particular al gobierno de Guerrero para “reforzar las labores
de búsqueda y esclarecer el paradero” de Eugenio Manuel y Cornelio Castro.
Luego de
reconocer que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación intervino de forma inmediata, Jarab
recordó que la OPIM, organización a la que pertenecen las víctimas, “es un
referente histórico en la defensa de los derechos humanos en el estado de
Guerrero”, acompañando “casos de transcendencia no sólo nacional sino regional,
particularmente en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas”, lo que
le ha valido diversos ataques.
Recordó que además de los casos de
Valentina Rosendo e Inés Fernández, la organización visibilizó abusos cometidos
contra los indígenas como lo fue la esterilización forzada de 14 hombres
indígenas en 1998, en momentos en que la región indígena de Guerrero se
encontraba militarizada.
El Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, que ha representado a Eugenio Manuel ante la CoIDH,
exigió la presentación con vida de Obtilia y de Hilario Cornelio, quienes
abordaron un taxi colectivo en dirección a Chilpancingo “como una medida de
disuasión ante las persistentes amenazas que estaban recibiendo”.
La organización, que litigó los casos
de Valentina Rosendo e Inés Fernández ante la CoIDH, exigió a López Obrador, a
la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de
Derechos Humanos, Alejandro Encinas; a la Comisionada Nacional de Búsqueda,
Karla Quintana; así como al gobernador Héctor Astudillo, “acciones de búsqueda
efectiva e inmediata, desplazando las fuerzas de seguridad del Estado para su
localización y presentación con vida” de los dirigentes indígenas
desaparecidos.
Tlachinollan
pidió el “cumplimiento cabal” de las
medidas provisionales dictadas por el tribunal regional, “como parte de la
responsabilidad internacional del Estado mexicano de velar por la vida e
integridad de la defensora Obtilia Eugenio Manuel”, así como una investigación
exhaustiva que de con el paradero de los responsables y “cese la violencia
contra las defensoras y defensores comunitarios de Guerrero”.
De acuerdo a
la organización, como integrante del
Concejo Municipal de Autoridades Comunitarias de Ayutla, a la defensora se le
encomendó la Comisión de Obras Públicas, y “por asumir este compromiso de
defender los derechos de las comunidades, desde el mes de noviembre Obtilia
empezó a recibir amenazas telefónicas”, en las que, según notas periodísticas,
se le decía que ella “respondería por el Consejo”.
Al recordar que la defensora recibió
el premio Cuauhtémoc al mérito indígena en octubre del año pasado, Tlachinollan
describió a Obtilia Eugenio como “una voz valiente que ha denunciado los abusos
del Ejército, los tratos discriminatorios de los gobiernos mestizos y la
violencia ejercida contra las mujeres indígenas”.
Al exigir la
presentación con vida, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio
(ONCF) resaltó que la participación de Obtilia Eugenio fue clave para que junto
con el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero,
se fortaleciera en 2016 la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia
de Género para la entidad, la cual fue declarada en junio de 2017 para ocho
municipios, entre ellos, Ayutla de los Libres, municipio del que es originaria
la defensora.
Al señalar
que de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas (RNPED), entre 2007 y 2018
desaparecieron mil 728 personas en Guerrero, y que en mes de enero hay 60
reportes por ese delito, el ONCF puntualizó que la desaparición de Obtilia
Eugenio, “evidencia la violencia feminicida que viven las mujeres y defensoras
en el estado de Guerrero”.
La
organización recordó que desde el 7 de
diciembre de 2011 se desconoce el paradero de Eva Alarcón y Marcial Bautista,
coordinadora y presidente de Organización de Campesinos Ecologistas de la
Sierra de Petatlán y Coyuca de catalán, “sin que haya avances significativos
para conocer su paradero”.
A las
exigencias de localización y esclarecimiento de los hechos, el ONCF pidió “que se implementen de manera inmediata y efectiva las
recomendaciones de la Declaratoria de Violencia de Género en el estado de
Guerrero, a fin de erradicar la violencia feminicida que atenta contra la vida
e integridad física de las mujeres guerrerenses”.
Por último, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad
(RSDCIAC), lanzó una Acción Urgente por lo consideró una desaparición forzada
de Eugenio Manuel y Cornelio Castro, y en la que se exige “una efectiva
investigación” para localizar a los dirigentes indígenas.
La organización, fundada por el
obispo Raúl Vera, y que litiga ante la CoIDH la masacre de once personas en El
Charco, municipio de Ayutla, hechos atribuidos al Ejército, exigió esclarecer
la desaparición de los defensores, así como “la sanción de los responsables
materiales e intelectuales de este acto, a fin de garantizar que hechos como el
ocurrido no se repitan”.
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