Una comunidad de 1,600 personas,
entre los que se encuentran 400 niños, quieren volver a sus casas, luego de que
el 11 de noviembre de 2018 saliera huyendo de ocho agrupaciones del municipio
de Leonardo Bravo, en el centro del estado de Guerrero.
No buscan la reubicación, solo
quieren regresar. Pero piden el desarme y el repliegue de un grupo de supuestos
policías comunitarios, a quienes en medios locales identifican como el brazo
armado de un grupo del crimen organizado que le disputa a otro el control de
esta zona, en donde en unos meses iniciará una mina para explotar oro. Además,
ésta es un área de presunta siembra, cultivo y trasiego de amapola y tráfico de
armas, de acuerdo con reportes oficiales de autoridades federales.
Desde el
pasado 11 de noviembre, los 1,600
pobladores de Leonardo Bravo están refugiados en un auditorio de la cabecera
municipal. El gobierno de Guerrero y el del municipio se han encargado de
darles comida. Es el único apoyo. Los niños y adolescentes no están yendo a
ninguna escuela. De hecho, ya llevan dos ciclos sin clases por la violencia en
el área central del estado.
El Centro
Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) se ha encargado de darles acompañamiento.
Ha estado gestionando el apoyo del gobernador, Héctor Astudillo, para lograr el
desarme del grupo armado que llegó a las comunidades y el regreso a salvo de
los pobladores.
“El gobernador nos dijo que la semana
pasada la gente podría volver a sus casas, pero no pasó nada. Ya las personas
están muy desesperadas”, dijo Manuel Olivares, director del centro.
La organización también apoya a otros
desplazados, en particular a 70 personas que salieron huyendo, el 4 de
noviembre de 2018, de la comunidad indígena náhuatl de Tlaltempanaca, en el
municipio de Zitlala, por la pugna entre células criminales del narcotráfico.
Todos vienen y prometen, pero
seguimos en la misma: la vida de los desplazados de Aldama, Chiapas
Los 70 desplazados se fueron hacia
Copalillo. Desde entonces están refugiados en la cancha de basquetbol de ese
municipio.
A estas 70 personas, el gobierno
municipal no quiso, en un inicio, darles comida. Nadie se estaba
responsabilizando de eso. El Centro Morelos acopió víveres y se encargó de
atenderlos. La noticia de ese apoyo civil se difundió en los medios locales y
entonces las autoridades respondieron. La comida empezó a llegar, a través de
instancias como el DIF y Protección Civil.
Los
desplazados de Tlaltempanaca, a diferencia de los de Leonardo Bravo, no quieren volver a su comunidad. Tienen
miedo de las represalias del grupo armado que se está disputando el control de
la zona con una banda rival del crimen organizado.
“Están seguros de que si vuelven van
a asesinarlos, aunque las autoridades les aseguren lo contrario. Lo que quieren
es la reubicación”,
afirmó Olivares.
Los dos grupos de desplazados y el
Centro Morelos le solicitaron una audiencia al gobernador el pasado 15 de
noviembre. Pero hasta el 5 de febrero no habían tenido respuesta.
“Hay mucha omisión por parte del
gobierno local”, dijo Olivares, esto pese a que en 2015 se promulgó la Ley 487
para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, “la
verdad es que al gobierno estatal no le interesa cumplirla”.
Por eso, los activistas y pobladores intentarán
hacerle llegar un escrito al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
donde solicitarán su intervención para apoyar a los desplazados y controlar la
violencia en la zona.
Roberto
Álvarez Heredia, vocero de la
Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, dijo por
separado que el gobierno del estado sí atiende el tema de los desplazados, pero
que es complicado encontrar una solución a sus demandas.
“Hemos priorizado el tema de la
seguridad de las personas que se encuentran en calidad de desplazados, porque
hay una cuestión muy complicada en esta zona del municipio de Leonardo Bravo,
donde tiene operaciones el llamado Cártel del Sur, y el municipio vecino de
Heliodoro Castillo, donde está el Cártel de la Sierra. Estos dos grupos están
peleando terreno y buscando imponer su dominio en la zona”.
Lo que el gobierno del estado ha
hecho frente a eso, agrega, “es un trabajo fino de comunicación, de diálogo
para buscar que los dos presidentes municipales puedan llegar a acuerdos y
busquen la forma de garantizar las condiciones de seguridad para el regreso de
los desplazados, pero hasta ahora no ha sido posible alcanzar esos acuerdos”.
Sobre la
reubicación de los pobladores de Tlaltempanaca, dice que desconoce cuál es la demanda de este grupo de desplazados.
Pero ofrece tomar nota para plantear la pregunta con el resto de sus compañeros
de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero.
El caso
Leonardo Bravo.
1,600 personas huyeron de ocho
comunidades del municipio de Leonardo Bravo después de la llegada de grupos
presuntamente pertenecientes al Frente de Policías Comunitarios del Estado de
Guerrero (FPCEG) a la comunidad de Filo de Caballos.
Los presuntos comunitarios llegaron
de la sierra disparando, señalaron pobladores a medios locales. El interés de
los grupos armados aquí es por controlar esta zona con potencial minero.
Los desplazados intentaron ya una vez
regresar a sus comunidades y fueron atacados a balazos, por lo que permanecen
en la cancha techada de Chichihualco, la cabecera municipal. Es justo el
municipio que se había hecho cargo de la alimentación de los desplazados.
Aunque desde hace dos semanas es el secretario de Gobierno, Florencio Salazar,
quien les está enviando 5 mil pesos por semana para la compra de sus víveres.
Pero tienen acceso limitado a
servicios de salud y los niños y adolescentes no están yendo a la escuela.
Aunque esto no es nuevo para ellos. Llevan ya dos ciclos escolares sin poder
tomar clases por la violencia en la zona. Maestros y médicos se niegan a prestar
ahí sus servicios.
Los desplazados quieren volver a su
comunidad. Lo que ellos piden es que se replieguen los grupos crimínales y que
policías y militares tomen el control de la seguridad.
Representantes de este numeroso grupo
de desplazados esperan poder reunirse la semana próxima con Alejandro Encinas,
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“Lo vimos acá la semana pasada –dijo
Olivares– por la Cuarta Brigada de Búsqueda de Personas Desparecidas y nos dijo
que quizá esta semana podría quedar agendada la reunión. Igual esperamos poder
entregarle este jueves a AMLO un documento donde le expondremos la situación de
los desplazados y le solicitaremos una audiencia”.
De acuerdo a
cifras del gobierno del estado, se
calcula que en los últimos cinco años, unas 2,100 familias han sido desplazadas
de diferentes pueblos de Guerrero, por la disputa de territorio.
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